Desde la matanza de 15 de junio en la localidad de Marina Kue, existe un clima de criminalización social de parte de las instituciones responsables de la seguridad. La población soporta una situación de alta inseguridad, y a medida que pasa el tiempo, las provocaciones se van sumando. En ese sentido, es importante relatar el […]
Desde la matanza de 15 de junio en la localidad de Marina Kue, existe un clima de criminalización social de parte de las instituciones responsables de la seguridad. La población soporta una situación de alta inseguridad, y a medida que pasa el tiempo, las provocaciones se van sumando. En ese sentido, es importante relatar el hecho de las familias campesinas que fueron víctimas del asesinato perpetrado el 15 de junio, y que serviría de pretexto para el Juicio Político al Presidente constitucionalmente electo Fernando Lugo, son familias originarias de Yvyrarovana (ex Britez Cue, son tierras malhabidas del jefe de la policía stronista Gral. Brítez Borges), así como del lugar llamado Yvy Pytâ, que salieron en busca de tierras. Por ello el acoso policial y acciones de amedrentamiento específicos en estas localidades.
El pasado viernes 21 y sábado 22 de julio; en horas de la madrugada (3 AM), aparecen de manera sorpresiva unos quince vehículos de la Policía Nacional amedrentando a familias campesinas del lugar denominado Yvyrarovana (Dpto. Kanindeju); creando por demás una situación de pánico y sin orden Judicial la policía atropelló varias viviendas de pobres campesinos. De dicha situación, llevaron detenidos a varios pobladores (posiblemente 4 personas), de acuerdo a la información que se dispone.
El domingo 23, el abogado Pedro Arturo Santacruz, asesor jurídico del Ministerio del Interior, se llegó hasta el lugar, invitando a representantes de la comunidad de Yvyrarovana, en cuya reunión participaron unas 50 personas. A la misma, asistieron el asesor jurídico Abogado Santacruz y otros miembros de la comitiva quienes pidieron a los pobladores de presentar toda información referente a la situación de los afectados. Según información que nos fuera proporcionada por los pobladores, dicha visita instaló un clima de desconfianza hacia dichos representantes y preocupación porque los afectados aún carecen de medios y se ven como olvidados y casi echados a su propia suerte, casi todos sostenes de familias numerosas en fincas campesinas en situación de extrema pobreza. Obs. Existe un acta de la reunión citada.
Hasta hoy día el Fiscal de la causa es el Dr. Jalil Rachid del Ministerio Público. Hasta hoy sus procedimientos son considerados correctos. Pero no debemos olvidar que la Justicia paraguaya es una de las más corruptas, y la población en general no deposita confianza en ella. En el caso que nos ocupa, se estima que existen aproximadamente unos 54 prisioneros, víctimas del atropello del 15 de junio y sus secuelas. Sus familiares están muy preocupados pues no existe una verdadera organización jurídica que los apoye y los secunde en materia de derechos humanos. A pesar de ello, las familias se organizan, acompañados por los pobladores, mañana martes 24; harán un indefinido piquete de ruta en el kilómetro 33, donde ocurrieran los sucesos del asesinato de campesinos y policías el 15 de junio pasado.
Alertamos a las organizaciones de derechos humanos de la región sobre estos eventos, de los cuales tenemos reportes de los mismos pobladores, y pedimos aunar esfuerzos para conformar una comisión de apoyo solidario para las víctimas y familiares. Según estimamos existen decenas de detenidos (al menos 54), del caso Marina Kue del 15 de junio. Sobre el mismo les mantendremos informados.
Más allá de los eventos políticos derivados del golpe parlamentario, la Sociedad Civil debería poner toda atención al caso de la matanza ocurrida en Marina Kue del 15 a 16 de junio pasado, que está generando un enorme sufrimiento en las comunidades rurales más indefensas.
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