Traducido del francés por Beatriz Morales Bastos
La Asamblea Nacional [francesa] ha votado en pocos meses dos textos. Uno de ellos, que tiene el objetivo de profundizar la cooperación para luchar mejor contra el terrorismo, la criminalidad transfronteriza y la emigración ilegal, es un tratado multilateral [1] basado en una lógica de seguridad y represiva. Engloba en la misma categoría acontecimientos deportivos, terrorismo, criminalidad transfronteriza, manifestaciones de los sindicatos, de los movimientos sociales, de las asociaciones, y hace una amalgama explícita que se refiere a derechos fundamentales como el derecho a emigrar, el derecho a asociarse, el derecho a expresar opiniones políticas, el derecho de manifestación. ¿El ejercicio legítimo y legal del derecho a manifestar la propia opinión política se va a considerar una de las manifestaciones de «la criminalidad transfronteriza»?
El tratado asimila intencionalmente estas actividades a actividades ilícitas, criminales incluso. En resumidas cuentas, legitima y legaliza unas practicas liberticidas contrarias a todas las normas europeas e internacionales de protección de los derechos humanos. Al hacerlo impone la idea de que el terrorismo, la criminalidad transfronteriza y la emigración, los desplazamientos para asistir a contra-cumbres, etc., deben ser perseguidos y sancionados; y ello sin ninguna distinción de fondo y, además, con la misma intensidad.
Además, acentúa la política que tiene el objetivo de sembrar la confusión entre emigración, movimientos sociales, terrorismo y criminalidad. Esta amalgama sigue la línea y la ideología de lo que Jerôme Valluy [2] llama «un fenómeno de institucionalización de la xenofobia» que se lleva a cabo tanto en el plano regional como en el europeo, incluso en el internacional.
Así, con este tratado «el otro» sirve de chivo expiatorio de la criminalidad y del terrorismo; se presenta como una amenaza y se asimila a ella, y particularmente quiere anclar en el inconsciente colectivo la idea de que los emigrantes son portadores «naturales» del virus del terrorismo, de la criminalidad, incluso de la agresión. ¿Es a este tipo de llamada criminalidad transfronteriza a la que se va a aplicar el intercambio de informaciones sobre el ADN y la cooperación trasnfronteriza en general? Hoy estas medidas se completan con las concernientes a los emigrantes a propósito de las pruebas de ADN para el reagrupamiento familiar y de la trazabilidad de los orígenes raciales. Se trata de toda una serie de medidas liberticidas y que atentan contra los derechos humanos, medidas incompatibles con cualquier Estado democrático o que se diga democrático.
Pero lo que es seguro y de lo que hay que ser muy consciente es de que la lucha contra la criminalidad, sea cual sea su forma y su gravedad, tiene el objetivo de obstruir, de delimitar, de obstaculizar e incluso de eliminar el ejercicio de los derechos fundamentales, entre ellos el de manifestación, el de emigrar o el de reunión, asimilándolos a la criminalidad.
Desde el pasado 11 de octubre el otro texto refuerza estos mecanismos por medio de la adopción de una ley que autoriza la ratificación del protocolo que enmienda la Convención Europea para la Represión del Terrorismo. El objetivo de este protocolo es modificar sustancialmente acuerdos de extradición contenidos en algunas Convenciones, entre ellas la Convención Europea de Extradición del 13 de diciembre de 1957 que prevé la no extradición por razones políticas. Con esta ratificación ya no existe la infracción política, sólo queda el acto terrorista.
Leyendo estos dos instrumentos, a los que no hay que olvidar añadir los ya adoptados [3] tanto en el plano europeo como en el nacional, hay que tomar conciencia de que su objetivo es criminalizar todo tipo de actividad, incluidas las que tienen por base la motivación política.
Con estos dos instrumentos que se han adoptado, sin olvidar los que limitan las libertades públicas e individuales, claramente el derecho (ya sea interno o internacional) aparece con la función no de cambiar los regímenes jurídicos o de mejorarlos, sino de ser utilizado, cada vez más, como un instrumento de represión política-ideológica, y de reconsideración de los derechos políticos y civiles.
Con estos instrumentos la Europa fortaleza se encuentra reforzada en su ideología que se basa en la libre circulación de bienes y de capitales, en las inversiones sin restricción y del liberalismo a ultranza, y asume plenamente la lógica del gobierno estadounidense del choque de civilizaciones legitimando el estado de excepción internacional establecido por las potencias contra los pueblos.
La mayor amenaza para la paz y la seguridad internacionales se encuentra en la violencia de los países occidentales, especialmente de Estados Unidos y sus aliados europeos que violan sistemáticamente el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. La verdadera amenaza para la paz internacional es la pobreza generalizada de las poblaciones del sur y el saqueo de sus recursos naturales por parte de las sociedades transnacionales, a los que se debe añadir la negación del derecho de la que son víctimas muchos pueblos. En este contexto, es indispensable ir a las causas profundas del terrorismo, como ha subrayado varias veces la Asamblea General de la ONU. De todos modos, el terrorismo es la consecuencia de la desesperación que este orden internacional de miseria y de violencia descarga e impone a los pueblos.
Frente a estas situaciones que amenazan a las sociedades, la paz y la seguridad mundiales, son los ciudadanos quienes tienen que detener esta violencia institucional presionando a favor del respeto y de la eficacia del conjunto de los derechos humanos, y recuperando los espacios democráticos por oposición a la ideología de la buena gobernanza y a la supremacía de la libertad privada de algunos grupos y Estados que hacen primar los intereses privados sobre los intereses públicos y los derechos democráticos.
Notas:
[1] Tratado multilateral para reforzar la cooperación transfronteriza con vistas a luchar contra el terrorismo, la criminalidad transfronteriza y la emigración ilegal .
[2] Profesor de sociología en [la universidad de] París 1.
[3] Leyes de 1999, 2005, 2006
*Mireille Mendès France es miembro del CEDETIM y de Droit-Solidarité/AIJD
Hugo Ruiz Diaz es jurista y representante de la Asociación Americana de Juristas ante la ONU