Quien gobernó Perú hasta el pasado lunes se convirtió en el sexto mandatario consecutivo de ese país en estar implicado en casos de corrupción. Su cuestionada salida vino de la mano de un Congreso que arrastra una creciente impopularidad y que tiene a más de la tercera parte de sus integrantes acusados ante la Justicia. La larga crisis política del país andino no da tregua y promete continuar en plena pandemia.
En el período que debiera corresponderle a uno, el martes, en Perú, asumió un tercer presidente. La noche anterior, con el voto de 105 representantes de un total de 130, el Congreso peruano declaraba la vacancia del puesto, hasta entonces ocupado por Martín Vizcarra, quien llegó allí por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski el 21 de marzo de 2018. Vizcarra había sido su vice.
Le tocó ahora al presidente del Legislativo, Manuel Merino, ocupar el cargo. Merino entró, en realidad, en lugar de la encargada de la segunda vicepresidencia, Mercedes Araóz, quien había renunciado en mayo –luego de un intento fallido de ser declarada presidenta–, meses después de la disolución del Congreso por Vizcarra y la convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias. Así de sinuosa ha sido la trama de esta crisis política, enmarcada ahora en una tremenda crisis sanitaria.
El momento no podía ser peor. Perú registra oficialmente 35 mil muertos por covid-19, aunque probablemente y según varios estudios no oficiales, los fallecidos sean el doble. De acuerdo con las autoridades, los contagiados, desde el comienzo de la pandemia, son 925 mil.
Capacidades morales
La decisión del Congreso se basa en la aplicación del artículo 113 de la Constitución y establece la incapacidad moral permanente del presidente Vizcarra, quien el 18 de setiembre había salido airoso de un primer intento de declaración de vacancia por tráfico de influencias. Sin embargo, no está motivada por la incapacidad del ahora exmandatario para manejar la situación vinculada al covid-19, sino por actos de corrupción que habría cometido durante su gestión como presidente regional de Moquegua, una pequeña región al sur del país, en el período 2011-2014.
Son cinco los candidatos a colaboradores eficaces –una figura jurídica similar a la delación premiada– que afirman que el defenestrado político recibió, en el 2013, un millón de soles (unos 350 mil dólares de aquel entonces) a cambio de favorecer al consorcio Obrainsa-Astaldi con la adjudicación de dos obras en otro de los casos del llamado Club de la Construcción. Se trata de un grupo de empresas constructoras, peruanas y extranjeras, que ganaban licitaciones públicas de grandes obras a cambio del pago de sobornos y que es investigado por la Fiscalía de Perú en el marco de los escándalos continentales de la constructora brasileña Odebrecht.
Las denuncias contra Vizcarra son parte de un proceso sin sentencia, algo que destacan quienes se oponen a lo resuelto el lunes, que sostienen que la declaración de vacancia no es procedente y que debía esperarse al final del mandato para enjuiciar al presidente, y señalan, además, lo inadecuado de descabezar la Presidencia en plena crisis sanitaria. También es cierto, sin embargo, que una serie de chats divulgados este último domingo en varios programas periodísticos de la televisión demuestran que Vizcarra mintió al negar la ocurrencia de algunos hechos vinculados al mencionado caso de corrupción. Las cada vez más sólidas pruebas que lo involucran en la recepción de coimas, sumadas a estas mentiras demostradas, permitieron que la mayoría de los congresistas presentaran como válida la afirmación de que Vizcarra no reúne las «condiciones morales» para ocupar el más alto cargo público de la nación.
De los chats publicados –en los que aparecen también las relaciones del ahora expresidente con miembros de la oposición fujimorista, que buscaba destituir a Kuczynski a principios del 2018– se desprende, entre otras cosas, que Vizcarra no fue leal al presidente que lo eligió como su vice y que fue parte de una conspiración que finalmente lo llevó a la presidencia. Curiosamente, fue la lucha contra la corrupción la bandera que enarboló Vizcarra una vez designado en el puesto lo que lo llevó a ser visto con esperanza por buena parte de la población, en un país en el que en los últimos 30 años ningún presidente ha salido limpio de su gestión: Alberto Fujimori está preso; Alejandro Toledo, encarcelado en Estados Unidos por cargos de corrupción y con un proceso de extradición pendiente; Alan García se suicidó para evitar los juicios que se le venían encima, y Ollanta Humala enfrenta un proceso por lavado de activos por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht –tres millones de dólares– para su campaña electoral de 2011. Kuczynski, por su parte, permanece en arresto domiciliario acusado de «lavado de activos con agravante de pertenencia a organización criminal», en un caso que también involucra a la corruptora brasileña.
