En el Perú no hay años nuevos
La historia del Perú es la historia del colonialismo y la resistencia al mismo, de una desposesión permanente de territorios para el saqueo, que, con el neoliberalismo y el auge minero y agrario industrial por un lado y las economías ilegales del narcotráfico, la minería del oro y otras que lindan con la criminalidad, han llegado al despojo territorial de la mayoría del campesinado y de los pueblos del país. Primero fue el suelo, luego el subsuelo, y hoy como la minería y la agroindustria, también concentran la propiedad del agua. Incluso los cielos, los mares, son objeto de saqueo.
En este proyecto, las víctimas van en aumento, el empleo formal es reducido y terminamos con un país del desempleo, subempleo y la miseria generalizados. Con 70% de informales las instituciones del país se llenaron de buscavidas que habitan entre gente honrada y trabajadora y que aspiran a ser parte de una clase media que tiende a reducirse, sin importarle las consecuencias de sus ambiciones. Los pobres despojados del país buscan salidas en la migración, el cultivo de coca, la minería llamada ilegal, el transporte público, los mercados y otras actividades en manos de lumpen-empresarios, que también son despojados bajo extorsiones, secuestros, etc. por otros miserables que optan por organizarse en mafias en una cadena que tiene sus respectivos representantes congresales que han decidido aceptar como “madrina” de todas ellas a Keiko Fujimori y su organización criminal Fuerza Popular formada por delincuentes avezados; con trayectorias de hasta tres décadas, donde las corporaciones transnacionales, los lumpen terratenientes y empresarios criollo-mestizos y extranjeros, las mafias, los políticos y grandes despachos abogadiles, jefes militares y policiales, dueños y manipuladores de las necesidades populares como los bancos, farmacias, almacenes, universidades, que los representan configuran las sociedades mafiosas que buscan enriquecerse.
Vivimos en un contexto de paroxismo de la derecha global con centro en occidente en su guerra híbrida contra los pueblos del mundo. En muchos países de soportar la democracia han pasado a ser enemigos de esta y han emprendido una guerra cultural en defensa de la tradición colonial enalteciendo el hispanismo, la iglesia, a los supuestos aportes del colonialismo: universidad (donde solo había medicina y derecho), uso de la razón, civilización. Perú no escapa a esta corriente, con la particularidad de colocar como eje el impulso de la corrupción y la delincuencia.
2. La concentración de mafias en el actual gobierno ya es institucional y controlan bajo la dirección fujimorista el Congreso, las jefaturas militares y policiales, y los poderes gubernamentales. Han llegado a transgredir las líneas rojas aprobando leyes pro-crimen, evitando la cárcel o liberando de ella a grandes delincuentes y para conseguir los votos literalmente han prostituido el Congreso. La ecuación de la ilegitimidad presidencial resulta en 0.02% de aprobación para Boluarte y un 4% para el Congreso (considerando que es 3% con una margen de 2.8% de error, Datum, nov.2024), como consecuencia de la imposición de una dictadura cívico-militar de sicarios políticos del crimen organizado cuyo crecimiento es impulsado desde el Estado, junto al terror, los asesinatos y la miseria de las masas derivada de esa política.
