“La OCDE ha venido preparando pautas para la identificación de los “paraísos fiscales”, destacando especialmente la falta de transparencia y de un efectivo intercambio de información con otras autoridades tributarias” (Víctor Tanzi)
Hay todavía una creencia generalizada en sectores privados de la economía hondureña que la exportación de productores primarios y bienes maquilados, es la solución que tiene el país para salir del atraso económico y social. Incluso, están convencidos que los gobiernos del partido nacional y liberal en el poder han estimulado estas actividades económicas con incentivos fiscales, en tanto no existen otras opciones para el desarrollo.
Ello, quizá se deba, a que el modelo de sustitución de importaciones ejecutado en el país se distorsionó al seguir apostando a la exportación de “postres”, aún después que el Estado había creado las condiciones para que las empresas sustituyeran, al menos, la importación de bienes de consumo. En una comparecencia televisiva, el asesor del Congreso Nacional, Claudio Salgado, justificó la nueva Ley de Justicia Tributaria que el Ejecutivo enviará a este órgano legislativo, en la existencia de empresas que gozan de dichos beneficios desde hace más de 70 años. Es decir, en Honduras, la protección de aquellas empresas orientadas a transformarmateria prima (local o importada) y sustituir importaciones no avanzó y quedaron tipificadascomo industrias “nacientes” permanentes.[1]
Igual, hay empresas que se han beneficiado de protecciones arancelarias, regímenes especiales como las Zonas Libres (ZOLI) y Regímenes de Importación Temporal (RIT), que vienen funcionando desde hace más de 30 años, sin que exista plena evidencia que se han cumplido los objetivos para los que fueron creados: empleos y pagos de salarios, compras locales y valor agregado final; además del aumento de la Inversión Directa. Estas empresas no pagan impuestos y derechos arancelarios, municipales y sobre la renta, entre los más importantes.
Hemos apuntado en otros trabajados (Suazo: 2019)[2], que lo que sucedió en gran parte de los países latinoamericanos y centroamericanos en particular, fue la vigencia de un modelo de desarrollo “aditivo”, o sea que al modelo o estrategia de desarrollo tradicional (orientado hacia afuera) se sumó el incipiente modelo de industrialización, pero queno lo sustituyó. Las empresas transnacionalesy ciertos empresarios locales beneficiados del modelo anterior, rápidamente aprovecharon los controles de las importaciones, incentivos fiscales y de otro tipo otorgados por el Estado, integrando en parte la producción de bienes para la exportación al mercado interno y regional, con escaso valor agregado.
Frente a la crisis evidente de este modelo, en tanto los recursos financieros externos ya no estaban o están disponibles en los montos requeridos, sumado a debilidades de las economías por captar ahorro interno y enfrentar los retos y demandas de inversión productiva y social, se generalizaron regímenes de importación temporal y zonas libres de ensamblaje y procesamiento industrial, sin que fuera evidente la sustitución de productos importados, y más bien lo visible fue y ha sido la importación de insumos y piezas para armar y generar productos de consumo, muchos de los cuales se comercializan en el mercado interno, afectando a productores nacionales que usan mayormente materias primas e insumos locales.
Con la vigencia de los programas de estabilización y ajuste estructural de la economía hondureña y, posteriormente, derivado de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), con la aprobación del tratado de libre comercio RD-CAFTA, se pensó que esto iba a cambiar y más bien empeoró. La demanda de productos importados aumentó, incluyendo aquellos considerados “sensibles” para el pueblo hondureño como los granos básicos (maíz y arroz), lácteos y carne de cerdo; pero también la producción de prendas de vestir y arneses principalmente, cuyas empresas se acogieron a los regímenes de zonas francas y de procesamiento, caso de las maquilas.
Ello no paró allí. Se agregó las comidas rápidas, el sector energético (con proyectos de energía renovable), turismo, los agros negocios y la minería, creados después del golpe de Estado a “Mel” Zelaya (junio de 2009); destacando también las Alianzas Público-Privadas (APP) y Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs).
