La Justicia española, al igual que la de la de varios otros países europeos, ha dado ayer un paso más en la investigación de los secuestros y traslado de prisioneros hacia centros de tortura realizados por la CIA en aviones civiles a través de aeropuertos europeos desde poco después del 11-S. Jueces de países como […]
La Justicia española, al igual que la de la de varios otros países europeos, ha dado ayer un paso más en la investigación de los secuestros y traslado de prisioneros hacia centros de tortura realizados por la CIA en aviones civiles a través de aeropuertos europeos desde poco después del 11-S.
Jueces de países como Alemania, Italia o Suecia, tienen causas abiertas por casos similares, y en dos de ellos, Alemania e Italia, con pedidos de las fiscalías del Estado a sus respectivos gobiernos para que reclame a Estados Unidos la extradición de varios agentes de la CIA identificados por su implicación en secuestros. Sin embargo, en ninguno de estos casos, los gobiernos han aceptado hasta ahora cursar ante EEUU los reclamos judiciales.
Queda por ver cómo responde ahora el Gobierno de Angela Merkel al pedido de la Fiscalía de Múnich, pero dada su afinidad con George W. Bush parece difícil que vaya a desentonar con la práctica que vienen llevando los otros gobiernos.
La contradicción entre las investigaciones judiciales y la actitud de los gobiernos europeos, sean éstos de un signo ideológico u otro, a la hora de pedir explicaciones al Gobierno de EEUU sobre operaciones típicas de terrorismo de Estado realizadas al amparo de la guerra contra el terror, han cubierto de un manto de impunidad total esas actividades en Europa.
El informe de 120 páginas de la comisión del Parlamento Europeo dirigida por el eurodiputado Claudio Fava que investigó exhaustivamente el tema, concluyó a fines de 2006 que las cárceles flotantes de la CIA hicieron 1.245 escalas en aeropuertos europeos, 125 de ellas al menos en 10 aeropuertos españoles.
El informe denunció la complicidad, activa o pasiva de sus 25 países miembros, una denuncia similar a la que hizo la comisión del Consejo de Europa presidida por el fiscal Dick Marty creada con el mismo fin, en relación a sus 46 estados miembros y en particular contra 14 de ellos, entre los que se encontraba España.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la utilización por parte de la CIA de una decena de aeropuertos españoles para la escala de sus aviones camuflados, ha reclamado ayer al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) la desclasificación de toda la documentación existente sobre el tema. El magistrado justifica su decisión en «la gravedad de los hechos objeto de instrucción» y sostiene en su alegato que no se puede argumentar que la desclasificación de documentos de los servicios de Inteligencia afecte a la seguridad del Estado, en tanto que dicha seguridad «es un valor constitucional que también puede verse negativamente afectado por la no aportación a la investigación judicial de los documentos solicitados».
La Fiscalía de Milán viene reclamando por su lado, primero al Gobierno Berlusconi, y luego al Gobierno Prodi, que tramite ante EEUU la extradición de 26 agentes de la CIA, entre ellos Jeff Castelli, ex director de la estación de la agencia en Italia y Robert Seldom Lady, jefe de operaciones en Milán, por su implicación directa en el secuestro el 17 de febrero de 2003 en el centro de esa ciudad, del imam egipcio Abú Omar. Éste fue trasladado por la fuerza a la base aérea de Aviano y de allí a la base de Ramstein en Alemania, desde donde finalmente se le llevó a la prisión de Mazra’at Tora, en Egipto, donde fue brutalmente torturado. Aún permanece allí confinado.
El Gobierno ha destituido por este caso a toda la cúpula del Sismi (los servicios secretos italianos) y en estos días se han iniciado las audiencias preliminares…pero no se ha dado curso aún al reclamo de extradiciones.
En Suecia, primer país europeo donde se produjo una acción de la CIA de este tipo tras el 11-S, la Justicia ha decidido indagar también la complicidad que tuvo la SÄPO (Policía de Seguridad sueca) en el secuestro, el 18 de diciembre de 2001, de dos ciudadanos egipcios solicitantes de asilo, Ahmed Agiza y Mohammed al-Zari. Ambos fueron transportados en uno de los aparatos civiles de la CIA a Egipto, donde fueron brutalmente torturados. Al Zari fue liberado, sin cargos, pero no puede abandonar el país. Agiza permanece por su parte aún en prisión.