Frente a un Estado en descomposición, un gobierno repudiado e inseguridad ciudadana extrema, el conflicto que hoy vivimos busca una salida en la rebeldía popular, van dos paros nacionales consecutivos, superando en dimensión y eficacia a las marchas, aunque con menos dirección política, surge cuando ante el inicio del juicio a Keiko, esta encuentra su salida en unificar a las bandas políticas y para conseguirlo dar leyes pro-crimen que satisfaga a todas las grandes mafias políticas, empresariales, narcopolíticas e incluso a los sicarios callejeros. Entre tanto, como distracción deciden las cúpulas mafiosas procesar a quienes califican de “caviares de izquierda”: Toledo, Vizcarra, Villarán, Lozano etc., como cortina de humo mientras se aprueban las mencionadas leyes pro-crimen. FP, sobre estimó su fuerza y cruzó varias líneas rojas, como aquella que lesionaba intereses de comerciantes, transportistas, pequeños y medianos empresarios e incluso a gran parte de informales y pobres de las ciudades. Para controlar al Congreso y sacar sus leyes pro-fechorías tuvo que aliarse con Cerrón y comparsas magisteriales, lo que no fue bien visto por un sector de la ultra derecha “bruta y achorada”. Tercero, por mantener ocupados a los congresistas con las leyes de su salvación,1 no solo abandonó la política social, sino que ante la resistencia y repudio popular aceptó los reclamos de los lumpen militares de todas las armas, gobernadores, alcaldes, mafias menores, empresarios creando una situación de corrupción generalizada y verdadera ingobernabilidad. Un remedo actualizado del gobierno de Fujimori-Montesinos. Al Congreso lo colmó de privilegios y a todos les ofreció impunidad. Un extremo de Dina fue utilizar las 8000 prefecturas, sub-prefecturas y gobernadores para crear un partido y buscar mantenerse en el ejecutivo y Congreso, otro fue el intercambio de favores personales (rolex, joyas, estética facial, etc.) por presupuesto para obras y cargos públicos. Y, finalmente, la red de proxenetas y prostitutas al interior del mismo Congreso y lo más grave, los crímenes de testigos que se ofrecieron como colaboradores eficaces o sombríos personajes de la función pública. Lo que expresa la expansión de la corrupción y de los poderes delictivos paralelos estructurados en redes regionales, sociales y económicas legales e ilegales a todas las instituciones en un país sin democracia, con reducida ciudadanía, donde los partidos son bandas, con un alto índice de impunidad al consolidar un estado de derecho delincuencial: la cacocracia.
3. La casta política2 está involucrada en la corrupción e infinidad de delitos y para lograr generar impunidad han llegado al extremo de aprobar en el Congreso en colusión con el ejecutivo, leyes claramente pro-crimen organizado. Las nuevas leyes ahora se dan con destinatario prestablecido, leyes para la mafia Fuerza Popular y su líder Keiko, otra para Dina, familia y su organización criminal, habrá otra para la familia Acuña y sus negocios anti-educativos, una más para los marinos y criminales de guerra, para gobernadores y alcaldes, para 100 congresistas procesados (de 130), y así sucesivamente. Modifican códigos y hasta la Constitución, cambian los procesos como la anulación de las fiscalías en la investigación, eliminan delitos, liberan delincuentes, se apoderan de instituciones, liberación de presos por fiscales. Y para los opositores hay desafuero de fiscales, policías y funcionarios honestos, condenas sin juicios para políticos, abusos judiciales, crímenes y secuestros.
Keiko y Dina, se blindan y con ellas a todas las bandas políticas afiliadas a cambio de votos congresales. La policía, muchas fiscalías y juzgados se ha privatizado, las FFAA reciben más y más privilegios a cambio de sumisión, los estudios de abogados y una pléyade de tinterillos y falsimedios de la lumpen-burguesía y trasnacionales corruptas son los mediadores y creadores de opinión pública; los ultraconservadores con sus universidades e iglesias afines embrutecen e inventan una guerra cultural en defensa del más burdo cretinismo que enarbola la hispanidad, enaltece el colonialismo y promueve una teología barata. En la economía, se mantiene el proyecto automático neoliberal y una dinámica sustentada en la narco-economía, la gran minería “legal” y la ilegal, los monopolios, la banca, el gran comercio en manos extranjeras (Chile), el extractivismo en la pesca, en el saqueo forestal, el tráfico de concesiones territoriales, el negociado de terrenos urbanos y rurales (y de órganos, de mujeres, migrantes, etc.), de las obras públicas y hasta de gobernadores, alcaldes y prefecturas.
