La estrategia de Lisboa de la Europa neoliberal

«El Consejo europeo quiere subrayar que la competitividad, la innovación y la promoción de la cultura empresarial son elementos característicos del crecimiento (…) Dados los avances realizados por otros actores globales, la Unión debe actuar de manera más decidida para mantener su capacidad de sostener el modelo social europeo en los años venideros. La desindustrialización sigue siendo un riesgo (…)»

Conclusiones del Consejo europeo, marzo del 2004

Los atentados del 11 de marzo en Madrid y el aumento de la tensión internacional en Iraq, Afganistán y Kosovo han situado en segundo plano lo que ha sido el debate prioritario en el Consejo europeo de primavera de este año: la Estrategia de Lisboa.

Adoptada como programa estratégico de la Unión Europea en marzo del 2000, la Estrategia de Lisboa tiene como fin declarado convertir al mercado único europeo en el más competitivo del mundo en el 2010. Quizás sea un objetivo propagandístico y un poco pretencioso. Pero sus efectos han determinado el programa económico y social de los gobiernos de los estados miembros, convirtiéndose en el marco de toda política posible, cualquiera que sea el signo de los gobiernos de turno.

La Estrategia de Lisboa es la gran herencia de la Comisión Prodi, que cesa en sus funciones el próximo mes de junio. Y lo hace en una coyuntura política en la que la resistencia social contra la aplicación de las políticas neoliberales no solo se ha expresado en una larga cadena de huelgas en Alemania, Francia, Italia, Portugal, España, Grecia y Bélgica, que pueden remontarse hasta la huelga del sector público francés en 1995[i], sino también en la expresión electoral de un rechazo contra los gobiernos que la han aplicado, en parte independientemente de su ideología política -como en el caso de Grecia o Alemania- pero con especial amplitud frente a la derecha conservadora, como en España o Francia.

La Estrategia de Lisboa fue uno de los elementos centrales de la respuesta a largo plazo de la UE al fin del ciclo de crecimiento económico de los años 90 y la recesión internacional de comienzos de esta década, en un marco de sobreproducción generalizada y no recuperación de la tasa de beneficios que han agudizado de manera muy significativa la competencia en el mercado mundial[ii].

No es el único elemento, porque esta nueva fase de competencia económica hay que enmarcarla en la «globalización armada» impuesta por EE UU como forma de hacer prevalecer no solo sus intereses geoestratégicos, sino también los económicos frente a la UE, Japón, China, Rusia, la India o Brasil. La Estrategia de Lisboa -cuya piedra angular es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el que se asienta el Euro-, es también una componente esencial, convertida en ley en su Parte III, del proyecto de constitución europea[iii], que dará legitimidad jurídica institucional a la Europa-potencia.

A pesar de la resistencia social contra las políticas neoliberales, los sindicatos europeos han participado y han sido consultados en la elaboración de la Estrategia de Lisboa. La Comisión la ha presentado como un conjunto de políticas imprescindibles para garantizar el crecimiento económico y mantener el llamado «modelo social europeo», en el que la redistribución social sería más amplia que en EE UU o Japón. La implicación de los sindicatos en las políticas «modernizadoras» neoliberales busca limitar la resistencia social. Pero la amplitud de sus efectos y la erosión de los derechos sociales y laborales de los últimos treinta años -como las pensiones, la sanidad, la negociación colectiva, la flexibilidad del mercado laboral y de los horarios de trabajo- han ido situando a las direcciones de los grandes sindicatos organizados en la Confederación Europea Sindical (CES) contra la pared, las han obligado a apoyar las luchas sindicales de base y a convocar jornadas de lucha europeas, la última de las cuales ha tenido lugar el 3 de abril[iv]. Esta resistencia será esencial para la reconstrucción de una izquierda alternativa europea capaz de ofrecer un modelo de desarrollo europeo distinto al de la UE neoliberal actual.

Los últimos meses de la Comisión Prodi han estado dedicados en buena parte a apuntalar para el futuro la Estrategia de Lisboa. En el terreno legal, mediante su inclusión en la Parte III del proyecto constitucional; en el financiero, priorizando el presupuesto comunitario para el 2007-2013 de acuerdo con sus orientaciones[v]; y en el político, reconstruyendo el consenso sobre la propia Estrategia tras las fricciones con los estados miembros en relación al Pacto de Estabilidad y Crecimiento[vi]. Es este último aspecto, reflejado en la Comunicación «Llevemos a la práctica Lisboa: reformas para una Unión ampliada» (COM 2004 29), el que aborda este artículo.

