La justicia de Islandia emitió una orden de arresto internacional contra Sigurdur Einarsson, quien llevó a la bancarrota al Banco Kaupthing en 2008, en el marco de una investigación sobre las causas de la crisis financiera que golpeó entonces a este país
Se busca a Einarsson por falsificación, malversación y fraude, reza un comunicado de Interpol, la policía internacional, difundido el martes.
Einarsson, quien vive en Londres, no quiere viajar a Reikiavik, por temor a ser detenido. Las autoridades islandeses se niegan a darle garantías.
La Oficina de Fraudes Graves de Gran Bretaña abrió una investigación en diciembre sobre el presunto fraude del Banco Kaupthing, que trataba de atraer inversores británicos para sus cuentas de alto interés.
Kaupthing era el mayor banco islandés antes de dar quiebra.
El ex director general de Kaupthing, Hreidar Mar Sigurdsson, y el ex director de la sucursal de Luxemburgo, Magnus Gudmundsson, fueron interrogados el 6 de este mes por el fiscal especial, Olafur Thor Hauksson, tras lo cual el primero pasará 12 días en la prisión de Litla-Hrauni, en el sur del país, y el segundo, siete.
El fiscal especial fue designado en enero de 2009 para investigar los presuntos delitos que llevaron a la bancarrota a varios bancos en octubre de 2008.
Kaupthing, Glitnir Bank HF y Landsbanki Islands HF quebraron en octubre de 2008 tras acumular una deuda de 61.000 millones de dólares, equivalente a 12 veces el producto interno bruto de este país.
Islandia cayó en una profunda crisis económica que enfureció a la población. El gobierno debió hacerse cargo de los tres bancos y pedir un fondo de rescate al Fondo Monetario Internacional.
«Investigamos la presunta manipulación de los mercadoa realizada por Sigurdsson y Gudmundsson, préstamos ilegales e infidencia», respondió Bjorn Thorvaldsson, uno de los integrantes de la oficina del fiscal especial, al ser consultado por qué estaban detenidos los dos hombres.
La jueza de instrucción franco-noruega Eva Joly fue designada asesora de Hauksson dos meses después de que éste asumiera el cargo.
Joly presionó para obtener más fondos y más personal para seguir adelante con el proceso de investigación.
Gracias a que la comisión especial de investigación del parlamento, Althingi, publicó el 12 de abril de este año un informe sobre las causas de la quiebra de los bancos islandeses, fue posible detener a los dos directivos.
Los investigadores entrevistaron a bancarios, ministros, funcionarios de la Autoridad de Supervisión Financiera, del Banco Central de Islandia y de otros organismos estatales. Pero aclararon que la «comisión no se concentró en las responsabilidades de los directivos en sus operaciones».
«Los bancos invirtieron sus propios fondos en sus acciones y las pusieron como garantía de sus préstamos», señala el informe.
«El valor de las acciones cayó y con ellas la calidad de sus carteras de préstamos, lo que pudo afectar la rentabilidad de los bancos y, por consiguiente, el valor de sus títulos», prosigue.
«Además, los propios empleados poseían cantidades significativas de acciones en su propio banco, a veces hasta financiadas por la misma institución», añade.
El equipo de Hauksson utilizó información del documento, considerado riguroso e implacable por los islandeses, para armar el caso e interrogar a Sigurdsson y Gudmundsson.
Fue una «muy buena investigación», señaló Joly en una reunión que mantuvo con la primera ministra islandesa Johanna Sigurdardottir. Dio a los «organismos examinadores una buena descripción de los hechos que precedieron al descalabro económico», añadió.
Los investigadores también van a interrogar a los directivos de Kaupthing, Ingolfur Helgason y Steingrimur Arason, los que llegaron el lunes al país.
Arason dirige actualmente la consultora financiera Consolium.
También fueron entrevistadas autoridades de las empresas que trabajaban con Kaupthing antes de la quiebra.
El profesor de economía de la Universidad de Islandia, Thorvaldur Gylfason, alentó a las autoridades islandesas a «pedir ayuda a Polonia sobre cómo lidiar con siete políticos y funcionarios públicos que, según la comisión especial del parlamento, ‘mostraron negligencia'», una forma políticamente correcta de decir que faltaron su deber de forma notoria».
«El parlamento polaco aprobó una ley para reducir las pensiones, y los privilegios asociados, de 40.000 ex agentes del servicio de seguridad. Sus retribuciones eran en promedio el triple de las de un ciudadano común», apuntó.
El comentario de Gylfason hacía referencia a la principal conclusión del informe que sostiene que el entonces primer ministro, Geir Haarde, ministro de Finanzas, Arni Mathiesen, y ministro de Asuntos Empresariales, Bjorgvin Sigurdsson, fueron negligentes «al no responder de forma adecuada al peligro inminente que significó la deteriorada situación de los bancos para la economía islandesa».