4. El Congreso desde siempre ha descubierto que en los presupuestos para obras en el sector público estaría la fuente de su enriquecimiento y ahora lo manipulan a su antojo. Según Melciades Ruiz, en el presupuesto criminalidad y saqueo van juntos, citemos a Ruiz:
A) El Presupuesto Público 2025 asciende a S/ 251,801 millones, de los cuales el 64.3% es para el centralismo, mientras que 35,7% va a los gobiernos regionales y locales (Cerca de 2 mil municipios). La ciudad de Lima metropolitana es la primera en el reparto a los gobiernos locales. 105 millones frente a los S/. 317,511 que recibirá la municipalidad
B) En cada sector priorizado se han programado obras públicas y prima el gasto, sobre la inversión reproductiva como es el caso del sector agrario, el de la seguridad alimentaria que, aloja al sector social más empobrecido del país… del presupuesto asignado al sector agrario (7,495 millones), un solo programa Presupuestal “Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario”, acapara el 64,8% del mismo, priorizando inversiones en obras de riego que favorece a las empresas latifundistas transnacionales extranjeras con grandes irrigaciones costeras para la agro exportación que, este año, batió records de ventas y rentabilidad, a pesar de lo cual se les subsidia con la tributación y el valor de las tierras.
C) Según la contraloría, el costo de la corrupción e inconducta funcional habría alcanzado los S/ 24 267.8 millones, el cual equivale al 12.7% del gasto público consolidado (S/ 191 545 millones) y representa el 2.4% del PBI, siendo el departamento de Lima, el de mayor incidencia de corrupción. Por nivel de gobierno …“la mayor incidencia de pérdidas por corrupción e inconducta funcional se dá a nivel de gobiernos regionales y locales, con 15.4% y 13.1%, respectivamente. En términos monetarios, el gobierno nacional encabeza las cifras de pérdida con casi S/ 12 mil millones, que corresponde al 49% del valor total de perjuicio estimado para todo el gobierno general. Según esta investigación el costo de la corrupción e inconducta funcional alcanzaría los S/ 10 248 millones para el Poder Ejecutivo, lo que representaría más de dos tercios (85%) del perjuicio que se habría ocasionado al país”.3
5. La soberanía fue completamente sustraída al pueblo, cediéndola al saqueo de instituciones entreguistas, como las FFAA y PP y al imperio a cambio de un probable refugio post-gubernamental. De este modo, las potencialidades de poder popular para decidir fueron eliminadas. No solo cerró toda posibilidad de cierre del Congreso, sino que cerró las puertas al referéndum, a una asamblea constituyente y a cualquier cambio de las reglas democráticas. Excluyo a todo funcionario probo, independiente o solo aceptable. Hoy, buscando protección futura ante la culminación de mandato y los procesos que se avecinan, aceptan que el país vuelva a ser un área vital para Estados Unidos4, objeto de saqueo de innumerables materias primas: petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad de sus selvas tropicales, agua dulce, etc., mano de obra barata que incluyó a la enorme cantidad de migrantes venezolanos (en el gobierno de PPK y posteriores) irregulares que no tienen aprendizaje de oficios. Aseguran así el pago continuo de los servicios de las deudas externas con que su banca tiene amarrados a los países de la región, productos y servicios que les impone; garantizados por una supuesta custodia del sub-continente latinoamericano al milímetro con 8 bases militares sin considerar la Unidad de Investigación Médica Naval Sur (laboratorio de investigación biomédica) y la IV Flota de su Armada navegando por las costas del Pacífico. Las FFAA siguen siendo fuerzas de ocupación, preparados en la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por la Casa Blanca, con el pretexto de una pretendida defensa de la democracia y los derechos humanos, en tiempos de bancarrota total de los regímenes llamados democráticos a nivel global: en Europa Georgia, Rumanía, Ucrania, Francia, etc. otros de América Latina como el Perú, del Medio Oriente como Siria y otros más del Africa o Asia. Un país neocolonial, sin soberanía, invertirá 3 mil 500 millones en armamento para todas las FFAA y PP, si solo reciben 1% de ese gasto podrán repartirse “legalmente” 35 millones entre generales y almirantes.5
