“La idea de que el Estado debe intervenir porque sabe mejor que los ciudadanos lo que más les conviene suele denominarse paternalismo. Sin embargo, muchos economistas y filósofos sociales creen que el Estado debe respetar las preferencias de los consumidores” (Joseph E. Stiglitz)
“Las exoneraciones fiscales en Honduras se han convertido en un mecanismo de concentración de riqueza: el 92 % de las exoneraciones se concentra en el 10 % de las empresas más ricas, dejando apenas un 8 % de estos beneficios para el 90 % de las empresas restantes” (Servicio de Administración de Rentas de Honduras (SAR)
La Ley de Justicia Tributaria en Honduras busca, entre otros objetivos y propósitos, hacer más equitativo y transparente el sistema tributario y canalizar mayor cantidad de recursos a los que menos han recibido o tienen. Esta Ley todavía no se aprueba por los diputados del Congreso de la Republica, después de más de año y medio que empezó a socializarse, ajustarse y presentarse al Congreso de la Republica.
El Vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, ha dicho que la oposición política no puede negar la socialización que se ha hecho de dicho anteproyecto de ley, valorándose e incorporándose los comentarios y observaciones de actores diversos, incluyendo los representantes del empresariado nacional aglutinados en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), principal opositor de la Ley.[1]
Y es que, contrario a funcionarios del gobierno del Partido Libertad y Refundación (LIBRE)que apoyan la aprobación de la Ley, dirigentes de partidos de oposición, cúpula empresarial e incluso personeros de la Embajada Norteamericana, son del criterio que la ley generará un clima de incertidumbre contra la inversión en el país, afectando la producción nacional, exportaciones, flujo de divisas y empleo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y demás organismos de cooperación internacional apoyan la aprobación de dicha ley, dado que las posibilidades de Honduras para avanzar en el cumplimiento de objetivos y metas de desarrollo, con los recursos existentes y prebendas, no son muy favorables.
Para éste Organismo, la vigencia de la Ley Tributaria es una precondición para avanzar en el cumplimiento de las metas de compensación social, caso de reducción de la pobreza extrema, creando un espacio fiscal para atender las demandas de gasto social e inversión, pero también una garantía para que el Estado disponga de recursos para honrar sus deudas sin otorgar privilegios a ciertos grupos económicos beneficiados de ello. Honduras tiene en vigencia un convenio con el FMI de 36 meses, iniciado en agosto de 2023, que le puede facilitar el acceso a unos 830 millones de dólares, tan necesarios para enfrenar, entre otros desequilibrios, aquellos de tipo social, ambiental y financiero como las cuentas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Hay implícito también presiones por una mayor devaluación de la moneda nacional y liberalización del mercado cambiario.
Al parecer la correlación de fuerzas en el Congreso de la Republica, es desfavorable al partido de gobierno, ya que varios de sus diputados han sido juramentados como candidatos y miembros del Partido Liberal, sumado a los diputados del partido “Salvador” de Honduras, que han vuelto a su redil. Tanto los miembros del Partido Nacional, y los diputados de Partido Liberal (fortalecido) y Partido “Salvador” de Honduras, están en contra de aprobar la Ley de Justicia Tributaria, al considerarla una fuente de ingresos alternativa de LIBRE para financiar y apoyar la campaña política de sus aspirantes a cargos de elección popular, sobre todo de la abogada Ricci Moncada, candidata a la presidencia de la Republica desde ya.[2]
Esta propuesta de Ley ha recibido el apoyo de ochenta y cinco (85) economistas, entre los que se incluye Joseph. E. Stiglitz, premio Nobel de Economía y una autoridad mundial en temas de globalización y Finanzas del Sector Publico. Su tesis es simple: Tu deuda pública total no debe ser mayor al monto de tus ingresos que captas por impuestos; en el caso de Honduras, un país agobiado por una crisis política de arrastre, narcotráfico, corrupción, desempleo, migración, hambre, y fuerte endeudamiento externo, es inconcebible seguir como una política tributaria regresiva y excluyente.