Recesión, empleo y productividad

La Comunicación citada plantea la preocupación de la Comisión sobre la posibilidad misma de alcanzar los objetivos de Lisboa en el 2010. La primera fase de la Estrategia, la de las reformas legislativas, debería terminar en el 2005, con una evaluación de cada uno de los estados miembros. A partir del 2006, se debería entrar en la fase de aplicación plena de las políticas legisladas. Pero la UE no acaba de salir de la recesión iniciada en el 2000, a pesar de las señales de recuperación del segundo semestre del 2003. En estos tres años, la tasa media de crecimiento del PIB ha sido del 1,25% -en EE UU el 2,21%- frente al 2,7% en la segunda mitad de los años 90.

Fue a partir del mantenimiento de la tasa de crecimiento del PIB de la segunda mitad de los 90 como se establecieron los objetivos de la Estrategia de Lisboa, sin tener en cuenta un posible ciclo recesivo de la economía mundial y en especial de la UE, que la propia Estrategia tenía que combatir. Los dos elementos claves para intentar superar la diferencia de un 28% con el PIB per capita de EE UU eran un aumento sostenido de la tasa de empleo y de la productividad.

La tasa de empleo de la UE en el 2000 era del 62,5%, especialmente baja si se compara con el 71,9% de EE UU. El objetivo fijado para el 2010 es de un 70%. A pesar de la creación de 6 millones de empleos, la tasa se ha situado en el 64,3% a finales del 2003. Pero la recesión ha hecho aumentar al mismo tiempo el paro, situándolo en el 9,1% para la Eurozona y el 8,2% para el conjunto de la UE, tres puntos más que en EE UU. La ampliación empeorará estas cifras, porque la tasa de empleo en los nuevos estados miembros es solo del 57% y la tasa de paro en países como Polonia se sitúa en el 18%.

Si se analizan dos categorías como la tasa de empleo de los mayores de 55 años y la tasa de empleo femenina, la desventaja comunitaria es aun mayor. La diferencia con EE UU es de 19,4% y 11,2% respectivamente. La ampliación tampoco mejorará estas cifras, porque la diferencia entre los «viejos» y los «nuevos» estados miembros es de mas de un 10% y un 5,5% en cada caso.

Las diferencias de productividad entre la UE y EE UU son también importantes. El crecimiento de la productividad por persona empleada en la UE desciende desde los años 90 y se sitúa actualmente alrededor del 0,8% anual, mientras que en EE UU crece desde 1995 y se calcula su incremento anual en un 1,8% desde el 2000. La tasa de productividad horaria es asimismo un 10% menor que la de EE UU.

La explicación de estas cifras en la Comunicación se centra en dos factores: la debilidad y retraso en la difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la falta de inversiones. Por lo que se refiere a las inversiones, los datos son incontestables, porque la inversión privada ha pasado del 18,3% del PIB en el 2000 al 17,2% en el 2002 y las inversiones públicas desciende sistemáticamente desde los 90 hasta el 2,4% en el 2003 (casi un 1% menos que en EE UU).

¿Una explicación correcta?

En definitiva, todo el modelo macroeconómico sobre el que esta construida la Estrategia de Lisboa se basa en una comparación de la UE con EE UU, determinada por su objetivo final de ganar la competencia inter-imperialista en el mercado mundial[vii].

Hay pocas dudas sobre el papel de la inversión como motor del crecimiento de la productividad. Sin embargo, a estas alturas, las dudas son mucho mayores sobre el papel jugado por las inversiones en TIC. De hecho, la tesis de que el fuerte crecimiento de la productividad entre 1995-2000 en EE UU se debió fundamentalmente a ello, como señalaron los estudios de Jorgenson, Ho y Stiroh (2000 y 2002) por un lado y los de Oliner y Sichel (2000 y 2002) por otro, ha sido fuertemente criticada por los estudios posteriores de Robert J. Gordon[viii]. Pero es que además han chocado con la realidad, porque el aumento aun mayor de la productividad en EE UU en el período 2001-2003 ha coincidido con una fuerte caída de las inversiones en TIC y el pinchazo de la burbuja de las acciones de las «nuevas tecnologías» en los mercados de valores.

