La decisión de la Sala del 61 del Tribunal Supremo de ilegalizar la candidatura «Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos» supone un gravísimo paso adelante hacia la transformación del Estado de derecho en Estado penal. Apoyándose en la antidemocrática Ley de Partidos, esta sentencia del Tribunal Supremo supone, a partir de ahora, la amenaza permanente […]
La decisión de la Sala del 61 del Tribunal Supremo de ilegalizar la candidatura «Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos» supone un gravísimo paso adelante hacia la transformación del Estado de derecho en Estado penal. Apoyándose en la antidemocrática Ley de Partidos, esta sentencia del Tribunal Supremo supone, a partir de ahora, la amenaza permanente de dejar en suspenso el derecho a la participación, asociación y representación política de todas aquellas organizaciones y personas que puedan compartir los objetivos que la candidatura ilegalizada defiende.
Para IZQUIERDA ANTICAPITALISTA -que se presenta a las próximas elecciones europeas- la sentencia demuestra que con la excusa de la lucha contra el «terrorismo» se pretende extender cada vez más la aberrante teoría jurídica del «entorno de ETA-Batasuna» hasta incluir a todos aquellos partidos y personas que puedan dar «indicios» de un «potencial contaminante» o una «aparente y simple proximidad ideológica» con esas organizaciones por el mero hecho de haber tenido relación con algunas de sus actividades pasadas, por haber sido avalados por determinados cargos electos -que, sin embargo, siguen actuando legalmente- o por el «silencio de la candidatura sobre la condena a ETA».
IZQUIERDA ANTICAPITALISTA quiere expresar su solidaridad con «Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos» y apoyará las iniciativas que contribuyan a la recuperación de todos sus derechos ahora vulnerados ante el Tribunal Constitucional y se compromete a denunciar, en caso de que éste confirme la sentencia, la ilegalización de esta candidatura y la Ley de Partidos durante la campaña electoral.
La decisión de la Sala del 61 del Tribunal Supremo confirma los peores temores que ya habíamos expresado ante las peticiones del Gobierno y de la Fiscalía del Estado.