6. Los cambios en la subjetividad, aunque no logran hegemonía provocan destrozos. El poder conservador y corrupto impone una guerra cultural étnico clasista hispanista, racista, excluyente, sexista, antidemocrática y anti estado como parte del bombardeo ideológico-cultural inmisericorde y constante, a través de los medios masivos de comunicación y redes sociales; un discurso dominante impuesto con fuerza apabullante de derecha, conservador, entronizando el libre mercado, denostando lo estatal-social, criminalizando la protesta social, y a la vez estimulando un grosero individualismo hedonista, intentando de ese modo reemplazar en la ideología del día a día cualquier intento de cambio. La salida de la miseria no trasciende el plano personal: delincuencial, los estudios superiores en universidades embrutecedores o la migración hacia Estados Unidos, Europa, etc. Otros, ante el fracaso, se refugiarán en las drogas o en la religión, en sectas neo-pentecostales u otras religiones que paralizan, anestesian la protesta e intentan sepultar el pensamiento crítico sin el mínimo éxito. desconectar a las juventudes de su opción por la rebeldía,
7. La minería es el mejor ejemplo de cómo el Estado en su totalidad ya está bajo el poder de la criminalidad y de ella no escapan los diversos sujetos involucrados. La minería es la actividad extractivista por antonomasia y cada día se complejiza más. Consideramos que toda ella linda con la ilegalidad y criminalidad, con la apropiación territorial, la contra reforma agraria, el despojo campesino y comunitario, los nuevos mercados agrarios. La gran minería inscrita en la legalidad se apropia del subsuelo negado a los originarios el acceso a los yacimientos y negocia las concesiones. Si revisamos la política de concesiones mineras, encontramos que son 20 millones de hectáreas concesionadas (20% del pais), y de acuerdo con CooperAcción, existen 15 empresas mineras que controlan cerca del 20% del total. De este modo el espacio para la pequeña e incluso mediana minería esta sometida a una estrategia mayor de acaparamiento de tierras a través de concesiones mineras. Sin embargo, la minería llamada ilegal se calcula que mueve 10 mil millones de dóalres según informe de la Unidad de Inteligencia Financiera. La mediana y pequeña minería informal, ilegal y criminal están articuladas a la gran minería, no solo económicamente sino también políticamente, a falta de propuestas de la izquierda.
El conflicto entre mineros no debe hacernos olvidar que la gran contradicción se da entre la gran y mediana minería con su pléyade de sectores que se enriquecen con ella (bancos finanzas, políticos, funcionarios judiciales, etc.) y sus defensores armados y las comunidades y pueblos andino-amazónicos. Su origen está en la historia, en la expropiación territorial, en un subsuelo apropiado, en la ruina de la agricultura, en las migraciones, la super explotación laboral y el desempleo. La minería ilegal-criminal (500 mil familias) y la informal (más de 200 mil familias), que supuestamente no es criminal, son presentadas como el gran problema mientras que el Estado pretende formalizar sin ningún ordenamiento territorial, empresas contaminantes, que están en cabeceras de cuenca, que coexisten con otras actividades ilícitas, utilizan trabajo infantil y femenino mal pagado, conviven con la prostitución, los bares, los asesinatos, el uso de explosivos). Coexisten entre la complementariedad y la disputa por los yacimientos bajo especulación, entre las concesiones y sub-concesiones. Un ejemplo es Poderosa (en Pataz) y las sub-concesiones de la legal a la ilegal que pasaron de 300 a 5000, produciendo una guerra entre todos los actores y los extorsionadores.6 Las economías ilícitas entrelazadas del oro y la cocaína están impulsando la deforestación, la violencia en cuencas de la costa y en toda la Amazonía, expulsando a los Pueblos Indígenas que además soportan el peso de la crisis.