La nueva Ley de Justicia Tributaria que elaboró el Servicio de Administración de Rentas (SAR) con instrucciones de la presidenta de la Republica, Xiomara Castro, se está socializando con organizaciones de sociedad civil y Mi pymes, ya que la cúpula del sector privado aglutinada en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la rechaza y consideran que, de aprobarse, generará un desempleo formal adicional mayor de 200,000 personas.
La cuantía de los recursos exonerados, unos 451,415 millones de lempiras según el SAR, y los pocos resultados obtenidos en aumento de puestos de trabajo, valor agregado final, compras locales e inversión directa (no reinversión de utilidades), es una de las principales justificaciones para que el Congreso Nacional se muestre anuente a discutir la propuesta de la nueva Ley Tributaria, frente a un “combo” de leyes y políticastributarias regresivas e inequitativas vigentes, con aumento de la evasión fiscal, falta de transparencia, corrupción y número de pobres.
“El monto de los impuestos exonerados en estos 12 años supera el total de la deuda pública. 25 grupos económicos, a través de 137 empresas, acumularon más de 30 mil millones de lempiras; el 50.59% de la totalidad de las exoneraciones fiscales entre 2019 y 2021. La defraudación fiscal operada a través de redes de corrupción público-privadas fue resguardada por la negligencia del sistema judicial y la falta de control de las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo. La tragedia humana que Honduras ha vivido en esta última década, evidencia el fracaso de este modelo que nos ha heredado 2.8 millones de nuevos pobres y más de 1 millón de exiliados económicos”[3].
Dentro del gobierno, hay funcionarios públicos que han manifestado estar en contra de la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria. El Ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, consideraque el proyecto no es de refundación, sino para refundir el país y la economía. Igual sucede con el designado presidencial Salvador Nasralla, convencido que con la nueva ley se incrementarán los impuestos para los hondureños en EEUU que ganan más de 10,000 dólares, contradiciendo al Vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Pino, que no habrá más impuestos para el pueblo.
El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Mateo Yibrín, catalogó la reforma tributaria como ideológica y populista, misma que dice al mundo que Honduras deroga «todos» los incentivos a la inversión. “Aprendamos lo que está pasando en Nicaragua, tenemos que entender que Honduras no es una isla, no es el único país de Centroamérica, puede sufrir los males que sufren los países vecinos», dijo en Asamblea General del Cohep[4].Para Daniel Fortín, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), la nueva ley es una insensatez ya que busca destruir al sector privado. Las Mi pymes generan el 70% de los empleos, pero las medianas y grandes pagan el 70% de los impuestos [5] Es una propuesta unilateral del gobierno, no de los actores involucrados. Pero, desconoce, la divulgación y socialización que viene haciendo el SAR y la Secretaria de Planificación Estratégica (SPE), igual los efectos negativos del “combo” de leyes en la disponibilidad de recursos para inversión pública y combate de la pobreza.
La Embajadora de EEUU en Honduras, Laura Dogu, es del criterio que las exoneraciones están mejorando la competitividad del país, ya que los costos de la mano de obra y energía eléctrica son altos. Si estas exoneraciones se derogan, la inversión externa puede verse afectada. La Embajadora se ha venido oponiendo a todo lo que aprueba la presidenta Xiomara Castro y el Congreso, como ejemplo la Ley de Empleo por Hora, declaración de la energía como patrimonio nacional y bien público y derogación de la Ley de las ZEDEs, sin valorar que son promesas de campaña que la presidenta está obligada a cumplirle al pueblo para su beneficio.
La Bancada del Partido Nacional considera la Ley de Justicia Tributaria como un instrumento jurídico que no promueve la legalidad, no alienta las inversiones ni el empleo, la producción nacional, turismo y la construcción de viviendas. Además, graba las remesas familiares y elimina el secreto bancario[6]. El presidente de la Bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rafael Sarmiento, espera que el proyecto sea remitido oficialmente al Congreso Nacional para su socialización con los diputados de dicho partido y de los opositores.
