Este 2 de marzo es el cuarto aniversario de la siembra de la brillante líder indígena y feminista Berta Cáceres. Berta fue cofundadora del COPINH y fue asesinada por su valiente lucha en defensa de los territorios indígenas y sagrados del Pueblo Lenca, en Honduras, y quien resistió, junto al COPINH, contra la construcción del Proyecto Agua Zarca de la empresa Desarrollo Energeticos Sociedad Anónima (DESA).
Aun cuando, el 2 de diciembre de 2019, un tribunal hondureño condenó a siete hombres por el asesinato de la líder del COPINH Berta Cáceres, los que ordenaron este crimen siguen impunes.
Recordemos que entre los condenados está Douglas Bustillo, un graduado de la Escuela de las Américas (SOA) y el ex jefe de seguridad de la empresa DESA, el ex Mayor del Ejército hondureño Mariano Díaz, graduado también en la SOA y con entrenamiento “antiterrorista” en la Academia Interamericana de la Fuerza Aérea de Texas, EEUU, quien, además, fue instructor de la Policía Militar y jefe de inteligencia militar del Primer Batallón de Honduras.
Sin embargo, ni Bustillo ni Díaz, ni ninguno de los cinco condenados, fueron los que ordenaron y pagaron por el asesinato de Berta Cáceres. Los condenados tuvieron roles relacionados con la preparación o ejecución del asesinato, pero el dinero y la orden para llevar a cabo este crimen venían de arriba. A cuatro años del asesinato de Berta Cáceres, ninguno de los autores intelectuales se ha enfrentado ante la justicia.
En Febrero pasado, la Misión de Observación Calificada por la Causa Berta Cáceres, presentó un nuevo informe de seguimiento, donde también expresaron que “La justicia en la causa Berta Cáceres no será plenamente realizada hasta que las responsabilidades por la autoría intelectual de los hechos y por las diferentes acciones de retraso y entorpecimiento de la investigación y juzgamiento del caso sean establecidas”.
Al recordar a Berta Cáceres recordamos a tantas y tantos otros que han sido asesinados en Honduras después del golpe de Estado, apoyado por EEUU, el 29 de junio de 2009, y que fue encabezado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Orlando Vásquez Velásquez y por el jefe de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince Suazo; ambos graduados de la Escuela de las Américas del Ejército de los EEUU.
En Honduras, desde el 2009 en adelante, se han documentado 13 desapariciones forzadas y más de 160 activistas sociales y defensores de la tierra han sido asesinados. Entre ellos, se cuentan las más de 30 personas que fueron asesinadas por protestar contra el fraude electoral consumado el 26 de noviembre de 2017 por Juan Orlando Hernández.
Un reciente Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (OACNUDH) para los Derechos Humanos señaló que a “dos años después de los hechos, ningún caso de violación a los derechos humanos ha obtenido una sentencia condenatoria. La mayoría de las violaciones graves documentadas por la OACNUDH, como ser las presuntas ejecuciones sumarias o extrajudiciales y la desaparición forzada, siguen bajo investigación; otras no han sido investigadas”. El informó también denunció “la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas en las investigaciones”.
A cuatro años del crimen de Berta Cáceres, expresamos nuestra solidaridad con sus familiares, con COPINH, con el pueblo de Honduras, y expresamos nuestro continuo compromiso de rechazar la impunidad que continúa prevaleciendo en Honduras. ¡Continuamos exigiendo la verdad, la justicia y las garantías de no repetición!