M.H.: Renunciaron varios funcionarios de Lacalle Pou en estos 125 días de gobierno, aparte del Canciller Talvi que ya lo tratamos, también Gastón Bianchi, Administrador nacional de puertos, Miguel Loinaz, Director de la corporación nacional para el desarrollo, Guillermo Iglesias, Presidente de Antel. ¿Por qué razón se producen estas renuncias en tan corto período? De un gobierno que en principio cuenta con un apoyo importante de la opinión pública uruguaya.
M.R.: Es compleja esa afirmación. Si bien hoy el gobierno sigue teniendo un 60% de aprobación de la población. Pero recordemos que todavía estamos atravesando la administración de la pandemia y en eso la población en general incluso buena parte del Frente Amplio, opina que el manejo ha sido satisfactorio y si bien, por supuesto, hay contradicciones y desavenencias y reclamos de los trabajadores, creo que fundamentalmente se refieren a esta etapa en donde el programa de gobierno se va a empezar a desarrollar ahora que ya se empezó a tratar el presupuesto nacional, demorado por la Ley de urgente consideración y por la pandemia y empezaron a darse las primeras conversaciones en torno a los salarios. Que se produjeron gracias a la presión de los trabajadores porque el gobierno ni siquiera quería instaurar la negociación del Consejo de salarios.
Hay desde el vamos, si bien con un 60% de aprobación, una puja de intereses que se manifiestan claramente. A la pregunta de por qué renuncian tantos personajes, no tengo esa lista en este momento porque no pensaba encarar ese tema pero como respuesta general te puedo decir que hay una serie de personalidades que habían sido designadas para distintos cargos importantes de la administración que fueron cuestionadas porque estaban con problemas de denuncias o ilícitos. En situaciones comprometidas con la justicia, ya sea en el pasado o en el presente y el gobierno, al empezar la oposición o distintos ciudadanos en conocimiento de los casos a hacer públicas esas denuncias, al hacerse público el pasado de estas personas y un claro desprestigio de lo que esas personas representan y representaron, fueron tomando la determinación de pedirles la renuncia.
Eso ya es dentro de la nueva normalidad, porque no causa ni alarma ni escándalo. Desde el gobierno lo toman con total naturalidad. Dicen que cambian de opinión y nombran a otro, van cambiando los personajes con mucha fluidez.
M.H.: Calificaste a la Ley de urgente consideración (LUC) en una entrevista anterior de una suerte de golpe de Estado y finalmente fue aprobada. ¿Qué nos podés comentar al respecto?
M.R.: Fue aprobada por mayoría parlamentaria, el Frente Amplio votó en contra, su posición fue tratar de eliminar una serie de artículos que efectivamente lo fueron o a partir de la intervención de las organizaciones sociales y de Derechos Humanos que desfilaron por las comisiones de análisis previo, bajaron el perfil de una serie de artículos, pero releyéndolos se trata más a nivel declarativo de lo que uno puede adivinar porque en su contenido profundo sigue estando el espíritu de la Ley que es sumamente autoritaria.
Entonces, el Frente Amplio logró sacar los artículos más negativos como, por ejemplo, la ley que establecía que Ancap no refinara más el petróleo y que se importara directamente, eso lo sacaron, pero no todo, la privatización de las empresas públicas va.
En ese sentido ya han empezado las movilizaciones obreras, lo cual me complace mucho porque el secretariado del PIT-CNT ha tomado una posición mucho más complaciente, hizo lo mismo que el Frente Amplio, trató que algunas leyes se sacaran o se cambiaran en su contenido en alguna medida pero no ha convocado hasta ahora a ninguna movilización importante contra la LUC, cosa que sí han hecho los movimientos sociales y distintos sindicatos. Por ejemplo, en este momento el sindicato de AUTE que es de UTE, el ente que genera la energía eléctrica en el país, está llamando a un paro de 24 horas para el 29 de julio con una plataforma que dice “contra el desmantelamiento de las empresas públicas”. Todo esto tiene una larga fundamentación “contra los recortes presupuestales de esas mismas empresas públicas, contra la pérdida salarial” porque el gobierno en la misma medida que aprueba la Ley determinó que iba a haber una pérdida salarial, que en el primer año iba a ser de un número y que luego en los siguientes años se acordaría el aumento salarial a fin de año de acuerdo al PBI que tenga el país, y ya está calculado que va a continuar a la baja, ya que estamos en una recesión. O sea que está determinada la rebaja salarial.