El presidente del Comité Central Ejecutivo del Partido Liberal, Yani Rosenthal, “propone que la Ley de Justicia Tributaria sea un pacto fiscal entre el Gobierno, empresa privada, consumidores y trabajadores, pues como está es “sumamente inflacionaria”[7], ya que habrá un aumento en el costo de la canasta básica y se ahuyentará la inversión extranjera y nacional.
Cuáles son los escenarios que se visualizan para la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria en el Congreso de la Republica. El más optimista es que se logre el consenso entre directivos y miembros de las bancadas de los partidos, en tanto es un instrumento que pondrá un “alto” al abuso de las exoneraciones fiscales por empresas de mayor tamaño que han venido operando sin control. Están presente en la propuesta del Licenciado Marlon Ochoa, Ministro del SAR, los principios de capacidad, universalidad y progresividad. El primero para legitimar al Estado y las funciones del gobierno al recaudar y disponer de los recursos necesarios para enfrentar los retos del desarrollo; el segundo, para que los contribuyentes no reciban tratos especiales y diferenciados generando exclusiones y privilegios desmedidos; finalmente, el tercero, o sea el que más gana más paga.[8].
La preocupación del Ministro Ochoa y su equipo al realizar esta propuesta del Ley Tributaria, reafirma las conclusiones de estudios anteriores sobre la regresividad del sistema tributario hondureño, teniendo la política fiscal poca incidencia en la reducción de la pobreza y desigualdad. “Luego que las personas pagan sus impuestos y reciben del Estado subsidios y transferencias monetarias y en especie, la pobreza total en Honduras se incrementa en un 7.8%”[9]; porcentaje superior al de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Las empresas que obtienen más ingresos y reciben más exoneraciones, pagan menos impuestos, contra los que tienen menos ingresos que pagan más, ya que, una categoría de impuestos, como el de ventas, se traslada a mayor número de población.
Se ha tratado de desinformar al pueblo, al decir que la nueva Ley Tributaria busca que las empresas no sigan recibiendo incentivos de este tipo. Estos incentivos deben ser otorgados a las empresas en forma ordenada y con tiempo establecido, ligándolos al cumplimiento de objetivos de desarrollo nacional, caso de la generación de empleos sostenibles, mayor producción nacional y exportaciones y reducción de la pobreza. Como en el caso de Bolivia, ello incluye también a las empresas que produzcan bienes de capital en asociación directa con la participación de inversiones Estado.
También es válida la preocupación del SAR por acceder y verificar información de las cuentas de las empresas con fines de tributación efectiva (combatir la evasión por falta de información) y garantizar que se paguen los tributos en el país, pero se aduce que esta información es secreta para protegerse de narcotraficantes, teniendo ya el gobierno los suficientes instrumentos para auditar las empresas en detalle.
Un segundo escenario es el llamado de “bacheo”, o sea aprobar la Ley de Justicia Tributaria pero con ajustes. El principal es que no se eliminen las leyes y exoneraciones, sino que se aplique el peso de la ley a las empresas que no cumplen tal como sugieren miembros del COHEP. El problema aquí es que la empresa es la mala no la legislación ni las prácticas evasivas, mucha de la cual caducó y data desde hace más de 70 años, sin que las empresas hayan cumplido con las condiciones exigidas. El sistema y los regímenes especiales han generado una selectividad y regresividad en los pagos de impuestos, que impacta negativamente en los recursos del Estado, pero también en los niveles de empleo y pobreza.
Al parecer, el COHEPrealizará un estudio sobre el impacto económico de la Ley y socializará una contrapropuesta en este sentido con los diputados de las bancadas de los partidos de oposición política, incluyendo al partido Salvador de Honduras cuyo “líder” está defrente control el gobierno; a la cual se agregarán ONG y los dueños de medios de comunicación que también han sido beneficiados.En esta contrapropuesta se incluiría la disminución del impuesto sobre ventas de 15% a 12%, como estaba antes, por considerarlo un impuesto regresivo que lo paga el consumidor, pero con impacto fuerte en los ingresos del gobierno.