Tampoco hay preocupación por el robo indiscriminado por las empresas privadas de cientos de miles de millones de dólares a través de mecanismos legitimados por la contabilidad y normalizados por los organismos multilaterales. Las evasiones, la elusión legalizada, las infracciones tributarias son pan de cada día. No obstante, los millonarios ingresos mineros, Convoca revela que “de los más de 489 millones de soles (US $ 129 millones) que le deben al ente fiscalizador, apenas el 7.82% fue reconocido hasta la fecha en los procesos de liquidación que estas compañías siguen ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).7
La derecha rentista y mercantilista bajo la dirección de Fuerza Popular, defienden a corporaciones transnacionales y monopolios sin importarles el libre mercado y menos la democracia. La minería esta marcada por la apropiación territorial, las rentas, la evasión tributaria, las invasiones, los mercados negros de oro y otros minerales. La gran mineria legal, la “minería artesanal”, la “informal”, la “pequeña minería”, la ilegal ya usan gran maquinaria y camiones volquetes que llevan toneladas de mineral a más de 60 plantas de beneficio en todo el país, que nadie fiscaliza. La minería ilegal, además de depredar, contaminar ríos con mercurio y no tributar, está conectada con otras actividades criminales. Mas de 100 rios ya estan contaminados y esta cifra seguirá aumentando. Para poder mantener control territorial de las áreas que invade ilegalmente (ya concesionadas a formales), emplea ejércitos de sicarios que violentamente, dominan las zonas. Los conflictos se arreglan con desaparecidos. Y, para tener contentos a los peones, no falta la trata de mujeres y la prostitución de niñas encargadas de embriagarlos.
La señora Rosa M. Palacios se equivoca cuando critica al Congreso identificándolo como la posición de la izquierda, pues ni son de izquierda, ni representan sus ideas; lo que hay es un nucleo dirigente objetivado en el fujimorismo, la derecha conservadora y las FFAA y PP cohesionados con las mafias políticas, narcopolíticas, mineras, judiciales, universitarias, otros extractivismos y sectores de la economía informal, reprsentadas en el Congreso por oportunistas, vividores, sin idiología ni ética alguna. Palacios en defensa de la gran mineria extractivista señala que:
… El precio del oro ha calateado a la política peruana. Por décadas, una izquierda antiminería no hizo sino hostilizar a la minería formal, la que está sometida a abundante regulación, controles ambientales y que tributa. Con el cuento del daño ambiental primero y la obtención de más recursos del canon después, se han paralizado operaciones, cerrado carreteras, incendiado instalaciones en medio de una violencia que, se suponía, luchaba por la calidad medioambiental…Han votado, una vez más, por prorrogar la informalidad de una minería que no tributa nada (no hay ningún canon posible) y que contamina a la bestia usando mercurio en todas sus operaciones que, de clandestinas, no tienen nada. Basta ver la depredación del bosque amazónico para entender la verdad.¿Es este el modelo de desarrollo minero? ¿Salir a gritar «no al Proyecto Tía María» y «sí a lo que sucede en Nazca y Chala» tiene algún sentido? La única razón de esta contradicción está en los números. Cálculos conservadores hablan de una economía ilegal de 4,000 millones de dólares; otros más ambiciosos llegan a estimarla en 10,000 millones de dólares. Ni el narcotráfico mueve tanto.8
Su odio a la izquierda es el mismo que tienen los poderosos que manejan al Estado profundo. Comparte incoherencias y falsedades con la ultraderecha delictiva y confunde intencionalmente a bandas delictivas que se autoproclaman de izquierda (grupo magisterial, Perú Libre, Bermejo, Bellido), progresistas neoliberales llamados “caviares”, electoreros (Juntos por el Perú, CGTP, Nuevo Perú, Regionales, Salas), centro derecha (Belmont, Johny Lezcano, ) con izquierda etno-nacionalista (Antauro, Castillo, Ricardo Alberca, Ciro Galvez), etc. con la verdadera izquierda que esta en las calles con sus marchas y paros (CNUL, Conulp, frentes de defensa, antimineros) .
La primera incoherencia del poder es insistir en que el Perú es un país minero ancestral, pero impiden que los originarios exploten minas y, peor aún, no reconocen la propiedad del subsuelo a los pueblos ancestrales. La otra es de los pequeños y medianos mineros que no solo aceptan las concesiones «legales» de la gran minería y arriendan «subconcesiones», sino que les venden sus productos a aquellos. Sus demandas no chocan con la minería transnacional saqueadora. Por otro lado, todas las mineras contaminan, pero como dicen algunos analistas, una cosa son millones de millones de TM y otra son unos cuantos metros cúbicos. La minería del oro debería tener una legislación especial, pero tras ella están también los grandes mineros, congresistas, militares, policías y otros delincuentes políticos y mafias de tráfico de mujeres, licores, drogas, etc.
