Para mi sorpresa hace pocos días escuché decir a un diplomático sudamericano que la Alianza del Pacífico, conformada por México, Perú, Colombia y Chile, es la organización de integración regional más estable y efectiva de América Latina. Realmente tal expresión enfática y sin ningún fundamento me hizo sonreír, pero no precisamente de alegría, sino ante […]
Para mi sorpresa hace pocos días escuché decir a un diplomático sudamericano que la Alianza del Pacífico, conformada por México, Perú, Colombia y Chile, es la organización de integración regional más estable y efectiva de América Latina.
Realmente tal expresión enfática y sin ningún fundamento me hizo sonreír, pero no precisamente de alegría, sino ante el disparate político y la escasa seriedad de lo señalado por el referido funcionario, por cierto, de alto rango.
Más por ética periodística, que por respeto profesional al diplomático, porque realmente lo merece poco, omito su nombre y el de su país de procedencia, y de paso evito emborronar cuartillas.
Contrario a lo que afirmó el funcionario, la realidad es que las cuatro naciones de Latinoamérica miembros de la Alianza del Pacífico, alentada por Estados Unidos, son en nuestra región las más inestables políticamente, las de mayores desigualdades, las más violentas, y «casualmente» las más cercanas a Washington.
México, Perú, Colombia y Chile enfrentan graves conflictos sociales, serios problemas de corrupción, y en el caso de los tres primeros el dramático «cáncer» del narcotráfico, que implica a todos los estratos de sus respectivas sociedades.
La impopularidad de sus gobiernos es un hecho reconocido no solo por encuestas, sino por sus propios representantes, y la escasa institucionalidad que tienen favorece que sean los poderes fácticos los que dominen e impongan las agendas oficiales, en detrimento del control del Estado.
Precisamente la presidenta chilena, Michelle Bachelet, pidió sorpresivamente este miércoles la dimisión total de su ejecutivo ante la escasa popularidad, y los hechos de corrupción que corroen su país.
Perú, por su parte, es un ejemplo fehaciente de ingobernabilidad. Durante el mandato de su actual jefe de Estado Ollanta Humala han sido disueltos seis gabinetes, y nombrados 7 primeros ministros y más de 60 titulares de carteras. Evidentemente si no es un record es un buen average.
También Perú clasifica entre los países más violentos de América Latina, similar a México y Colombia, y donde más operan bandas y grupos paramilitares vinculados al tráfico cada vez mayor de estupefacientes.
Los paramilitares son hoy el principal obstáculo al proceso de paz que se negocia para Colombia. La guerra y el narcotráfico constituyen importantes fuentes de ingresos para los representantes de los poderes fácticos, quienes apuestan por la continuidad del prolongado conflicto en ese país.
Del pobre colindante vecino de Estados Unidos ni hablar, es bien conocido el desorden que impera en México, agobiado por los crímenes, la impunidad de las bandas de traficantes de drogas, las desigualdades y la anarquía.
«Coincidentemente» las naciones que integran la Alianza del Pacífico resaltan por su «obediencia» a la Casa Blanca, y a la vez son los escenarios donde con total tolerancia «trabajan» la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), tentáculos de la norteamericana Agencia Central de Inteligencia (CIA) para la desestabilización en la Patria Grande.
Un elemento adicional, el citado bloque se dio a conocer en Perú el 28 de abril de 2011, y fue una «iniciativa» del entonces presidente Alan García, uno de los más corruptos exdignatarios latinoamericanos.
No hay duda alguna, esa organización, a diferencia de otras autóctonas e integracionistas de la Patria Grande, como el ALBA, UNASUR, MERCOSUR y CELAC, merece ser denominada la Alianza del «Mal» Pacífico.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.