20 años de muerte en las fronteras La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía viene realizando un seguimiento detallado desde el año 1997 de la evolución de los flujos migratorios que desde África se dirigen hacia España, las políticas que pretender afrontarlos y que obligan a una creciente clandestinización de los mismos al tiempo que […]
20 años de muerte en las fronteras
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía viene realizando un seguimiento detallado desde el año 1997 de la evolución de los flujos migratorios que desde África se dirigen hacia España, las políticas que pretender afrontarlos y que obligan a una creciente clandestinización de los mismos al tiempo que provocan graves violaciones de los derechos humanos.
Desde que hace más de veinte años, el 1 de noviembre de 1988, aparecieran los primeros cadáveres en las playas de Tarifa, casi 21.000 personas han perdido la vida intentando llegar a nuestro país. Es una estimación ajustada que hacemos desde la APDHA y que muestra con claridad la tragedia colectiva en que se han convertido las políticas migratorias de la Unión Europea y de España.
La imposible inmigración legal y ordenada
A lo largo de estos años se ha venido insistiendo desde la unión Europea en que se está a favor de una «migración legal y ordenada» frente a la «inmigración ilegal» y descontrolada.
¿Se puede emigrar de forma legal y ordenada? Es decir, ¿puede un joven africano emigrar a España de la forma legal que auspician los mandatarios europeos?
La respuesta es rotundamente negativa. A los datos nos remitimos: del incremento de casi medio millón (494.485) de extranjeros en España durante 2008, tan sólo 8.749 (un 1,8%) personas proceden del África Subsahariana. No es casual, se trata de una opción consciente y deliberada.
Como detallamos en este informe, es imposible emigrar «legalmente» a España. Por un lado el contingente ha resultado un fracaso como sistema de gestión de flujos lo que se ha venido a reconocer limitándolo prácticamente a cero. Pero a ello hay que sumar los obstáculos y restricciones de todo tipo para la reagrupación familiar. Y, sobre todo, el muro infranqueable de la normativa y muy particularmente de la red consular española, punta de lanza del sistema de bloqueo a las personas que desean emigrar legalmente.
La insistencia que desde gobierno, oposición y algunos sectores se hace en ese mito de la «inmigración legal y ordenada» esconde, en el fondo, un verdadero rechazo de la necesidad de afrontar la realidad de los flujos migratorios y las desigualdades económico-sociales entre Europa y África de una forma seria y certera.
Esconde también una visión extremadamente utilitarista de las migraciones: permitir que vengan tan sólo aquellas personas necesarias para nuestra economía. Es la inmigración «deseada», frente a la inmigración «sufrida», de la que habla el gobierno francés y practica el gobierno español y que oculta una carga ideológica que concibe a las personas desde su «utilidad» y no desde su dignidad y derechos.
Pero sobre todo este mito condena a miles de personas que se ven obligadas a emigrar, que emigran casi de forma forzada, a hacerlo clandestinamente. Por eso hablamos de migraciones clandestinizadas en el informe.
La lucha contra la «inmigración ilegal» se ha convertido así en el norte inspirador de todas las políticas de la Unión Europea y de España. Como explicó Zapatero en la última campaña electoral, la lucha contra esta inmigración, para nosotros obligada a circular clandestinamente, es el eje de las políticas migratorias de nuestro gobierno. Pese a quien pese, y por encima de cualesquiera otras consideraciones.
Se trata, Zapatero dixit, de que no salgan, si logran salir que sean interceptados y en caso de que logren llegar que sean expulsados lo antes posible.
Fruto de esa política durante el año 2008 se han incrementado los medios para el control de las migraciones, se generaliza el uso de la detención y el encierro de migrantes como forma de gestión de las mismas y se han consolidado las políticas de externalización, una de cuyas mejores expresiones es el Plan África.
El Plan África y la externalización
Tras su puesta en marcha durante el año 2006 y su renovación para el período 2009-2012, no podemos sino hacer una evaluación extremadamente negativa de dicho Plan África y sus consecuencias.
Pese a que se presenta bajo un ropaje que pretende ser expresión de la «vocación solidaria de la sociedad española», el Plan África no ha tenido resultados concretos en términos de beneficio para las sociedades africanas.
Y ello no podía ser de otra manera en la medida en que el Plan África evidencia la prioridad de los objetivos de política exterior españoles sobre el interés solidario por el desarrollo del continente africano. El Plan África se puso en marcha principalmente para favorecer los intereses comerciales y económicos españoles en el continente, para dar cobertura a una política migratoria dirigida al control de los flujos migratorios y supeditando una supuesta agenda de democratización y pacificación de los países africanos a los objetivos de seguridad de España.