El endeudamiento es permanente en el país, ya que sigue dependiendo de ingresos por exportaciones de bienes sujetos a precios en mercados internacionales y condiciones internas favorables (ejemplo el régimen de lluvias), mayores montos de inversión extranjera, préstamos y remesas familiares, ya que la ayuda bilateral ha caído al retirarse varias agencias de cooperación del país y/o reducir su personal o actividades. Ello, aun cuando, el gobierno actual ha hecho grandes esfuerzos por mantener el perfil de la deuda externa manejable, utilizando criterios de eficiencia y control del uso de dichos recursos, pero también honrando sus compromisos.
“Al I Trimestre de 2024, el saldo de la Deuda Pública de la Administración Central se sitúo en US$16,421.7 millones, en el cual se observó una reducción con el saldo de la Deuda de aproximadamente 2.0% con respecto al mismo período de 2023 (US$16,758.0 millones), explicado principalmente por la amortización del Bono Soberano Honduras 7½ efectuada el 12 de marzo del 2024, así como los pagos realizados a los acreedores multilaterales, bilaterales y bancos comerciales, las amortizaciones influyeron para que la relación deuda PIB para este trimestre se ubique en 43.2%,”.[3]
La evidencia demuestra que los ingresos internos del gobierno pueden aumentar, y balancear las condiciones de financiamiento del gasto social e incluso de la condicionalidad de endeudamiento externo, caso de las políticas que se recomiendan cuando se acude a la banca privada y organismos financieros internacionales. (OFIS), donde se busca una tasa de interés y condiciones de préstamo manejables para la economía del país y garantía de impacto de los recursos en el cumplimiento de las metas propuestas en programas y proyectos de inversión productiva y social.
Honduras depende mayormente de la efectiva recaudación de ingresos tributarios para financiar el llamado gasto de desarrollo, que se complementa con recursos externos. Se focalizan mayormente en impuestos indirectos, como el impuesto sobre ventas, aporte vial (combustibles) e importaciones, sumado al pago anual del impuesto sobre la renta, lo que representa más de 85% de los ingresos recaudados.Los impuestos a la propiedad y las ganancias de las empresas “literalmente” son inexistentes, aunque se reconoce que en el agro mucha de la tierra apta para la producción de exportación y alimentos no está en uso.
Hay evidencia que los ingresos tributarios aumentaron en lo que va del gobierno de Xiomara Castro, pasando de 118,359.6 millones de lempiras en 2021 (último año del gobierno de Juan Orlando Hernández) a 137,519.3 millones de lempiras en 2022 y148, 863.6 millones de lempiras en 2023, esperando superar la meta en 2024, con una evidencia manifiesta de reducción de la inflación. No obstaste, el gasto tributario por exoneraciones fiscales ascendió a 56,560 millones de lempiras en 2023, con tendencia a superar el umbral de 60,000 mil millones de lempiras en 2024.
El expediente de la discusión de la Ley Tributaria remite a los antecedentes para la construcción de una país de” privilegios”, no de incentivos sostenibles al capital y retornos al país receptor, gestado desde más de 50 años, pero hecho visible después del madrugón a Manuel Zelaya Rosales en junio de 2009. La tesis central del gobierno es que los resultados positivos de estos sacrificios fiscales para el país son muy pocos, frente a los mayores beneficios para el capital. Se estima que entre 2010-2023 se dejaron de recaudar unos 20,105 millones de dólares, mayor al monto de deuda pública nacional de 16,667 millones de dólares[4].
En un informe reciente sobre el Clima de Inversión en Honduras para 2024, del Departamento de Estado de EEUU[5],se argumenta que existe incertidumbre sobre las políticas y legislación vigente que provoca oportunidades limitadas para la inversión, además de la denuncia que el gobierno busca hacer crecer el papel del Estado en la economía frente a los incentivos y reglas aprobadas. Se cuestiona que el gobierno de Xiomara Castro derogó la Ley de Empleo por Hora creada con un alcance temporal en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa ( 2010-2013) y consolidada en el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2021); pero también la Ley que dio vida a las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDEs), que todavía sigue vigente por que no se ha ratificado por el Congreso Nacional dicha derogación, ni aceptarse la mediación del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde Honduras prácticamente se retira a partir del 25 de agosto de 2024.