Es necesaria por lo tanto otra explicación y ver si es compatible con los presupuestos básicos de la Estrategia de Lisboa. Las conclusiones de los estudios de Gordon vienen a confirmar en definitiva los resultados del análisis marxista de Robert Brenner de las causas de la recesión internacional de los últimos tres años: sobreproducción y caída de beneficios y, por lo tanto, como se adaptan a ellas las estrategias empresariales.

Después de descartar variables como la flexibilidad del mercado de trabajo -que en EE UU se mantiene sin grandes diferencias desde mediados de los 90-, las inversiones en las TIC, o los efectos de las deslocalizaciones industriales y de servicios, la historia que aparece es de alguna manera mucho más mundana, pero también más tangible.

En realidad, el aumento significativo de la productividad en EE UU es el resultado de un recorte sistemático en el número de empleos, en una extensión de las horas trabajadas y un aumento de los salarios por debajo de la productividad, permitiendo una transferencia neta de renta de salarios a capital. Como es conocido, el número de empleos creados solo ha comenzado a aumentar en el primer trimestre del 2004 en EE UU.

Esta ofensiva patronal para recortar gastos, especialmente mediante la reducción de plantillas, fue la respuesta a la lenta recuperación de beneficios en los 90, muy por detrás de la rápida subida de los precios de las acciones en bolsa, que acabó provocando la burbuja y el estallido del 2000. Para mantener los beneficios, las empresas recurrieron a echar mano de los fondos de pensiones y a manipular sus contabilidades, provocando una cadena de escándalos, que aumento aun más la presión por reducir costes de manera rápida, reduciendo plantillas[ix].

Si este aumento de la explotación del trabajo no fue acompañada en última instancia de una reducción de la producción fue, ahora si, por el efecto acumulado de las inversiones en TIC no solo desde los años 90, sino seguramente como apunto Solow en su día desde finales de los 70, en una lenta acumulación de «capital intangible» en forma de reestructuración del conjunto del sistema productivo y los métodos de trabajo.

El problema de esta explicación de Gordon es que lleva implícita la predicción de que la tasa de crecimiento de la productividad en EE UU en los últimos tres años no es sostenible, porque no es capaz en definitiva de cambiar sustancialmente las causas de la recesión, la sobreproducción y la caída de beneficios. El actual ciclo económico sigue dependiendo del consumo privado -que puede verse afectado rápidamente de manera negativa por la tensa situación internacional- y por una política de estímulos económicos masivos de la Administración Bush y de la Reserva Federal, que desde el comienzo de la recesión en el 2001 ha recortado la tasa de interés de 5,5% a un 1%, agotando sus márgenes de maniobra.

En la UE, el consumo privado juega un papel más limitado. Aunque a finales del 2002, la deuda familiar privada suponía el 80% de su renta disponible -una cifra sensiblemente inferior a la de EE UU- el servicio de esa deuda absorbía una parte mayor de la renta que en EE UU. Tampoco pudieron refinanciar esa deuda, como en EE UU, gracias a la rebaja de las hipotecas inmobiliarias, por la rigidez del mercado financiero.

Sin embargo, las deudas de las empresas privadas europeas crecieron más proporcionalmente que en EE UU en la segunda mitad de los 90 (pasando del 58% al 72% del PIB), en parte porque el mercado financiero era más flexible para las empresas que para las hipotecas. El hecho es que las inversiones empresariales europeas en la segunda mitad de los noventa fueron superiores a las de EE UU, precisamente para cubrir el déficit en productividad y por el propio tirón de la economía de EE UU. Y han creado un problema más grave de sobreproducción, agravado por la caída del valor del dólar en relación con el euro -reduciendo la competitividad de las exportaciones- y la política monetaria del Banco Central Europeo[x].

Las «otras» variables de la Estrategia de Lisboa

Aun si se descarta el efecto acumulado que pudiera tener una inversión importante en TIC en la UE en los próximos años y la extensión de las comunicaciones por banda ancha para alcanzar los objetivos apuntados en el 2010, quedan evidentemente otras variables sobre las que la Estrategia de Lisboa se dispone a trabajar. Todas ellas apuntan a un aumento, como en EE UU, de la explotación del trabajo.

