El Departamento de Justicia de Estado Unidos sorprendió con las manos en la masa al sistema de justicia de aquí, como cuando se descubre a un ladrón en plena fechoría. Tan obsoletas y apartadas de la realidad están las instituciones de ley del ELA que tuvieron que venir sus homólogos de un país extranjero a […]
El Departamento de Justicia de Estado Unidos sorprendió con las manos en la masa al sistema de justicia de aquí, como cuando se descubre a un ladrón en plena fechoría. Tan obsoletas y apartadas de la realidad están las instituciones de ley del ELA que tuvieron que venir sus homólogos de un país extranjero a «poner orden». Como se recordará, la represión contra cientos de jóvenes luchadores universitarios desde fines del año pasado y el atropello a periodistas en el ejercicio de sus funciones constituyeron el factor precipitante de esa investigación del Comité de Derechos Civiles de Justicia federal. La investigación se amplió sobre la marcha para incluir no sólo a la actual, sino también a administraciones coloniales anteriores. La desfachatez del Gobernador llega al extremo de achacar el problema exclusivamente a «administraciones anteriores» y al mismo tiempo nombra a su ayudante Rodríguez Emma (el mismo que dijo que «sacaría a patadas» de la Universidad a los estudiantes) como «supervisor» de la Policía.
Lo lamentable es que la investigación del gobierno de Estados Unidos no fuera más amplia para incluir al FBI que ha seguido violando con absoluta impunidad los derechos civiles de los luchadores por la independencia de Puerto Rico. A pesar de que desde hace años se prohibió la criminalización de la lucha por la independencia, los federales siguen levantando carpetas, persiguiendo y asesinando independentistas. El caso más notorio lo fue el asesinato de Filiberto Ojeda Ríos el 23 de septiembre de 2005.
Son extremas las acusaciones formuladas contra la gendarmería. No es lo mismo que personas en su carácter individual cometan abusos y crímenes contra otras personas. Esto es repudiable y esos delincuentes deben ser procesados. Pero cuando una organización oficial, con los recursos y armamentos provistos por el estado, cobijados por el conjunto de otras instituciones del gobierno, comenten atropellos de forma sistemática contra los ciudadanos, ello se convierte en un asunto muy grave.
Históricamente, el aparato represivo ha jugado un papel vital en la persecución de los luchadores por la independencia. La criminalización de esta corriente ideológica fue un objetivo cardinal del poder colonial, sobre todo desde la década del treinta. Para esos años, como también en los cuarenta, esa corriente de ideas era mayoritaria, lo que contravenía a los objetivos imperiales de constituir a Puerto Rico en un bastión industrial-militar de cara a la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.
Y para ese objetivo de acabar con las instituciones independentistas el poder imperial, en particular el FBI y la Corte Federal, se jugó el todo por el todo. La Masacre de Ponce, en que la Policía asesinó a 21 puertorriqueños desarmados en 1937 durante una manifestación pacífica, fue un punto extremo, condenado por la opinión pública internacional.
El atropello más dañino para las causas de justicia social y política no siempre fue de represión brutal. El mismo proceso que culminó en la fundación del llamado Estado Libre Asociado (al que uno de sus fundadores, Vicente Géigel Polanco, llamó «la farsa del ELA») fue un camino empedrado de engaños, triquiñuelas y persecuciones a independentistas en época de mordaza. Y esto fue seguido por cincuenta años de carpeteo. Bastaba con que usted asistiera a tres actividades de masas de independencia para que la Policía le abriera un expediente, con el diseño personal del director del FBI Edgar Hoover, como si se tratara de criminales.
No es sólo un problema de la Policía. Este es nada más que un síntoma. Es una enfermedad social que tiene múltiples síntomas. La criminalidad, la drogadicción, el tráfico de drogas, la corrupción en el gobierno son parte del deterioro moral que caracterizan a las épocas de crisis social y política. Se avecinan grandes cambios que deberán dar al traste con este estado de cosas.
(Ángel M. Agosto es escritor. Escriba sus comentarios a [email protected])
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