El Plan África, de esta forma, es un marco más del desarrollo e impulso a las políticas de externalización, cuyo objetivo principal no es sino desplazar hacia el Sur el control de fronteras, convirtiendo a países terceros, bien de tránsito, bien de origen de las migraciones, en verdaderos gendarmes de la Unión Europea.
En el informe se hace un amplio análisis de las relaciones libio-italianas para el control de migraciones como un espejo en el que nuestro país no debiera mirarse, pero que es un camino de externalización que ya se está lamentablemente recorriendo en España.
También con gravísimas consecuencias para los derechos humanos. Nos detenemos particularmente en dos zonas en las que nuestra Asociación durante el 2008 ha podido conocer sobre el terreno las consecuencias de estas políticas de externalización de España confiadas a Estados en los que los derechos humanos no llegan siquiera al nivel de la retórica.
Marruecos: estatuto de asociación avanzado a cambio de represión sobre las migraciones
El 13 de octubre de 2008 el Consejo de Luxemburgo aprobaba un estatuto de asociación avanzado entre la Unión Europea y Marruecos, lo que significa que este país pasará a disfrutar de un marco privilegiado de relaciones políticas, económicas y sociales con la Unión, y tendrá acceso a determinados programas comunitarios. A cambio sin duda de una importante colaboración entre otras cuestiones en el control de las migraciones. Durante el año 2008, ha cumplido fielmente con su papel de gendarme europeo y ha ejercido la represión con empeño, también sobre sus nacionales que intentaron emigrar, pero especialmente sobre los inmigrantes subsaharianos en tránsito.
Hemos destacado como muestra las continuas redadas de inmigrantes subsaharianos que son deportados a la frontera argelina, en la zona de Oujda. Oujda, última ciudad marroquí al noreste del país, en la frontera con Argelia cerrada y militarizada desde 1995, es puerta de entrada en Marruecos de los inmigrantes que suben del desierto, y lugar de expulsión para la inmensa mayoría de los arrestados a lo largo de país. Allí la situación puede considerarse siempre de emergencia y las condiciones de las personas allí deportadas verdaderamente deplorables, en ocasiones infrahumanas para personas que sufren acoso y abuso de todo tipo por parte de las fuerzas policiales marroquíes.
También hemos destacado el hundimiento intencionado en las costas de Alhucemas en la noche del 28 de abril de una zodiac cargada de inmigrantes que fue pinchada por las fuerzas del orden marroquíes, provocando 36 muertos.
En agosto, 73 migrantes de Ghana, Burkina Faso y Sudán partieron en cayuco desde Nuadibú, Mauritania, rumbo a Canarias. Tras quince días a la deriva, en los que murieron 33 de ellos, las autoridades marroquíes los interceptaron en algún punto entre Marruecos y Sahara Occidental. Los 40 supervivientes fueron encarcelados una semana, tiempo durante el cual se les dio comida y agua, pero no se les suministraron medicamentos. Un grupo de 20 de ellos fueron abandonados en zona desértica y minada entre el Sahara Occidental y Mauritania, indicándoles con el dedo la dirección hacia Nuadibú.
De nuevo y de forma detenida analizamos la evolución en las fronteras de Ceuta y Melilla en las que continúan, como se detalla en el informe, las violaciones de derechos humanos y la muerte de personas.
Las violaciones de derechos humanos en la frontera mauritano-maliense
En un extenso análisis redactado a raíz de la misión sobre el terreno desarrollada por la APDHA en la frontera mauritano-maliense.
Desde que Mauritania se ha convertido en un punto de partida hacia España, las ciudades fronterizas de Nioro du Sahel y de Gogui en Malí se han transformado, al igual que Kidal y Tinzaouatine en la frontera argelina, en la puerta de entrada (candidatos a la emigración) y de salida (rechazados en frontera) de todos aquellos que sueñan con Europa y con una vida mejor.
Fruto de las presiones europeas para el control de fronteras dentro de la política de externalización, en esta zona se están produciendo graves violaciones silenciadas y desconocidas sobre los derechos humanos, como se ha podido recoger en la misión citada.
Se trata de que los nacionales del África subsahariana son detenidos arbitrariamente en la frontera Mauritania, sin control judicial ni asistencia jurídica, siendo a menudo desvalijados, sometidos a todo tipo de violencia policial y rechazados en la frontera maliense de forma colectiva. También numerosos migrantes detenidos en las costas mauritanos son llevados al Centro de detención de Nouabidú, donde el maltrato y las palizas son extraordinariamente frecuentes, y luego deportados a la frontera maliense en condiciones inhumanas.
Son expulsados por la frontera maliense en minibús en condiciones inhumanas y degradantes, sin que se les haya notificado esta medida de alejamiento, sin haber podido recurrirla y sin que las autoridades mauritanas hayan informado a sus homólogos malienses.