Por un lado, el Pacto de Estabilidad, al imponer el limite del 3% de déficit presupuestario no solo juega un efecto depresivo pro-cíclico y no permite revertir la caída sistemática de más de una década de la inversión pública, sino que para mantener las existentes en infraestructuras y subvenciones a las empresas también actúa como un elemento de presión para el recorte del gasto social, la reforma de los sistemas públicos de pensiones y la reducción de la universalidad del sistema sanitario público, que son la base del «modelo social europeo». De hecho, se ha instalado en un «bucle diabólico» -por utilizar una analogía informática- porque cuanto más aumenta el déficit, más aumenta la presión por recortar el gasto social y capitalizar y privatizar los sistemas de pensiones para liberar y abaratar capital.

Por otro, la extensión de la vida laboral por encima de los 65 años -de manera reglamentaria atrasando el disfrute de las pensiones- parece bastante incompatible con una flexibilización del mercado de trabajo del alcance del propuesto por el Informe Kok. La débil tasa de participación en el mercado de trabajo de personas por encima de 55 años y de mujeres puede permitir la aparente contradicción de aumentar la población activa empleada y a la vez el paro, como ha ocurrido en los últimos tres años. Pero el crecimiento paralelo de población empleada y ejercito de reserva en paro -sin introducir aquí la variante emigración, que es esencial en esta ecuación- tiene efectos desastrosos sobre el salario, los ritmos de trabajo y los derechos laborales, empezando por los sectores mas marginales del mercado de trabajo y extendiéndose al conjunto, en la medida en que se debilite la capacidad de resistencia sindical.

De poco sirve el llamamiento a aumentar la formación profesional fuera de la empresa a lo largo de toda la vida laboral -y las masivas subvenciones comunitarias para ello- como forma de responder a la flexibilidad del mercado de trabajo cuando la crisis creciente del sistema educativo público, como consecuencias de los recortes presupuestarios, hacen que la tasa de jóvenes que abandonan o son expulsados del sistema escolar sin una preparación elemental alcanza ya la escandalosa cifra del 18,1%, algo más de 1 de cada 6 niños. Poco o nada podrá compensar estas cifras un llamamiento a aumentar la inversión privada en la educación secundaria, reforzando los efectos de la división de clases en la escuela y limitando la igualdad de oportunidades.

Resulta un poco sorprendente como la Comunicación dedica solo media página a la cohesión social, dadas las referencias al «modelo social europeo» y a que se reconoce que 55 millones de ciudadanos de la UE-15 -cifra que aumentará notablemente tras la ampliación- viven en la pobreza o al borde de caer en la misma[xi]. Es decir una media del 15% en la UE-15, que en los países del sur alcanza el 21%. Estas cifras exigen no solo ser analizadas en relación con el empleo – el 38% de los parados caen en esta categoría- sino también el género, porque la pobreza femenina es endémica entre las viudas y las familias monoparentales. Estas cifras se mantienen más o menos estables gracias a los beneficios sociales, que van más allá del efecto redistributivo fiscal, y que reducen la desigualdad de rentas en el coeficiente Gini entre un 30% y un 40%[xii]. Pero mientras que las políticas económicas son coordinadas por ley en el proyecto de Constitución europea, las políticas sociales quedan a la responsabilidad de cada estado miembro y sus planes de acción nacionales (PAN).

Pero en definitiva estos aspectos son secundarios -como el desarrollo sostenible o el cumplimiento de los Acuerdos de Kyoto- con respecto al objetivo central de aumentar la productividad mediante una rápida generalización de las TIC y un aumento de las inversiones. Los efectos sociales parecen medirse sobre todo en relación con la demanda, los niveles salariales[xiii] o la contención del gasto social. No en balde el proyecto Constitucional subordina el «modelo social europeo» a una «alta competitividad» en su artículo I-3-3.