El PIT-CNT no ha respondido vehementemente contra esa rebaja salarial, cosa que algunos sindicatos sí lo están haciendo. Entonces, contra la pérdida salarial, por la renta básica que asista a todos los trabajadores que han quedado desocupados, a los que por trabajar en negro sus patrones no se hicieron cargo y hoy no pueden salir a trabajar como independientes; la instalación de una renta básica que el gobierno no ha considerado seriamente, porque tiene dentro de sus planes un ajuste presupuestal que supone un recorte grande en los rubros más importantes como la educación, la salud y la vivienda. No tiene planteado el tema de la renta básica generalizada. Y también están pidiendo una canasta de servicios para los sectores más desfavorecidos porque han quedado miles de trabajadores desocupados y les están cortando la electricidad y el agua por falta de pago a pesar de las bajas temperaturas que estamos teniendo.
M.H.: Me llamó la atención que a raíz del aniversario del golpe y la huelga general de 1973, la presencia de muchos jóvenes movilizados.
M.R.: Sí. Fue muy importante, las movilizaciones que han habido, fueron dos y convocadas desde las bases. Fueron autoconvocadas por algunos sindicatos, por algunas agrupaciones sindicales, por gremios estudiantiles, por la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios y por organizaciones de DD HH, barriales, ollas populares, grupos feministas y LGTB. Por una cantidad de organizaciones a nivel transversal y desde las bases y fueron miles y el 98% eran jóvenes.
Ahí se manifestó que hay un corte claro entre la dirigencia de algunos sindicatos y el Secretariado ejecutivo del PIT-CNT, y que no esperaban ser convocados para defender los salarios, el derecho a la libre expresión y todos los derechos adquiridos que se quieren recortar.
Esa manifestación fue muy poderosa en sus contenidos y consignas, y eso invita a que siga y efectivamente es lo que está sucediendo. Te hablé de un paro de AUTE el 29 pero también un paro que está convocando la Asociación de bancarios del Estado, porque la privatización que el Frente Amplio empezó del Banco Brou que es el que cumple la función social fundamental, la está profundizando la LUC que está recortando una cantidad de funcionarios, lo cual supone directamente el cese de esas funciones y que los bancarios como conocedores del oficio están advirtiendo porque significa el cierre de una cantidad de actividades que el Banco ya no podrá cumplir y pasarán a manos privadas.
El favorecimiento a la banca privada es claro y este sindicato llama a una gran movilización popular por la pérdida de todos estos derechos, más o menos en los mismos términos de lo que plantea AUTE. También la Corriente Sindical que es un organismo que existió en el pasado y que ahora hacía tiempo que no se manifestaba, salió con una declaración muy interesante calificando lo que significaba esta Ley y todas las medidas económicas y presupuestales que está tomando el gobierno y dice que hay una verdadera expropiación por parte de la oligarquía de los salarios de los trabajadores. Una nueva avanzada de la oligarquía sobre el reparto de la riqueza generada por los trabajadores que es clara.
No soy solo yo la que califica esta Ley como un golpe de Estado, es un golpe institucional y en esto concuerdan el Frente Amplio y el PIT-CNT, la forma es inconstitucional, de la misma manera que sacaron a Dilma, a Lugo, al Presidente de Honduras, quieren hacer una reforma del Estado absoluta, que toca todas las ramas del Estado, que pone en manos del Presidente muchísimos poderes, como todos los organismos de Inteligencia que antes eran coordinados por el Poder Ejecutivo pero ahora quedan directamente bajo su control, solo por nombrar alguna de las cosas que aborda la LUC.