Las duras posiciones de Brasil, en especial, de Argentina y de la mayoría del resto de los países iberoamericanos echaron a pique los esfuerzos de Estados Unidos para que se reconocieran los comicios celebrados el domingo en Honduras.
Costa Rica, Colombia, Panamá y Perú, los únicos gobiernos que abogaron por reconocer las elecciones hondureñas, chocaron con un rotundo «no, no y no, categóricamente no», del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
No se puede reconocer «ni tan siquiera conversar» con Porfirio Lobo, vencedor de las elecciones organizadas por el régimen usurpador de Roberto Micheletti, aseveró Lula al dejar Portugal pocas horas antes de la finalización de la XIX Cumbre Iberoamericana, que por tres días sesionó en Estoril, a 20 kilómetros de Lisboa.
En el caso de Honduras «hay que ser coherente: no podemos pactar con un golpista, haciendo cuenta que nada pasó, porque de aquí a poco van a decir que el culpable de todo fue (el presidente depuesto, Manuel) Zelaya», vaticinó.
El mandatario brasileño advirtió que su país, de 192 millones de habitantes y 8,8 millones de kilómetros cuadrados, el mayor y de más peso económico de América Latina y el Caribe, «no hace pactos con el vandalismo político».
En términos no menos duros, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, cuestionó la validez del proceso electoral en Honduras y deploró la existencia de «un doble estándar» para calificar a los líderes de la región según su postura ideológica.
«El respeto a la libertad no es de derecha ni de izquierda», recordó, para luego fustigar el proceso electoral hondureño y criticar, aunque sin mencionarlos, a los países que defienden como una vía intermedia de solución el reconocimiento de Lobo porque «no hay un poco, más o menos democracia.
«Es como estar embarazada. O se está embarazada o no se está embarazada», afirmó.
Con la democracia «es lo mismo: o se está en democracia, y se respetan todos los derechos y garantías, o no se está en democracia», expresó Fernández, quien concluyó recordando que «el respeto a la vida democrática en nuestra región es una historia de tragedia, así que la defensa de la democracia debe ser una defensa sin concesiones».
Asimismo, los nueve países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que tiene en sus filas a Honduras, reiteraron en Estoril su rechazo al reconocimiento de las elecciones «ilegales e ilegítimas» en ese país centroamericano.
Los componentes del ALBA son, además de Honduras, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, Antigua y Barbuda y San Vicente y Granadinas.
Este bloque de países exige también que «los autores morales del golpe militar hondureño sean llevados ante la justicia internacional» mediante la creación de un tribunal ad-hoc «para juzgar sus crímenes».
El ex canciller nicaragüense Miguel D’Escoto, quien presidió la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas entre septiembre de 2008 y el mismo mes de este año, convocó a la prensa para, en nombre de ALBA, calificar de «nefasto precedente» el golpe de Estado perpetrado el 28 de junio en Honduras, así como «las elecciones ilegítimas» del domingo.
«Lo que ocurre ahora es que un pequeño grupo de países, aliados incondicionales y con una profunda dependencia de Washington, decidieron iniciar un proceso de reconocimiento de esas elecciones, pero a ellos se opone la inmensa mayoría de Iberoamérica», expresó el también sacerdote católico.
Ante una consulta de IPS durante el diálogo con los periodistas sobre el papel del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, el diplomático nicaragüense lo acusó de ser «el principal instrumento de Estados Unidos para impedir el regreso de la plena democracia a Honduras».
Como premio Nobel de la Paz, «Arias es un fraude, porque es el principal obstáculo para el progreso y la emancipación de la región respecto de Washington», concluyó.
En cambio España, miembro fuerte de la comunidad como el principal donante en la región, anunció que está en contra de la legitimación de las elecciones, pero que «no puede ignorarlas», una postura compartida por Portugal.
Ante la falta de consenso, la presidencia portuguesa de la XIX Cumbre Iberoamericana fue encargada por los gobernantes a redactar una nota especial sobre la situación en Honduras, donde en términos genéricos se exhorta a «la reposición del orden constitucional» y a evitar la violación de los derechos humanos.
La presidencia lusa considera que «la restitución del presidente José Manuel Zelaya en el cargo para el que fue elegido democráticamente hasta completar su período constitucional (el 27 de enero) es un paso fundamental para el retorno a la normalidad», con lo que se recomienda que se habilite ese retorno.
La gravedad de la situación hondureña ocupó casi todo el tiempo de la Cumbre de Estoril, que en realidad tenía como principal punto de la agenda la «Innovación y Conocimiento», asuntos que prácticamente no se abordaron.
La próxima cita iberoamericana será dentro de un año en el sudoriental balneario argentino de Mar del Plata, por lo cual Fernández recibió de Portugal la presidencia temporal de la Comunidad Iberamericana. El tema central a tratar en la XX Cumbre será «Educación».
Mientras la discusión por Honduras quedaba atrás y al igual que ocasiones anteriores, los líderes iberoamericanos reiteraron en un comunicado un pedido a Washington para que ponga fin al embargo de medio siglo contra Cuba.
«Pedimos al gobierno de Estados Unidos de América que cumpla con lo dispuesto en 18 resoluciones sucesivas aprobadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas y ponga fin al embargo económico, comercial y financiero que mantiene contra Cuba», señala un comunicado especial divulgado al finalizar la cumbre en la tarde de este martes.
Los jefes de Estado y de gobierno, junto a delegados de gobernantes ausentes, de los 19 países lationamericanos y los ibéricos Andorra, España y Portugal piden «con carácter inmediato» a Estados Unidos que interrumpa la aplicación de estas medidas contra Cuba.
En otro orden de cosas, en forma consensual los gobiernos iberoamericanos se comprometieron a cooperar para lograr un acuerdo «amplio, ambicioso y equilibrado» en la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que comenzará el 7 de este mes en Copenhague.
«Los países iberoamericanos consideran imprescindible reforzar el apoyo financiero y tecnológico de los países desarrollados a los países en desarrollo, en el ámbito de las alteraciones climáticas», reza la declaración conjunta aprobada este martes.
El comunicado final señala también que «la lucha contra las alteraciones climáticas es un imperativo que debe ser totalmente compatible con el crecimiento económico sostenido y el combate a la pobreza, debiendo responder adecuadamente a las necesidades de adaptación, en especial de los países en desarrollo más vulnerables».
Las naciones iberoamericanas entienden unánimemente que todo acuerdo que se logre en Copenhague «debe reflejar y equilibrar de forma adecuada los pilares de la adaptación, financiamiento y transferencia de tecnología».