Se dice muy poco sobre el respeto de las reglas a la inversión apoyadas por el gobierno, caso de la vigencia de la Ley de Promoción e Incentivos a la Inversión, la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) y el RD-CAFTA con impactos negativos en la producción de alimentos, resaltando –eso sí- sus bondades para el país.
A ello se suman los ingresos que ha dejado de percibir el Estado con la vigencia de las Zonas Libres (ZOLI), que datan desde 1976 y que fueron ampliadas hasta 2050 por el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH). Igual, es el caso de las Zonas Industriales de Procesamiento para Exportaciones (ZIP), que ha generado una fuerte dependencia deinsumos externos, avanzando muy poco en la incorporación de productos de mayor valor agregado en términos netos con insumos locales, lo que demuestra un encadenamiento con los sectores productivos muy débil.
Se ha dicho por las autoridades de la SAR y la Secretaria de Finanzas, que varios de los incentivos fiscales creados no desaparecen, sino que se ordenan y mejora su control y regulación, caso de las Zonas Francas para la Exportación y el nuevo Régimen de Incentivos para el Desarrollo de la Inversión (RINDE) para las empresas que producen para el mercado interno. Igual se busca hacer más transparente las operaciones y eliminar la institucionalización de la corrupción creada, denominada por el Ministro-Director de la SAR, Cristian Duarte, corrupción estructural. Se avanza en conocer más del mal llamado secreto bancario y destrabar el marasmo legal, institucional e incluso financiero que orillan al país a convertirse en un paraíso fiscal, tal como se puede estar tipificando a Costa Rica.
Se espera que la Ley sea aprobada con las reformas incorporadas, dando cabida a un proceso de operación y funcionamiento de los nuevos regímenes fiscales con criterios de transparencia y rendición de cuentas. Igualmente, la SEFIN y Secretaria de Planificación Estratégica (SPE) cuentan con los instrumentos para garantizar que los recursos se destinen a las prioridades establecidas en los planes estratégicos sectoriales e institucionales.
Una preocupación de los miembros de la cúpula del COHEP y equipos técnicos, es el gasto “burocrático” del gobierno, por lo que la aprobación de la Ley debe ser acompañada con políticas de racionalización del gasto público ( Honduras introdujo el Presupuesto Base “O”), definiendo las competencias y áreas de actuación de cada institución pública y haciendo más visible y detallada la información de la ejecución física y financiera de los montos asignados, ejecutados y modificados a cada Secretaria de Estado, instituciones y gobiernos locales.
El economista Joseph E. Stiglitz reconoce que hay ineficiencia en el sector público, pero también existe en el sector privado, por lo que importa un trabajo conjunto para garantizar una mayor productividad del gasto público, sobre todo cuando este busca reducir grandes brechas que les afectan a ambos.
Notas:
[1]El Ministro-director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Cristian Duarte, manifiesta que es una cúpula empresarial la que se opone a la aprobación de la Ley, no los medianos y pequeños empresarios que son mayoría.
[2]En realidad estos recursos tienes desde ya destino, si se considera los graves problemas que enfrenta la economía y sociedad hondureña, caso de la inestabilidad financiera, pobreza, hambre, desempleo, insuficiente equipamiento social básico e infraestructura vial. En el Congreso Nacional, ciertos diputados del Partido Nacional, consideran que de aprobarse la Ley debería elaborarse un plan detallado de ejecución y uso de los recursos, incluyendo el apoyo a los gobiernos locales.
[3] Ver Deuda Publica de la Administración Central Honduras, Secretaria de Finanzas, pág. 2.
[4] Ver Carta de Apoyo a la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, Tegucigalpa, 31 de julio de 2024.
[5] Ver Informe del Clima de Inversión en Honduras (Departamento de Estado EEUU), 17 de julio de 2024.
Javier Suazo. Economista hondureño, especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.
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