Holanda tiene fama de ser un país progresista y tolerante. Pero, pese a la elección, en noviembre de un inmigrante de origen marroquí como alcalde de Rotterdam, en lo tocante a los inmigrantes indocumentados, a Holanda no le queda mucho de tolerancia. En julio, un informe de Amnistía Internacional denunciaba la situación de los sin […]
Holanda tiene fama de ser un país progresista y tolerante. Pero, pese a la elección, en noviembre de un inmigrante de origen marroquí como alcalde de Rotterdam, en lo tocante a los inmigrantes indocumentados, a Holanda no le queda mucho de tolerancia.
En julio, un informe de Amnistía Internacional denunciaba la situación de los sin papeles encerrados en barcos reconvertidos en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Días más tarde, el Parlamento impedía por tan sólo dos votos, la expulsión de 26.000 solicitantes de asilo que había sido previamente aprobada por el Gobierno. En mayo, un informe de Human Right Watch denunciaba por discriminatorias unas políticas de integración destinadas unicamente a los extranjeros originarios de Marruecos y Turquía. Y organizaciones holandesas de derechos humanos denuncian que cada año cientos de refugiados e inmigrantes son deportados en vuelos, generalmente de la compañía aerea KLM. En algunos casos la policía recurre a esposas y camisas de fuerza y a la administración de drogas sedantes.
Esconderse y sobrevivir con la ayuda de amigos cercanos y familiares parece ser la única alternativa para muchos sin papeles.
Aunque es difícil hacer estimaciones, se admite que cerca del 10% de la población inmigrante y un 1% de la población total se halla en situación irregular: unas 150.000 personas.
20 años de políticas de disuasión de la inmigración ‘ilegal’ no han contribuido a disminuir el número de personas sin permiso de residencia, ya que éste se ha triplicado desde principio de los ’90 (se estimaba que entonces habría 50.000 sin papeles).
Muchos de los inmigrantes que hoy viven en los Países Bajos son hijos y nietos de aquellos «trabajadores invitados» durante las décadas del boom económico, cuando cientos de miles de trabajadores de países mediterráneos, especialmente Marruecos y Turquía, fueron contratados temporalmente. Otros provienen de las antiguas colonias de Surinam e Indonesia, y por último, están aquellos que vinieron de todo el mundo como refugiados en busca de asilo.
«El país está lleno»
Respecto a los sin papeles, si hasta finales de los ’80 el Gobierno holandés practicó una política de tolerancia tácita con los entonces denominados «inmigrantes espontáneos», dada la necesidad de mano de obra barata para la producción intensiva en invernaderos, la década de los ’90 se caracterizó por un reajuste de las políticas de asilo e inmigración bajo la premisa de que «el país estaba lleno».
Las políticas de disuasión actuales fueron diseñadas para reducir el número de peticiones de asilo, pero también han servido para dificultar la vida de aquellos que ya se encontraban en los Países Bajos. Medidas como la Ley de vinculación de 1998 y la Ley de Extranjería de 2000 tuvieron un impacto considerable en las condiciones de vida de los inmigrantes irregulares. Desde entonces se hallan estrictamente excluidos de casi todos los servicios públicos, incluida la atención sanitaria. Igualmente, los trámites de asilo, que a menudo duraban años, se han reducido a 48 horas. Y el rechazo de las solicitudes de asilo ha aumentado.
Los asesinatos del líder populista de derechas Pim Fortuyn en 2002 y del director de cine Theo van Gogh, dos años más tarde, ambos en público, supusieron un profundo shock para la sociedad holandesa y desencadenaron una enorme crisis política.
La opinión pública se volvió más hostil y comenzó a relacionar a las personas inmigrantes con fenómenos de violencia, criminalidad y terrorismo.
Esto no ha cambiado hasta hoy, lo que convierte los esfuerzos de participación política y social de los inmigrantes, especialmente los indocumentados, en algo muy difícil. La ministra de Inmigración Rita Verdonk (2003-2006) es todo un símbolo de las actuales políticas represivas.
Durante su mandato la detención de extranjeros incluso se transformó en una competición. Los diferentes departamentos de la Policía holandesa debían detectar 40.000 inmigrantes irregulares en controles de identidad y detener a 11.883 de ellos antes del fin de 2007. Una prima de 240.000 euros esperaba a la unidad que consiguiera cumplir primero con la cuota. No extraña pues que aumentaran notablemente las redadas, algunas con consecuencias trágicas. Es el caso de Michael Osey, un varón ghanés de 34 años, que acababa de ser liberado tras un arresto por indocumentado de diez meses, cuando en octubre de 2007 agentes de policía asaltaron la casa en la que estaba de visita. En circunstancias sin aclarar, Osey cayó por un balcón del edificio, falleciendo en el acto. El objetivo de aumentar la tasa de expulsiones, no se ha alcanzado. Alrededor del 65% de los sin papeles detenidos son liberados de nuevo.
Al mismo tiempo, en los Países Bajos, sólo el 15% del espacio dedicado a la detención de personas está reservado para el confinamiento de inmigrantes irregulares. Holanda, junto al Reino Unido, es el único país de la UE donde no hay un límite para el periodo de detención. El promedio del tiempo de confinamiento es de seis meses, pero muchos sin papeles permanecen encerrados hasta un año y medio. Ser puesto en libertad significa ser abandonado en las calles con las manos vacías y tener que huir de la policía para no ser detenido otra vez.
La llamada «Amnistía General», de 2006, sirvió para regularizar la situación de 30.000 refugiados que habían solicitado asilo antes de 2001 y a los que les había sido denegado, pero dejó fuera del debate la situación de otros 120.000 inmigrantes. La actual secretaria de estado de Justicia para asuntos de inmigración, Nebahat Albayrak, nacida en Turquía, ha declarado que su objetivo es expulsar a todo aquel que no pueda acogerse a esa «Amnistía».