Hay un escenario intermedio que agarra de los dos anteriores, fundado en discusiones entre miembros de las bancadas, dirigentes políticos y ciertos líderes de la cúpula empresarial, peroel COHEP como organización y diputados de oposición exigirán otras condiciones previas, como la aprobación de una nueva ley de empleo por hora o parcial como la llama Mauricio Villeda, diputado del Partido Liberal. El gobierno de la Republica, pero sobre todo los diputados del partido LIBRE, no han presentado aún la reglamentación de la derogación de la Ley de Empleo por Hora anterior, por lo que la exigenciaal y desde el legislativo gana terreno. También habrá oposición a que desaparezca el Consejo Nacional de Inversiones (CNI), sin una evaluación previa.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) está a favor de la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, ya que le permite al país poder disponer de recursos para honrar su servicio de la deuda externa, y seguir endeudándose sin comprometer el proceso de acumulación de reservas internacionales como respaldo. El saldo de la deuda pública externa fue de 9,540.1 millones de dólares a diciembre de 2022, aumentando los pagos por servicio de la misma a unos 600 millones de dólares. Por los antecedentes habidos, donde el FMI apoyó la realización de estudios fiscales en Honduras con énfasis en el gasto tributario, exoneraciones y resultados, la aprobación de la nueva Ley sevisualiza como una condición previa para que Honduras pueda firmar un convenio de préstamo de mediano plazo con dicho organismo.
Hay que tener presente que la SEFIN y el SAR ha socializado, a los menos tres estudios relacionados, por lo que desde hace tiempo existe una justificación técnica en el lenguaje del FMI para avanzar con la aprobación de la nueva Ley Tributaria.Estos estudios fueron congelados por el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), amparado en la Ley de Secretos (Decreto 418-2013), que fue derogada por el gobierno actual en marzo de 2022.
Preocupa la ausencia de la academia en este tipo de debates. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAH, parece que están en contra de la misma y apoyan o apoyarán las recomendaciones del COHEP, lo mismo sucede con las Universidades Privadas y los llamados “tanques” pensantes como el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), aun cuando ha sido un crítico permanente del uso indiscriminadode las exoneraciones por empresas de mayor tamaño y los pocos resultados en generación de empleos, reducción de la pobreza y desigualdad.
Tegucigalpa, DC, 19 de marzo de 2023
Notas:
[1] Antes de entrar Honduras a formar parte del Mercado Común Centroamericano (MCC), exportaba granos básicos a los demás países centroamericanos e importaba productos industriales, muchos de los cuales eran importaciones de países centrales o desarrollados, un claro ejemplo de desviación del comercio. Un instrumento que se aprueba para revertir esta situación, es la Ley de Fomento Industrial de 1958, que concede exenciones de gravámenes a las exportaciones, reducción de impuesto sobre la renta, franquicias para importar materiales, maquinaria, equipo industrial, combustibles, lubricantes, etc., como medio para fomentar la industria nacional. Véase el trabajo de Edmundo Valladares “50 años de Banca Central en Honduras 1950-2000”, Tegucigalpa, Honduras, 2001.
[2] Ver Javier Suazo en “Los Desafíos de la Trasformación Productiva en América Latina (caso de Centroamérica). Fundación FES Transformación. México, DF, 202º.
[3] Ley de Justicia Tributaria. Gobierno de la Republica de Honduras, marzo de 2023.
[4] Tunota.com 14-03-2023, Tegucigalpa, Honduras.
[5] Tunota.com.(15-03-2023).Tegucigalpa, Honduras.
[6] Pronunciamiento de la Banca del Partido Nacional en el Congreso de la Republica, 14 de marzo de 2023, Tegucigalpa, Honduras.
[7] Diario el País, jueves 16 de marzo de 2023.
[8] Ver para ampliación a Aaron Schneider “Construcción del Estado y Regímenes Fiscales en Centroamérica. ICEFI, Guatemala, 2014.
[9] Ver ICEFI “La Política Fiscal Reciente en Honduras (2013-2016), y sus efectos económicos y sociales. Tegucigalpa, Honduras, marzo de 2017, pág. 37
Javier Suazo. Economista hondureño especializado en políticas económicas y relaciones internacionales, con estudios doctorales en ciencias economías.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.