La ultraderecha que el 17 de marzo de 1975 mató a Orlando Martínez en República Dominicana, infirió otra puñalada a esta América al asesinar en Honduras el pasado 3 de marzo a la líder lenca Berta Cáceres. El pasado día 15 cayó Nelson García, de la misma etnia, y como Berta, activo dirigente del Consejo […]
La ultraderecha que el 17 de marzo de 1975 mató a Orlando Martínez en República Dominicana, infirió otra puñalada a esta América al asesinar en Honduras el pasado 3 de marzo a la líder lenca Berta Cáceres. El pasado día 15 cayó Nelson García, de la misma etnia, y como Berta, activo dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH. Doce días transcurrieron entre ambos hechos. ¿No es evidente la existencia de un programa de exterminio?
Aunque las autoridades hondureñas dicen que García fue muerto en un hecho aislado, se sabe que trabajó a favor de las 150 familias lencas expulsadas de un terreno cuya propiedad reclaman personas protegidas por las autoridades municipales. En Río Chiquito, efectivos militares y policiales destruyeron viviendas y arrasaron sembradíos.
No se realizó de manera pacífica el desalojo, de modo que a la versión policial no hay que reconocerle veracidad.
La derecha preserva sus privilegios de clase
Con su recomposición en América Latina, la derecha intensifica su guerra sucia contra los sectores conscientes de la sociedad. Intenta avanzar en inicuos objetivos como el desmantelamiento de organizaciones que luchan por la preservación de los recursos naturales y por el respeto a los derechos humanos. Recurre a la persecución y asesinato e infringe daños de magnitud diversa a dirigentes y grupos contestatarios.
El gran capital asigna tareas y paga por la realización de las mismas a diferentes niveles.
En los centros de dirección política, se mueven los recursos para criminalizar la protesta y restringir el ejercicio de derechos como la participación en sindicatos. En la convivencia directa, utiliza las formas de represión que entienda más efectivas de acuerdo con la realidad nacional.
El carácter sectorial y clasista de la guerra sucia lo prueba el hecho de que no se circunscribe a las fronteras de un país.
En Honduras, la organización Global Witness estima que al menos 109 activistas del ambiente y la tierra hondureños fueron asesinados entre 2010 y 2015. Honduras, dice, es «el país más mortal del mundo» para los defensores de la naturaleza si se consideran las cifras de muertos sobre el total de la población.
En Colombia, unos 20 militantes por los derechos humanos han sido asesinados en lo que va de año. Klaus Zapata, Marisela Tombe, William Castillo y Milton Escobar, entre otros, han caído en el marco de esta guerra sucia. Otros dirigentes han visto morir a familiares y allegados.
¿Se puede atribuir a simple coincidencia el hecho de que en este mes se haya asesinado en Colombia a William Castillo, activista contra la minería ilegal en la región de Antioquía, y a Berta Cáceres, quien alzó su voz contra el proyecto Agua Zarca y contra la instalación en Honduras de una nueva base militar yanqui?
Serán desconocidos los pistoleros, pero son muy conocidos los intereses que defienden. El sicariato se mueve por dinero.
Las mayores mineras cuentan con el financiamiento del Banco Mundial, organismo presidido por Luis Alberto Moreno, ligado en términos familiares y hasta políticos con el expresidente «narcoparamilitar» colombiano Álvaro Uribe Vélez.
¿Qué tan aisladas están las fuentes de violencia en relación con la estructura del sistema mismo?
Hoy como ayer…
Es muy larga la lista de víctimas de los grandes saqueadores. En República Dominicana se puede citar el caso de Guido Gil Díaz, abogado, periodista y dirigente comunista que dirigió las jornadas de protesta conocidas en el Central Romana con el nombre de «el paso de la jicotea», que consistían en trabajo lento y de poco rendimiento en sustitución de la huelga, ilegalizada y perseguida por los represores al servicio del gobierno de Joaquín Balaguer.
Guido Gil fue hecho preso por un siniestro oficial de nombre Simón Tadeo Guerrero, puesto en libertad y luego desaparecido. Esto ocurrió en los inicios de 1967.
Hoy, a casi 50 años de distancia, se registra la brutal represión contra quienes han acampado en Loma Miranda. El gobierno encabezado por Danilo Medina ordenó en mayo pasado desmantelar de manera violenta un campamento, hecho en el cual más de tres personas fueron heridas.
Se registran denuncias de persecución contra el sacerdote Rogelio Cruz y más recientemente contra el abogado y docente Rafael Jiménez Abad.
Falcondo, la Barrick Gold y el gobierno encabezado por Danilo Medina, en concierto para contaminar y saquear. ¡Indignante!
En memoria de Orlando Martínez
Orlando Martínez fue asesinado en Santo Domingo el 17 de marzo de 1975. Los sectores cavernarios aliados al gobierno de entonces no soportaron la contundencia de sus denuncias y menos la coherencia de sus posiciones.
El 15 de febrero de 1974, encabeza con el título «Tres vampiros en acción» su artículo del día: los tres vampiros eran: Drácula Gulf And Western, Barnabás ALcoa y Blácula Falconbridge. El 18 y el 19 de febrero siguientes, escribiría en respuesta a Carlos Morales Troncoso (saqueador del erario y privilegiado servidor del capital fallecido en el año 2014), quien calificó como falaz la denuncia y le dirigió además una insultante carta.
«¿Será el tratamiento Guido Gil lo que me ofrece el ingeniero?», dice Orlando el 18 de febrero, y el 19 presenta cifras y documentos para demostrar que la Gulf actuaba fuera de las leyes.
Cuando la sangre de Orlando Martínez se derramó en una calle de la zona universitaria en la ciudad de Santo Domingo, se hizo notorio que hubo un crimen de Estado. 25 años después fueron condenados los ejecutores materiales, pero la impunidad ha protegido a la alta dirección militar del momento (Ramón Emilio Jiménez Reyes y Enrique Pérez y Pérez, por ejemplo, viven sin ser perseguidos su actual ancianidad.
La responsabilidad del déspota Joaquín Balaguer, a pesar de la infamante página en blanco dejada en sus memorias (editadas bajo el título Memorias de un Cortesano de la Era de Trujillo) y de que fue jefe y líder indiscutible de la canalla política del momento, no ha sido discutida de manera institucional.
Como en Colombia, como en Honduras, como en la Guatemala de hoy, donde se registran numerosos asesinatos de activistas por los derechos humanos y por el medio ambiente, hay niveles de impunidad garantizados a quienes controlan las fuentes de recursos y a los dirigentes del sistema.
En Guatemala, el año pasado fue asesinado el joven Rigoberto Lima Choc, activo militante contra la contaminación que ocasiona en el río La Pasión, de la comunidad de Sayaxché, una empresa productora de aceite de palma.
¿Quién «compra» el calificativo de aislados para hechos que forman una larga lista y que se evidencian como tareas del sicariato uniformado o con ropa informal?
En homenaje a Orlando, en su memoria, es preciso denunciar la violencia de la ultraderecha que hoy intenta profundizar sus garras en esta América Latina… La denuncia responsable puede resultar costosa, pero es imprescindible.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.