El Estado tiene la obligación de preservar la vida de los ciudadanos. El Estado no tiene derecho a matar a los ciudadanos. Cuarenta y siete asesinados, los últimos en Juliaca con balas explosivas según relatan testigos.
La respuesta del gobierno sigue siendo la matanza de los manifestantes. Hay que detener esa masacre. Es indispensable buscar una respuesta inmediata y por supuesto otra de largo alcance. Ordenan a policías y soldados que disparen diciéndoles que los manifestantes son terroristas dirigidos por cabecillas, que son narcotraficantes, que son mineros ilegales, o lo más absurdo de todo que están manipulados por Evo Morales (“indio extranjero”). Conscientemente disfrazan la realidad, basándose en argumentos seudo ideológicos, racistas y chauvinistas. Esta es la única argumentación que ha sabido construir esa ultraderecha mafiosa, que lamentablemente aún conquista las mentes pacatas de parte de la ciudadanía limeña, y que gobierna al país.
Buscar un camino de solución, no es fácil para nadie. No hay un partido capaz de dirigir, pero hay dirigencias regionales y de movimientos sociales capaces de crear respuestas realistas. Un bosquejo sobre la respuesta inmediata debería pasar por los puntos siguientes:
- Los Gobernadores Regionales recientemente elegidos, nombrarán y darán origen a un Gobierno de Transición. El mecanismo legal deberá ser generado, creado, en ese espacio. La situación exige medidas radicales para una situación extraordinaria, si queremos evitar la continuación de la masacre y el muy probable inicio de una guerra civil, que está en ciernes. La frágil legalidad de hoy debe ser reemplazada por acuerdos políticos de los Gobernadores Regionales con los movimientos sociales de las regiones. La Presidenta deberá renunciar a su cargo; el Congreso deberá aceptar la función del Gobierno de transición; las FFAA y FFPP, se subordinarán a dicho Gobierno de transición.
- A nombre del Estado Peruano ese Gobierno pedirá perdón a la sociedad por los crímenes cometidos e indemnizará a los parientes de las víctimas; en este mismo marco nombrará una comisión investigadora que identifique a los responsables de las masacres ocurridas en los departamentos.
- Se realizarán reformas legales que permitan y garanticen mecanismos para Elecciones Generales en este año y las bases para la elaboración de una nueva Constitución que refleje el estado plurinacional y anti oligárquico del país.
Esto que parece ilusorio, debería ser la respuesta política de quienes hoy pretenden gobernar al Perú. Por qué la ultraderecha y la lumpenoligarquía deberían aceptarla. Porque de no ser así la violencia irá en aumento y caminaremos a pasos agigantados hacia una confrontación de proporciones inimaginables cuyos resultados son absolutamente imprevisibles.
La ofensiva imperial
Los poderes reales de la economía mundial, no quieren compartir ni medio centavo de cobre, con los pobres de la Tierra. Le exigen a los Estados Unidos mantener su rol de gendarme mundial y dentro de ese papel, le reclaman el haber perdido el control absoluto de América Latina, donde han surgido y continúan surgiendo gobiernos progresistas y opciones revolucionarias antineoliberales.
No es gratuito entonces, que el Gobierno democrático del MAS en Bolivia, se encuentre bajo una presión de la ultraderecha, donde sectores de la población de Santa Cruz, están en las calles luchando contra el gobierno.
Tampoco es casual el intento golpista contra la democracia y contra Lula en Brasil, donde como todos vimos, se tomaron el palacio de Gobierno, el Congreso y el Supremo Tribunal de Justicia. Todo ello en una réplica de lo ocurrido dos años atrás en Washington, alentado allá por Donald Trump y aquí por Jair Bolsonaro, bien escondido en Miami.
En Bolivia y Brasil, el modelo fascista de uso de población organizada contra los gobiernos progresistas, demuestra un aprendizaje acelerado de los Think Tank y de la CIA. Los mecanismos para destruir las opciones democráticas no se limitan ya a la prensa hegemónica con las noticias inventadas (fake news), el poder judicial (law fare) y la desestructuración del Estado, sino que le añaden las movilizaciones masivas de sectores populares, religiosos, y lumpenescos contra los gobiernos de avanzada, como ha ocurrido en Argentina o Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Similar violencia están preparando contra Petro y Francia Márquez en Colombia, donde el equipo de seguridad de la Vicepresidenta detectó explosivos en la ruta de su desplazamiento. Trucos mayores o menores implementan en Ecuador.
El coraje demostrado por los movimientos populares en Perú, tiene similitud con el movimiento indígena en el Ecuador y en Brasil. El camino de confrontación brutal, por el que han optado estas oligarquías, sin querer ceder ni ese medio céntimo, ya ha encontrado su límite. Las salidas son complejas y requieren de la unidad de las fuerzas democráticas, progresistas y de las revolucionarias, en un esfuerzo serio de humildad y vocación patriótica.
El camino se está trazando, la lucha será muy dura, pero tiene que ver con el rescate de la humanidad, la defensa de la naturaleza y la construcción de un nuevo orden mundial, capaz de redistribuir y de preservar. Las banderas de los derechos humanos básicos, la salud, la educación, la comida, el trabajo. Las banderas del feminismo, de la igualdad de género, de la defensa de la naturaleza y de la multiculturalidad encabezarán los próximos pasos de cualquier negociación.
En el Perú, la descentralización y el respeto y reconocimiento de derechos ciudadanos a los pueblos y nacionalidades que conforman el país deberán ser incluidas en esta marcha de construcción nacional y soberana.
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