¿QUE HACER?
Con el fujimorismo neoliberal, los grandes capitales crecieron en forma exponencial centrados en un extractivismo feroz, utilizando la corrupción como herramienta principal sin importarles la destrucción institucional, mientras las grandes mayorías populares quedaron sumergidas en su empobrecimiento. Las políticas sociales que impulsaban los Estados hacia mediados del siglo XX fueron barridas y las estructuras estatales precarizadas, desechando derechos y dejando de brindar, los servicios básicos a sus poblaciones. En esa lógica, las organizaciones políticas y los movimientos contestatarios gremiales y sindicales fueron siendo absorbidos/cooptados por los planteos de derecha y la corrupción. Los grupos de poder transformaron a la clase media, a los políticos y a los militares en asociados y a los trabajadores en “colaboradores”.
En la historia reciente la guerra cultural e ideológica viene siendo ganada por el conservadurismo ante la mediocridad y corrupción del progresismo neoliberal y la ausencia de programas y alternativas de lucha radicales. Desde la Guerra Fría, las terribles represiones a que se vieron sometidos los pueblos en lucha, quedó una memoria de montañas de cadáveres y ríos de sangre. Los genocidios crearon una “pedagogía del terruqueo” que sigue presente, potenciada por los falsos positivos, farsas por mayores presupuestos y una engañosa guerra contra el narcotráfico. Múltiples factores como la acción de los grupos neoevangélicos y el auge de la distribución de drogas ilegales entre la juventud, el abandono de la lectura y el pensamiento crítico con el uso del internet y de la IA, las competencias educativas y el embrutecimiento universitario contribuyeron a que la juventud prefiera la evasión. Vivimos la desideologización de contenidos de izquierda desde la educación y la cultura consumista, en un contexto de continuo bombardeo ideológico-cultural al que se somete a las poblaciones a través de los medios y redes sociales. Todo lo cual hace que cunda un sentimiento de miedo/desconfianza ante los planteos de izquierda en las mayorías populares, manipuladas hasta el hartazgo con mensajes conservadores, de derecha, en muchos casos religiosos, adormecedores y demonizadores de cualquier iniciativa de cambio profundo.
Las masas se encuentran bastante huérfanas de proyectos reales de cambio. Es indispensable un frente popular y un programa, que debe ser la base del proyecto constituyente. Existen muchas ideas al respecto, pero no aparecen propuestas claramente alternativas al capitalismo, de las que las poblaciones puedan apropiarse y dar la lucha. No debemos aceptar la idea del mal menor y menos administrar el neoliberalismo vigente sino transformar de raíz el sistema capitalista. Las izquierdas en el ejecutivo no tocaron los resortes básicos del sistema: propiedad privada de los medios de producción, reforma agraria, nuevo Estado socialista, ideología revolucionaria desmontando la anterior cultura, reemplazo de las antiguas fuerzas armadas por milicias populares y un nuevo ejército plegado a las dirigencias de izquierda. En síntesis: se asistió a procesos asistenciales que no modificaron de cuajo las estructuras vigentes, que no tocan la gran propiedad capitalista.
El otro aspecto fundamental es invertir los términos de construcción social desde la comunidad y la cultura comunitaria avanzar en el Frente Popular. La democracia en la historia siempre provino de los pueblos, de la comunidad rural, de las luchas contra hegemónicas. La historia del Perú está hecha de cientos de rebeliones regionales y esa memoria sigue viva. Poe ello el actual régimen prohibió los movimientos regionales. Las principales protestas antisistémicas de estos últimos años provienen de movimientos sociales en sentido amplio: campesinos, movimientos de pueblos originarios, de las rondas campesinas, de los luchadores ambientalistas y por derechos humanos, de los anti mineros, de los licenciados del ejército, de los desplazados, de los desocupados urbanos, de los informales del movimiento feminista y amas de casa, de estudiantes y jóvenes sin futuro, de las víctimas del estado y su base delictiva. En muchos de ellos hay una agenda socialista, que debe debatirse y consensar en un proyecto sistemático de construcción de un modelo superador del capital privado. De todos modos, las movilidad político-social que van teniendo estas iniciativas abre nuevas esperanzas. En los comités populares de base, en los frentes de defensa, en las experiencias de democracia real, participativa, de espontáneo carácter solidario y comunitario, puede encontrarse el verdadero camino para la transformación social.
