El Parlamento Europeo rechazó el pasado 24 de febrero una propuesta del Partido Popular Europeo que pedía que la Comisión y los estados miembros adoptaran «a la mayor brevedad» la Directiva Bolkestein
El Parlamento Europeo rechazó el pasado 24 de febrero una propuesta del Partido Popular Europeo que pedía que la Comisión y los estados miembros adoptaran «a la mayor brevedad» la Directiva Bolkestein para la liberalización de los servicios públicos. La votación fue de 269 votos contra, 242 a favor y 33 abstenciones.
El rechazo de la Directiva Bolkestein ha estado encabezado por los gupos Socialista y de Izquierda Unitaria Europea. Los sindicatos de la CES también se oponen a la Directiva, que lleva el nombre del antiguo comisario encargado del mercado interior. Pero el rechazo de la propuesta del PPE ha sido posible porque un sector importante de la derecha francesa en el Parlamento Europeo ha votado con la izquierda. Francia tiene aun importantes monopolios estatales en el sector servicios y en medio de la campaña sobre el Tratado Constitucional europeo la mayoría de las fuerzas políticas y los sindicatos se han posicionado contra la Directiva.
El objetivo de esta directiva consiste en «establecer un marco jurídico que suprima los obstáculos a la libertad de establecimiento de los prestatarios de servicios y a la libre circulación de los servicios entre los Estados miembros». La principal crítica es que la directiva introduce el «principio de país de origen», que no es sino una incitación legal a las deslocalizaciones hacia aquellos países de la Unión donde reinan los mínimos sociales, fiscales o ambientales y donde la protección de los consumidores es menor. Si se aprueba, se podrían crear empresas con una sede social más o menos fantasmagórica y que desde un simple apartado de correos puedan intervenir en toda la Unión. Una subcontrata polaca, con trabajadores polacos o franceses contratados en Polonia, pero trabajando en España se regiría por las leyes laborales y mercantiles polacas. Todo ello, naturalmente, en la lógica del Tratado Constitucional europeo, que especifica que la responsabilidad de las políticas sociales corresponde exclusivamente a los estados miembros.
Willy Meyer, eurodiputado de IU, se ha felicitado de «haber bloqueado la posición ultra-liberal de la derecha sobre los servicios públicos». Y ha acusado al Presidente de la Comisión Barroso de hacer «una política neoliberal» desde la Comisión, que «repele a los ciudadanos de Europa».
Sin embargo, la izquierda no ha sido capaz de hacer aprobar una enmienda que pedía la retirada pura y simple de la Directiva Bolkestein. Las fuerzas están muy equilibradas y los propios gobiernos de los estados miembros divididos. La Directiva Bolkestein se va a convertir en un verdadero pulso en los próximos meses y debe permitir recomponer un campo de resistencia de toda la izquierda política y sindical contra las políticas neoliberales de la Comisión, unificando al NO y al SI crítico de izquierdas al Tratado Constitucional. De ahí su importancia.
El rechazo de la directiva Bolkenstein será una de las consignas de la manifestación europea del 19 de marzo en Bruselas, decidida en el Foro Social Europeo.