Una cuestionada fiscal presentó al Parlamento una denuncia constitucional orientada a destituir al presidente peruano Pedro Castillo, por presuntamente liderar una organización criminal.
Envalentonados por los últimos resultados electorales regionales y municipales, que favorecieron a sectores de derecha y de ultra derecha a nivel nacional, la Fiscalía de la Nación, sostenida en los grandes medios de comunicación, pusieron el pie en el acelerador y retomaron las iniciativas destituyentes del presidente Castillo.
La fiscal de la Nación Patricia Benavides anunció en una conferencia de prensa la presentación de una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por, supuestamente, liderar una organización criminal.
En ese entender, Benavides -sobre quien pesan serios cuestionamientos por favorecer a su hermana, involucrada en delitos de narcotráfico- adujo que contaba con pruebas para acusar al mandatario y que “desde este momento es responsabilidad del Congreso decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional”, la cual busca destituir a Castillo.
Lo que busca en realidad la Fiscal con esta arremetida legal, es crear las condiciones jurídicas para la destitución de Pedro Castillo. De esa manera, empalma con la estrategia destituyente de un sector de la derecha y la ultra derecha parlamentaria que ya trató en dos oportunidades de hacerlo y no logró reunir los 86 votos necesarios en el Congreso.
Mientras, Castillo presentó un recurso contra la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso con el fin de librarse de la denuncia constitucional en su contra por traición a la patria y para evitar que se le siga investigando por supuesto delito de organización criminal.
En el documento, recibido el miércoles 12 de octubre, se señala que el mandatario busca que “se declare la nulidad de todo lo actuado” por la Comisión de Fiscalización, encabezada por el legislador fujimorista Héctor Ventura, respecto a las indagaciones que se hicieron contra Castillo por los casos Puente Tarata III, injerencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas y las visitas en la casa de Sarratea, en Breña..
De acuerdo a un documento difundido por el portal LP Derecho, Pedro Castillo interpuso una demanda de amparo a la Corte Superior de Justicia de Lima con el objetivo de anular las investigaciones en su contra, así como evitar una eventual vacancia presidencial.
Otro objetivo de Castillo es anular la denuncia constitucional por presuntas infracciones a la Constitución, el supuesto delito de traición a la patria. La Subcomisión de Acusaciones alista el informe de la denuncia constitucional 219, referida en las declaraciones que dio Pedro Castillo al periodista mexicano Fernando del Rincón en CNN para una eventual salida al mar para Bolivia.
Castillo solicitó al Poder Judicial “que se ordene al Congreso que se abstenga de ejercer control político de manera arbitraria, desproporcionada y anticonstitucional en su contra, y en su calidad de presidente constitucional del Perú”.
El show destituyente de la Fiscalía
Contando con un gran despliegue policial y mediático, la Fiscalía allanó la vivienda de una hermana del presidente así como las oficinas y las viviendas de los seis congresistas del partido centrista Acción Popular, a quien la prensa y la oposición política del presidente han bautizado de “los niños”. Ellos son Elvis Vergara, Ilich López, Darwin Espinoza, Jorge Flores, Juan Carlos Mori y Raúl Doroteo. Estos seis congresistas fueron acusados de apoyar al presidente Castillo con su voto para evitar la destitución presidencial. La acusación fue hecha por una empresaria y lobista corrupta, Karelim López, acogida a la ley de «colaboración eficaz» con la justicia, algo parecido a la «ley del arrepentido» argentina o la «delación premiada» brasileña.
Según la denuncia de la empresaria, los parlamentarios habrían recibido una serie de favores políticos por parte del Ejecutivo, dentro de los cuales se menciona que negociaron obras en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuando presidia este Ministerio el hoy prófugo Juan Silva. Permitió, además, el allanamiento de la casa de la hermana del mandatario donde, según informó posteriormente el mismo Castillo, se encontraba su madre recuperándose de una operación.
La Fiscalía de la Nación dispuso la detención preliminar por diez días de diversos ex asesores del presidente Pedro Castillo, como Biberto Castillo, Auner Vásquez, Eder Vitón y Abel Cabrera y ordenó la detención de Segundo Sánchez Sánchez, propietario de una casa – ubicada en la localidad de Breña – que habría sido utilizada por el presidente Castillo como una oficina alterna a Palacio de Gobierno.
También ordenó la detención por diez días de Salatiel Marrufo, ex asesor del alcalde de Anguía José Nenil Medina y persona cercana al ex ministro Geiner Alvarado.
Quedó claro que el objetivo central de este operativo judicial y de la mencionada denuncia constitucional de la Fiscalía, es allanar el camino para la judicialización política del presidente, a quien acusa de presidir una organización criminal valiéndose para ello únicamente de las declaraciones de una serie de «colaboradores eficaces».
Desde la izquierda se señala que desde que pisó el palacio de gobierno, y debido a su estrategia de conciliación de clases, Castillo se fue orillando cada vez más a la derecha, al grado tal que terminó renunciando completamente a sus tibias promesas de campaña y ahora gobierna siguiendo la línea del piloto automático neoliberal y en el marco de la Constitución fujimorista de 1993.
Pese a ello, un sector de la derecha y la ultraderecha que tienen presencia en el Parlamento, además de los grandes medios de comunicación, no lo quieren, y por eso, desde que inició su gestión, han buscado desestabilizarlo utilizando la figura de la vacancia presidencial, con lo cual no solo debilitaron significativamente su gobierno, sino que lo terminaron empujando más a la derecha.
Percibiendo la debilidad del mandatario, arremeten contra Castillo y buscan oxigenar al Congreso para que sea este el que termine de darle la estocada final al presidente de la República, con lo cual se vuelve a abrir un nuevo capítulo de la turbulenta crisis política superestructural que se vive en el Perú, cuyo desenlace es incierto.
Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.