Los movimientos anti sistémicos comienzan a organizarse en estructuras políticas con dos objetivos diferentes, la liberación social y la emancipación nacional, que compiten entre sí, aunque a veces se hacen compatibles. En general, los dos tipos de movimientos comparten una meta, que es conquistar el Estado y proponen estrategias variadas para ello, que van de la persuasión política, el voto reformista, hasta el uso de la fuerza en una vía revolucionaria. Para conseguirlo será necesario erradicar a los parásitos y vividores que se autodenominan de izquierda, y también de la clase intelectual que, consciente o inconscientemente, se alinea con agendas coloniales e imperialistas mientras afirma producir una crítica anticapitalista materialmente intrascendente.
Notas:
1 El gobierno fujimorista merece una gran investigación y un libro que muestre las intrincadas redes de poder delictivo desde el diseño estratégico y la confección de leyes y artículos constitucionales, hasta la distribución instituciones, como el Gabinete con los ministerios más estratégicos en manos de Fuerza popular, otra parte a cargo de Alianza para el Progreso. Al gobierno central, a los ejecutivos regionales y militares-policías se les da las obras públicas, compras y protección. La distribución de comisiones entre organizaciones criminales en el Congreso tiene como tarea central ser sicarios de la lumpenburguesía y grupos económicos ilegales y legales, perdonan impuestos, otorgan concesiones, deciden beneficios tributarios, etc. pero que a cambio reciben no solo coimas, también trabajan para ellos mismos: comenzaron con los “mocha sueldos” y aumentos salariales, siguieron con el nepotismo, gastos de defensa jurídica por sus crímenes, dietas, seguros (hasta para amigos y amantes), peculado y malversación de fondos públicos,redes de prostitución y crímenes de testigos.
2 El sistema de castas de clasificación racial colonial se ha renovado, descendientes oligárquicos del funcionariado van siendo desplazados por sujetos subalternos vinculados a las grandes empresas y a los nuevos ricos, capaces de todo para obtener y mantener privilegios: están en el Congreso, gobiernos, policías, sistema judicial y en la mayoría de instituciones.
3 Milciades Ruiz, Presupuesto de la corrupción, https://wordpress.com/view/republicaequitativa.wordpress.com
4 Durante dos siglos, las vicisitudes políticas de la región pasan indefectiblemente por lo que se decide en Londres o la Casa Blanca.
5 …el financiamiento de cuatro cuantiosos proyectos de las Fuerzas Armadas por un total de S/12.970 millones… En lo principal, la adquisición de 24 aviones de combate por S/7.580 millones, lo que representa el 58% del total de los cuatro proyectos… Bien sabemos los malos manejos de las compras militares y policiales, como lo señala la Contraloría General de la República que, ha emitido informes sobre irregularidades en ellas. Tal es el caso de la compra de 10.000 fusiles de asalto Arad 7 que la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) adquirió de la empresa Industrias de Armas de Israel IWI. También el caso del aumento del presupuesto para la modernización de cuatro submarinos, lo que consideró como una “situación adversa”.
6 Se trata en el país de 20 millones de Has concesionadas y diversidad de sub-concesiones… 10 mil millones de dólares al año en manos de la economía informal… El actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y el nuevo proyecto de ley para formalizar la minería artesanal y la pequeña minería, conocida como Ley MAPE, encubren la destrucción del territorio indígena amazónico. (servindi).
7 Convoca, Mineras ganaron fortunas pero buscan la quiebra y evitan pagar S/ 489 millones en multas ambientales, Paul Tuesta*, Lima, 23 de noviembre de 2024.
8 Unidos por el crimen, por Rosa María Palacios, La República, 31 de noviembre de 2024.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.