La estrella de Vizcarra comenzó a apagarse cuando una información publicada en mayo por el portal Lima Gris llegó a los programas televisivos de la farándula: un cantante sin mucho cartel, Richard Swing, había conseguido unos jugosos contratos con el Estado a través del Ministerio de Cultura, sin laureles ni méritos que lo justificaran. En aquel momento, Vizcarra negó cualquier relación con el artista o intervención en su contratación, pero en un audio propalado luego por el Congreso se escuchó al presidente coordinar las declaraciones que debía dar su entorno a la Fiscalía acerca del caso. La situación derivó, en setiembre, en el primer intento de los congresistas por destituir a Vizcarra.
En aquel audio, Vizcarra ordenaba que su secretaria personal y la secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, asumieran como propias las bienvenidas que él mismo le brindó a Swing en la sede presidencial. Como consecuencia de aquello, Morales había sido obligada a renunciar y es investigada por los delitos de colusión agravada, negociación incompatible, obstrucción a la justicia y ocultamiento real.
Descontento en la calle
Desde el martes hay manifestaciones en las calles de Lima en repudio a la destitución de Vizcarra. Las protestas, sin embargo, no necesariamente significan un apoyo al ahora expresidente. Bili Sánchez, orfebre y poeta de 46 años, es uno de los manifestantes. Considera, al igual que muchos de ellos, que se ha roto el orden institucional como consecuencia de «una pelea de ratas por el poder» efectuada en las hendijas de la Constitución fujimorista, que rige desde 1993. Sánchez cree que debe presionarse hasta lograr la instalación de una asamblea constituyente que redacte una nueva carta magna. A protestar la decisión del Congreso han llamado varios movimientos sociales y partidos centristas que apoyaban a Vizcarra, pero también líderes del Frente Amplio y de Acción Popular, a pesar de que la mayoría de sus congresistas votó el lunes a favor de destituirlo.
Por su parte, tras ser destituido por el parlamento, Vizcarra declaró tener la conciencia tranquila: «Salgo del Palacio de Gobierno como entré hace dos años y ocho meses, con la frente en alto». Al otro día, mientras a punta de cachiporras y gas lacrimógeno la Policía impedía que los manifestantes llegaran a la sede del Legislativo, donde se efectuaba la juramentación del nuevo presidente, Vizcarra se dirigía al estudio de abogados que lleva su caso para definir su estrategia de defensa. Si se confirman las acusaciones en su contra, el exmandatario seguirá el mismo camino que sus predecesores.
Pero se trata de un remedio que no asegura el fin de la enfermedad. Más de 50 congresistas tienen procesos abiertos por diferentes causas y el Poder Legislativo en su conjunto está lejos de gozar de respaldo popular. A esta incertidumbre se le suma que el Tribunal Constitucional revisará, el miércoles 18 de noviembre, una demanda que había presentado previamente la administración de Vizcarra sobre la validez de la decisión tomada ahora por el Congreso. El futuro político es incierto y aún más en medio de una pandemia que, a pesar de ser menos voraz, todavía mata a 50 peruanos por día.
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El nuevo presidente
Manuel Merino nació el 20 de agosto de 1961, en la norteña ciudad de Tumbes. Desde 1983 se dedica, en paralelo a la política, a la producción y el comercio de arroz, soja, porotos y bananas. También cría ganado vacuno. Pertenece a la centroderechista Acción Popular, fundada en 1956 por el expresidente Fernando Belaúnde Terry y participante de varios gobiernos del país a lo largo de su historia. Fue congresista entre 2001 y 2006, y desde 2011 hasta la actualidad. En las elecciones extraordinarias que Vizcarra convocó en 2020, fue reelegido en las filas de la oposición y resultó ungido como presidente del Congreso. En setiembre, IDL-Reporteros reveló que antes de presentar la primera moción de vacancia contra Vizcarra, Merino contactó en secreto a las Fuerzas Armadas. Fue entonces acusado de sedición y conspiración por el gobierno. Llegó a su banca con apenas 5.271 votos; desde el lunes, es el presidente de 32 millones de peruanos.