El trayecto Nuadibú-Gogui dura entre 3 y 4 días, durante los cuales unas 22 personas escoltadas por la policía mauritana permanecen encerradas en un mini-bus, sin descansos previstos para dormir, con una sola parada al día para descender del vehículo y recibiendo como comida una botella de agua, pan y, con suerte, galletas y/o sardinas.
Lamentablemente al llegar a la frontera maliense, no existe ningún sistema mínimo de acogida o de apoyo humanitario, ni en Nioro ni en Gogui. Debido a la ausencia de medidas efectivas para garantizar la acogida, protección y el seguimiento de los rechazados en fronteras, las autoridades locales abandonan literalmente a estas personas, dejándolas en la más absoluta de las precariedades y con un intenso trauma psicológico debido al fracaso de su proyecto migratorio.
Así pues, una vez en la frontera maliense en unas condiciones físicas y económicas peores que las de antes de su partida y sin haber cumplido con las expectativas suscitadas por su proyecto migratorio, la mayoría de los expulsados deciden no realizar el » viaje de la vergüenza «, que consistiría en regresar a casa con las manos vacías y sin poder reembolsar la inversión realizada por la comunidad. Por ello lo vuelven a intentar una y otra vez. Hay personas que ya acumulan cinco intentos.
Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las personas migrantes recae en buen medida sobre España y la U.E., que delegan el control de sus fronteras externas a terceros países, sin preocuparse de los métodos empleados por éstos para llevar sus órdenes a cabo en el más absoluto desprecio a sus compromisos internacionales, al igual que sobre aquellos terceros países que ejercen de guarda-fronteras.
Sobre el terreno, en este caso, en la frontera mauritano-maliense, se demuestra una vez mas que las políticas migratorias represivas, destinadas a «luchar contra la inmigración ilegal» son ineficaces y crueles, ya que no sólo no evitan las migraciones al no resolver los motivos de partida, sino que bloquean las migraciones circulares y favorecen las violaciones de los derechos humanos contribuyendo al aumento del sufrimiento de los migrantes y del negocio de las rutas migratorias clandestinas.
Las políticas de represión sobre los flujos migratorios, en entredicho
En efecto esa es la conclusión que puede establecer del análisis sobre la evolución del control de flujos y sobre las víctimas «colaterales» que su aplicación provoca.
Como cada año el Ministerio del Interior, vuelve a hacer un balance triunfalista de la evolución de las detenciones y particularmente de la interpretación que se da a las mismas. De hecho se plantea que las 14. 635 detenciones efectuadas en 2008 suponen una disminución de un 25% respecto al 2007. En efecto, Rubalcaba celebraba que ya nos encontrábamos en una situación comparable a la de 2002.
Nada más lejos de la realidad. Sea de forma consciente o inconsciente los datos reflejan por el contrario incluso un incremento de intentos constatados de entrar en nuestro país durante el año 2008: Hemos pasado de 31.610 personas detenidas en el conjunto de las zonas (Canarias, Península, Baleares, Ceuta y Melilla y en las Costas Africanas) durante el año 2007, a las 35.642 detenidas durante el año 2008, según los datos que ha podido determinar la APDHA.
Las conclusiones están a la vista: salvando el pico excepcional del año 2006, lo cierto es que se mantienen los flujos migratorios hacia España desde África a niveles similares a los de hace una década, e incluso este año se han incrementado respecto a 2007. Sólo que efectivamente y de forma paulatina se ha conseguido desplazar buena parte del control de las migraciones hacia el sur y se ha logrado la colaboración de los países de partida de las embarcaciones que han aceptado su rol de policías de las fronteras de la Unión Europea, convirtiéndose en auténticos países tampón. Es la materialización de las políticas de externalización que se diseñaran ya en el lejano Consejo de la Unión celebrado en julio de 2002 en Sevilla y se concretaran en el Programa de La Haya de 2004.
Sólo que además, mirado desde una perspectiva europea, más amplia, las migraciones africanas hacia Europa no sólo no se han amortiguado sino que se han ampliado de forma considerable.
Unas cifras que demuestran como decíamos más arriba la ilusión de «migración legal y ordenada». No sólo porque luego en la práctica y muy particularmente en lo que se refiere al África, esa migración «legal» es impedida por los propios mecanismos legales y administrativos como hemos dicho. Sino porque es obvio que el deseo de las personas de buscar una vida mejor, de labrarse un futuro distinto, de convertirse en protagonistas de su propia existencia, es imparable pese a los SIVES, los FRONTEX y la teórica e ilusoria impermeabilización de las fronteras.
Por otra parte, es preciso señalar de nuevo, la desproporción y el dislate de medios humanos y materiales empleados para impedir una migración que no llega ni al 2% del total de la inmigración recibida por España en 2008.
Los que quedaron en el intento. Las víctimas.
