El ayuntamiento de centro izquierda de Florencia dispuso a finales de agosto una orden que prevé multas y hasta pena de prisión a las personas que limpian los parabrisas de los coches en los semáforos. El alcalde, Leonardo Dominici, considera a los limpiacristales como personas agresivas «sobre todo hacia las mujeres que conducen solas» y […]
El ayuntamiento de centro izquierda de Florencia dispuso a finales de agosto una orden que prevé multas y hasta pena de prisión a las personas que limpian los parabrisas de los coches en los semáforos.
El alcalde, Leonardo Dominici, considera a los limpiacristales como personas agresivas «sobre todo hacia las mujeres que conducen solas» y un problema para la circulación.
Los policías municipales son los encargados de llevar a cabo la tarea de identificar y llevarse a los trasgresores que en su mayoría son extranjeros de origen rumano o gitanos.
A esta singular iniciativa, que parecía provocada por el calor del verano, se sumaron inmediatamente varios alcaldes del centro-norte de Italia.
Walter Veltroni, alcalde de Roma, manifestó su apoyo a la idea y propuso también castigar con más severidad a las prostitutas en la calle y a los aparcacoches abusivos.
Veltroni, un ex comunista que se jacta de haber expulsado de Roma a 15.000 gitanos, es el candidato a secretario del Partido Democrático, una nueva formación política que tendría que aglutinar a los post comunistas y a los centristas de la Marguerita.
El alcalde de Bolonia, Sergio Cofferati, antiguo máximo dirigente del sindicato comunista CGIL, piensa que los grafiteros son una lacra para la ciudad y busca desarrollar una campaña en su contra.
Marta Vincenzi, alcaldesa de Génova (centro izquierda), sigue los pasos de los otros alcaldes y quiere multar a las prostitutas que ejercen su profesión en la vía pública.
A las objeciones de carácter jurídico, los alcaldes contestan que se podría aplicar el artículo 650 del código penal que prevé sanciones para quien no respeta las normas sobre la higiene y la seguridad. De este modo, opinan, se podría castigar también a los mendigos que piden una limosna.
Proyecto de ley del gobierno
A esta esquizofrenia por el orden y la seguridad, también se apuntó el gobierno central. Después de una reunión entre Romano Prodi y los ministros de Interior, Defensa y Justicia, ha salido un paquete de medidas para luchar contra este tipo de ilegalidad.
El responsable de Interior, Giuliano Amato – en un intento de evitar que los alcaldes actuen por su cuenta en la represión de los limpiacristales, aparcacoches abusivos, grafiteros y mendigos – piensa crear un código nacional con un fundamento jurídico uniforme para luchar contra «la criminalidad urbana».
Para sortear las criticas de los partidos de izquierda que componen el gobierno – contrarios a este proyecto de ley – se contempla también la cárcel preventiva obligatoria para quien hayan cometido delitos que causan gran alarma social, tales como robos violentos o la pedofilia; juicios rápidos si hay pruebas claras contra el imputado; nuevas reglas para el secuestro de los bienes de los mafiosos; penas más duras para las prostitutas y sus clientes. La ley estará lista dentro de tres semanas.
Por su parte el ministro de Defensa, Arturo Parisi, ha ofrecido 30.000 soldados que actualmente están en excedencia para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se excluye de todas formas que los militares sean enviados a las zonas del sur del país donde un tercio del territorio italiano está controlado por organizaciones criminales.
Reacciones
Las respuestas a este proyecto de ley no se han hecho esperar. Desde los sectores de la izquierda en el gobierno se ha recordado que la ley tendrá que pasar por el Parlamento y habrá que contar con sus votos para poder ser aprobada.
Paolo Ferrero, ministro de la Solidaridad Social, (Partido de la Refundación Comunista), ha manifestado su contrariedad. Según el político hay que apostar por la integración y no por la exclusión que se produciría inevitablemente con la aplicación de estas normas.
Muchos políticos e intelectuales de izquierda han afirmado que es un grave error seguir a la derecha en su terreno. Todas estas medidas, definidas por algunos como racistas, sólo atacan a los marginados.
Las organizaciones católicas han expresado su desacuerdo con el proyecto. Lo consideran desproporcionado respecto a los efectos que pretende alcanzar.
El ministro de Interior, Giuliano Amato se ha defendido sosteniendo que, de no ser adoptadas estas disposiciones, se corre el riesgo de ver resurgir al fascismo.
Los políticos de derecha se muestran escépticos. Ven en este plan una operación de simple propaganda y piensan que el gobierno no tiene la fuerza suficiente para aprobar el texto.
Según un reciente sondeo del instituto IPR-Marketing – publicado por el periódico La repubblica – un 72% de los entrevistados está de acuerdo en castigar a los limpiacristales. Un 32% piensa que la pena ideal sería la cárcel mientras el 40% se limitaría con multarles.
Es la famosa «tolerancia cero» tan evocada por la derecha más reaccionaria.
Primero el indulto y ahora la persecución
Este gobierno es el mismo que en 2006 excarceló con un indulto a 26.570 detenidos. La condonación de la pena, votada por todos los grupos parlamentarios, respondía a la exigencia de reducir la excesiva población carcelaria y a un deseo explicito del anterior Pontífice que expresó su malestar por las lamentables condiciones de los detenidos.
Los arrestados con penas menores de tres años de cárcel podían volver en libertad. Esto ha significado que – según datos de la Asociación Bancaria Italiana – se hayan duplicado los robos y los asaltos a las instituciones de crédito en el último año. Muchos delincuentes comunes ya han vuelto a las cárceles, algunos incluso después de pocas horas de producirse su liberación.
También muchos «detenidos excelentes» pudieron librarse de la prisión. Por poner sólo algunos ejemplos: el anterior gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, acusado de graves delitos o el presidente de Parmalat – responsable del mayor escándalo financiero europeo – vieron reducidas notablemente sus penas y, a través de otros estratagemas jurídicos, no ingresarán en la cárcel.