La inversión privada depende en definitiva de las expectativas de beneficios. La flexibilidad del mercado laboral, la reducción del salario «indirecto» a través de la reducción del gasto social y la reforma del sistema de pensiones son ya contribuciones importantes de la Estrategia de Lisboa. Pero además queda superar el 1% del PIB de diferencia en inversiones públicas con EE UU, sobre todo en infraestructuras. En este sector, y dada la inflexibilidad del Pacto de Estabilidad, la contribución del presupuesto comunitario, directamente y como catalizador, es cada vez más importante. Desde el año 2000, los Fondos estructurales han movilizado 80.000 millones de euros para formación, innovación e infraestructuras y otros 8.000 millones de euros reforzarán estos programas en el 2004. Pero, de nuevo en este sector, se choca con el límite impuesto al presupuesto comunitario y la prohibición de endeudamiento del proyecto Constitucional.

El «riesgo» de la Desindustrialización

A pesar de que las conclusiones del Consejo hablan por segunda vez en menos de seis meses de «riesgo» de deslocalización industrial, la Comunicación de la Comisión -siguiendo un estudio realizado en el 2003-, considera que «no existe ninguna prueba de que la economía de la Unión muestre signos de desindustrialización global»[xiv].

Reconoce «la perdida de competitividad y de empleo» de sectores como el textil, minería, metales no ferrosos y el carbón pero los sitúa en un proceso de sustitución de sectores industriales por otros con mayor intensidad de capital, que deben ser impulsados por la propia aplicación de la Estrategia, aumentando la productividad y la flexibilidad laboral.

Aquí si que la ampliación juega un efecto directo, al incluir en el mercado único a 10 nuevos estados miembros con salarios tres veces inferiores y escasa protección social pero un sistema de subvenciones a las industrias equiparable al del resto de la UE, gracias a los Fondos estructurales. El 60% de las empresas alemanas de menos de 5.000 empleados han creado ya filiales en los nuevos estados miembros, en los que se concentrará la producción de sectores claves, como los componentes automovilísticos o productos químicos, que hasta ahora se fabricaban en países como España o Italia.

Para no hablar de otros sectores, como el textil que, gracias a la liberalización de la OMC prevista para enero del 2005, se están desplazando a Rumania, Marruecos, Belarus o Turkmenistán. El superavit comercial de la UE-15 con respecto a los nuevos estados miembros es de 104.000 millones de euros y el mercado único exige compensaciones. Pero implica al mismo tiempo un «dumping social» a la baja de enormes proporciones, que enfrenta y hace competir entre si a distintos sectores de la clase obrera europea, mientras la Comisión propone un «acuerdo de los actores sociales»[xv]. De hecho, la amenaza de las deslocalizaciones se ha convertido ya en un potente instrumento de chantaje para obligar a los sindicatos a aceptar como un mal menor la reestructuración a la baja de las condiciones de trabajo y los salarios.

Las deslocalizaciones permiten a las empresas aumentar su competitividad esquivando uno de los elementos centrales de la Estrategia de Lisboa como es la formación y la inversión en capital humano. En el sector industrial manufacturero el proceso se ha agravado en los tres últimos años no tanto en Francia y Alemania, que por razones políticas mantienen en lo posible sus niveles de empleo, sino en los países de segundo nivel productivo de la UE a favor de los nuevos estados miembros, creando la base material para una Europa a «varias velocidades» a través de una dinámica centro-periferia.

La diversidad lingüística de la UE puede frenar las deslocalizaciones en el sector servicios y retrasar que ocurra como en EE UU o Gran Bretaña, que han desplazado los centros de llamadas a países como la India o Pakistán. Pero al hacerlo limitará también los efectos en la productividad general de la aplicación de las TIC al sector servicios, hasta que se acabe imponiendo un idioma común al menos para la gestión interna.

¿Qué hacer?

La estrategia de competencia inter-imperialista diseñada por la Comisión, en un marco de recesión causada por la sobreproducción y la caída de la tasa de ganancias, acaba convirtiéndose, como hemos visto, en una acumulación de tácticas para la reducción de costes productivos y la transferencia de renta de los salarios al capital. Si esto puede parecer una «burda explicación marxista», es sin embargo superior que el barniz ideológico, a veces esotérico, sobre las capacidades de las «nuevas tecnologías de la información y la comunicación» que utiliza la Comisión europea.

