El impuesto de sociedades de las grandes empresas en el Reino de España, es decir, las que facturan más de 8 millones de euros anuales, bajará del 35% al 30%. Este aviso que la prensa anunció el 22 de noviembre, se basaba en lo que había adelantado el actual presidente del Gobierno español en las […]
El impuesto de sociedades de las grandes empresas en el Reino de España, es decir, las que facturan más de 8 millones de euros anuales, bajará del 35% al 30%. Este aviso que la prensa anunció el 22 de noviembre, se basaba en lo que había adelantado el actual presidente del Gobierno español en las conferencias The Economist. Esta rebaja supondrá una reducción estimada de 3.000 millones de euros en la recaudación impositiva. Continúa pues la tendencia a la rebaja de los impuestos sobre los beneficios de las empresas que viene constatándose en muchos estados en los últimos años. En la Unión Europea, el lugar donde, de momento, el impuesto de sociedades resulta más elevado es Alemania (el 38,3%), y el menor Irlanda (12,5%). Un caso extremo éste último porque la mayor parte de países se sitúa en la franja que va del 27,5% al 35,4%. Los países candidatos a ingresar en los próximos años, tienen un impuesto sobre sociedades muy inferior de media a dicha banda mayoritaria de la Unión Europea. Esta agresividad en ofrecer regalos impositivos a las grandes empresas que demuestran los países candidatos a la ampliación deviene, bien condimentado, un nuevo argumento utilizado por los partidarios en los distintos miembros de la actual Unión Europea de nuevas rebajas del impuesto de sociedades. La competición fiscal está en plena forma.
La competición fiscal es la situación en que nos encontramos desde hace algunas décadas y consiste en la presión, chantaje o coacción ejercida por las grandes empresas a los gobiernos para conseguir la rebaja y hasta la supresión de los impuestos. Una situación en la que unos poderes privados imponen su voluntad, sin el menor control democrático, a parlamentos que han sido al menos elegidos mediante el sufragio universal (1). Los campeones de la competición fiscal son, claro está, los paraísos fiscales (2), es decir, cualquiera de los 73 territorios, porciones de estado, estados enteros o enclaves cuya legislación se utiliza para defraudar el pago de impuestos que debería hacerse efectivo en otro país según la legislación de éste último.
En estos paraísos fiscales se estima que residen alrededor de 11,5 billones de dólares provenientes de las inmensas fortunas personales de los más ricos. Si estos 11,5 billones pagaran los impuestos en los estados en donde residen o generan su fortuna estos acaudalados, se recaudaría una cantidad próxima a los 255.000 millones de dólares anuales, es decir, mucho más de los 195.000 millones también anuales que la ONU estimó que serían necesarios en el presupuesto global de «ayuda» para reducir a la mitad la pobreza mundial en el año 2015. Dicho lo cual no es menester hacer notar que la mitad de la pobreza mundial de aquí a 10 años representa una enorme cantidad de personas condenadas literalmente a la muerte. Pero no es el momento de ponerse puntilloso.
Los partidarios de la competición fiscal aducen, en un no muy refinado argumento técnico, que, para atraer las inversiones, los estados tienen que compensar algunas desventajas como no disponer de buenas infraestructuras o tener una clase obrera poco calificada. Y todo vale en la ingeniería de la competición fiscal para atraer las inversiones de las grandes empresas. Así se han ideado un buen número de medidas que tienen en común ofrecer a las grandes empresas y fortunas pagar menos impuestos: vacaciones fiscales (la exención del pago de impuestos durante un intervalo de tiempo determinado de acuerdo con unas condiciones pactadas con la autoridad del respectivo paraíso fiscal), subvenciones, ausencia de retenciones fiscales, rebaja o anulación de los tipos fiscales sobre los beneficios, entre otras. El robo inmenso de empresas como Enron se explica parcialmente por esta competición fiscal. Solamente en 3 años, de 1996 a 1999, declaró unos beneficios de 2.300 millones de dólares por los cuales no pagó ningún impuesto gracias a la inmensa maraña de 3.500 sociedades cuyo objetivo empresarial (nada productivo, bien es cierto) es precisamente evitar el pago de impuestos.
Son ya muchos años, al menos un cuarto de siglo, de experiencia sobre la competición fiscal como para poder sacar algunas conclusiones. En los países ricos, la reducción de la tributación de las empresas se ha compensado con aumentos en los impuestos sobre el consumo y el trabajo (el IVA y la proporción cada vez mayor de los impuestos procedentes del trabajo son dos claros ejemplos). En los países pobres, la reducción de las tarifas aduaneras y la introducción de impuestos al el consumo, al no conseguir en muchos casos la misma recaudación, ha generado una disminución en los gastos dedicados a sanidad, educación y servicios públicos. Esta situación explica al menos en parte el aumento de la desigualdad en casi todos los rincones del mundo. Como también ayuda a comprender las causas de la persistencia y el aumento de la pobreza. Que cerca de la mitad de la población mundial, 2.700 millones de personas, viva actualmente con menos de dos dólares al día (¡50 euros mensuales!) es una terrible muestra de lo que quiero decir.
También en la Unión Europea, las cosas pintan cada vez peor para los que incluso tienen un contrato de trabajo. En esta zona privilegiada en relación con otras partes del mundo, el 3,6% de la población son working poors, y el 10% de la población europea vive en hogares asalariados pobres. Hasta en Alemania, en donde de momento los working poors representan una proporción pequeña en comparación con otros estados de la Unión, ya hay más de 4 millones de personas viviendo en familias asalariadas en las que, a pesar de trabajar, se era pobre. Para el conjunto de la Unión Europea, ya existen casi 40 millones de personas en esta situación (3).
Hay evidencias «de que los aumentos en materia de impuestos, cuando se aplican para extender la cantidad y la calidad de los servicios públicos, pueden promover el desarrollo económico y el crecimiento del empleo» (4). No hay evidencias de que los recortes en impuestos estimulen la actividad económica. Aunque no haya estas evidencias, el gobierno del Reino de España ha optado por rebajar próximamente el impuesto de sociedades del 35% al 30% con el propósito de atraer la inversión, porque, según su presidente, «los inversores internacionales apuestan por el crecimiento español».
Daniel Raventós es miembro del Consejo de Redacción de SINPERMISO
Notas
(1) Parlamentos que a veces actúan en completa complicidad con estos poderes privados. Juan Hernández Vigueras, en un artículo reproducido en www.sinpermiso.info, recordaba que en el pleno del Congreso del 30 de junio de 2005, se suscribieron 10 acuerdos con reconocidos paraísos fiscales para un ¡intercambio de información fiscal! en los que éstos últimos se comprometían a ofrecer una información que, por definición de paraíso fiscal, no tienen porque no la piden.
(2) Para un mayor detalle, puede consultarse el magnífico informe de la Red de Justicia Fiscal, traducido al castellano por Juan Hernández Vigueras y Ernesto Manzanares, cuyos autores del texto original en inglés son Richard Murphy, John Christensen y Jenny Kimmis: http://www.attac.org.es/archivo/tjn_impuestos.pdf
(3) Veáse W. Strengmann-Kuhn: Working Poor in Europe: A Partial Basic Income for Workers? Ginebra: Basic Income European Network, 9th Congress, 2002; y el informativo artículo de B. Medialdea y N. Álvarez: «Ajuste neoliberal y pobreza salarial: los «working poor» en la Unión Europea», Viento Sur, núm. 82 (2005) .
(4) Según el Economic Policy Institute, citado en el trabajo que se menciona en la nota 2.