Naturalmente para nuestro gobierno, para los gobiernos de la UE, estas políticas de represión y control de flujos, son «políticas de estado». Y sus consecuencias de violación de derechos humanos, no son sino «daños colaterales» inevitables que tenemos que asumir aunque se traten de mitigar.
Lo que no se mitiga es el sufrimiento y el dolor de los familiares de las centenares de víctimas de esta política. Lo que no es posible mitigar es la muerte de tantos inocentes, que han perdido la vida por atreverse a buscar un futuro con dignidad.
Durante 2008 la APDHA ha contrastado, como se documenta ampliamente en el informe, la muerte de 581 personas, de ellas 342 en el Mediterráneo frente a las 239 en el Atlántico.
Por primera vez en bastantes años el número de personas que han perdido la vida en el Mediterráneo ha superado ampliamente a las que hemos podido detectar en el Atlántico.
En cuanto al origen de las personas muertas, más del 75% eran subsaharianas, siendo el resto del Norte de África o sin determinar.
Para la APDHA, teniendo en cuenta estos datos y el seguimiento que hacemos, no es nada exagerado estimar en 2.900 el número de personas que han podido perder la vida este año intentando llegar a nuestro país.
La necesidad de otro modelo de gestión de las migraciones
Como se puede constatar en el Informe, seguimos pensando que es imprescindible abordar el fenómeno de la gestión de los flujos migratorios desde otra óptica.
A partir de 1985, fecha en que entra en vigor la primera Ley de Extranjería (7/85) y particularmente a partir de 1991 con la adhesión al Tratado de Schengen, el modelo de gestión de migraciones de España ha sido el intentar conseguir una «inmigración legal y ordenada», desde una óptica exclusivamente utilitarista, lo que conllevaba una prioridad absoluta en la «lucha contra la inmigración ilegal».
Para el desarrollo de este modelo, convertido ya en modelo de gestión para toda la Unión que cada vez más se intenta armonizar, se han realizado ingentes inversiones y se han desarrollado políticas legislativas, de control, impermeabilización, represión, encierro y externalización… siguiendo el modelo de la Europa Fortaleza. Desde el año 2006 esta política ha recibido un extraordinario impulso en España, con las consecuencias y los resultados señalados en el Informe.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, este modelo migratorio conlleva gravísimas violaciones de los mismos, provoca enormes sufrimientos para las personas que intentan ejercer el derecho a encontrar una vida más digna, incluso con el resultado de su muerte. Y condena a miles de inmigrantes «sin papeles» a la marginación y a la exclusión de los derechos fundamentales de la persona. Es por ello una política inmoral e inhumana.
Esta política pone en cuestión todo el discurso universalista de los derechos humanos, rechazando el principio de igualdad y justificando la exclusión con razonamientos insostenibles acerca de la prioridad nacional, la seguridad y la lucha contra la delincuencia.
Pero, por otro lado, desde una óptica instrumental, este «modelo» migratorio no responde a la realidad, la cual niega y, por tanto, se muestra incapaz de gestionar el fenómeno migratorio.
Y es que es imposible abordar un fenómeno de carácter social (éste como cualquier otro) mediante el recurso exclusivo a la represión y al control policial. Las migraciones son consustanciales a la humanidad, son un fenómeno estructural, que hoy hunde sus raíces en las profundas desigualdades del planeta. La política actual está condenada al fracaso, porque se asienta más en discursos ideológicos, demagógicos y xenófobos que en la propia realidad y en las necesidades sociales. Lo hemos dicho centenares de veces: la búsqueda de un futuro mejor no se pude cercenar con alambradas. Antes o después estas son desmanteladas por la propia vida.
Sin embargo, pese a esta evidencia, lo cierto es que es preciso poner sobre la mesa el debate. El actual «modelo migratorio» que se defiende desde España y la Unión Europea, está abocado al fracaso y además viola de forma grave los derechos humanos. Hay por tanto que empezar a reconsiderarlo, dejando de aceptarlo como un hecho dado, como una especie de tabú que no se puede cuestionar y que ha llegado a formar parte del pensamiento único.
Desde la APDHA no pretendemos ninguna fórmula mágica que resuelva por sí misma los muchos y complejos problemas que plantea el fenómeno migratorio. Se trata de dejar de considerar el cierre de fronteras como un dogma, reconocer su fracaso e intentar reflexionar nuevos modelos de gestión que hagan del derecho a la movilidad la norma, y de sus limitaciones, excepciones especificadas, temporales, y justificadas, que es lo que en definitiva reivindica la Declaración Universal de los Derechos Humanos y lo único acorde con el cabal respeto a la misma.
Se trata en suma de la aplicación de otra política de asilo e inmigración en Europa, acogedora y respetuosa de la dignidad humana y de los derechos humanos.
El informe completo se podrá descargar de nuestra web
http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=3&Itemid=45
Andalucía, 26 de marzo de 2009