Frente a la Estrategia de Lisboa, el punto de partida no puede ser otro que las resistencias sociales «realmente existentes». Apoyar su coordinación europea, con reuniones de comités de empresas europeas y jornadas de luchas. La ideología del «partenariado social», que ha encadenado a las direcciones sindicales de la CES a las promesas de «pacto social» para la defensa del «modelo social europeo», se está erosionando en la medida que se aplican las políticas de la Estrategia y sus efectos recortan los márgenes de maniobra para legitimar dicho «pacto social». Las jornadas de lucha europeas de la CES son pasos en ese sentido. Hay que comenzar a reconstruir una izquierda sindical, dentro y fuera de los grandes sindicatos, que comience a dar cuerpo a una alternativa, en alianza con el movimiento contra la globalización capitalista y la guerra.

La perspectiva de construir una alternativa, en el sentido fuerte que incluya un autentico modelo de desarrollo sostenible capaz de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, es fundamental en esta fase. Las luchas de resistencia aisladas, sin coordinación europea, están condenadas en buena medida al fracaso. Coordinadas a nivel europeo pueden frenar la aplicación de las políticas de la Estrategia, pero no obligar a los gobiernos a adoptar una nueva orientación. Para ello hará falta no solo que esa nueva orientación tome cuerpo, sino también que se produzca un cambio en la correlación de fuerzas con la aparición de nuevos instrumentos políticos con efectos electorales.

La tarea de la próxima Comisión europea será precisamente pasar a la fase de aplicación masiva de la Estrategia, apoyándose en los efectos de la ampliación, en su plasmación en ley en la Constitución neoliberal europea y en las nuevas Perspectivas Financieras que entrarán en vigor en el 2006. Por eso, además de resistir y ayudar a la resistencia social, la izquierda alternativa europea tiene que enfrentar su propia alternativa al actual modelo de construcción comunitaria[xvi].

Frente al Pacto de Estabilidad es necesario un Pacto de Solidaridad europea que permita un aumento sustancial de las inversiones públicas anti-cíclicas y asegure un auténtico «modelo social europeo», manteniendo e incrementando los niveles de salario indirecto a través de la redistribución fiscal. Este es el mecanismo más eficaz para mantener de manera transversal el consumo privado y la demanda en el mercado único europeo. Al mismo tiempo que es inaceptable que los salarios directos en la UE sigan cayendo en términos relativos (-0,7% de media en los últimos tres años), con la excusa de recuperar una «competitividad» que en la práctica es una mera transferencia de renta a favor del capital.

El Pacto de Solidaridad debe ir acompañado de una comunitarización creciente de las políticas económicas pero también sociales a través de un aumento sustancial del presupuesto comunitario, incluida la capacidad de endeudamiento. El actual límite del 1,27% del PIB de la UE es claramente insuficiente para hacer frente a los retos combinados de la recesión y la ampliación. El nuevo Parlamento europeo debería tener la capacidad para fijar una contribución de los estados miembros al presupuesto comunitario de acuerdo con los propios objetivos de la Estrategia de Lisboa de al menos un 0,5% mas del PIB europeo y permitir un endeudamiento de otro 1% del PIB, acompañado de un impuesto europeo sobre las empresas multinacionales europeas.

Una política industrial europeo debe tener como objetivo impulsar un aumento de la productividad general, alcanzando al menos los niveles de inversión en I+D de EE UU y Japón, que al mismo tiempo permita una reindustrialización equilibrada en el mercado único que respete los derechos sociales de los trabajadores. El derecho de información y control de los sindicatos, la devolución de las ayudas recibidas y la recalificación como terrenos públicos de los espacios industriales subvencionados deben de ser utilizados como frenos frente a las deslocalizaciones en un paquete legislativo comunitario.

Frente al borrador de Tratado de la Convención, que pretende convertir en ley las políticas neoliberales, defendemos una auténtica Constitución europea que asegure el derecho de ciudadanía. Empezando por una renta básica universal, un salario mínimo interprofesional europeo ajustado al coste de vida y la productividad de cada estado miembro, el derecho universal a una vivienda digna, una sanidad y una educación públicas de calidad y un sistema de pensiones garantizado después de 35 años de trabajo. Y continuando por la semana de 35 horas, acceso universal a unos servicios públicos de calidad y derechos de representación, negociación y acción colectiva sindicales. Por increíble que parezca estos derechos básicos del «modelo social europeo» no solo están recortados en el proyecto de Tratado Constitucional de la Convención, sino que además están subordinados a las legislaciones nacionales de los estados miembros.

14 de abril del 2004