Se creyeron inmunes, lo cual no es extraño, ya que -como muchos otros- estaban convencidos de que jamás pagarían las consecuencias. Era suficiente el ejemplo de gobiernos anteriores y la impunidad con la cual cerraron capítulos, para creer a pies juntillas que esa permisividad sería extensiva hasta el fin de los tiempos. Pero no contaban […]
Se creyeron inmunes, lo cual no es extraño, ya que -como muchos otros- estaban convencidos de que jamás pagarían las consecuencias. Era suficiente el ejemplo de gobiernos anteriores y la impunidad con la cual cerraron capítulos, para creer a pies juntillas que esa permisividad sería extensiva hasta el fin de los tiempos. Pero no contaban con el inesperado giro de los acontecimientos, o mejor dicho con la vuelta de tuerca marcada por una Cicig más comprometida, un Ministerio Público desvinculado de las órdenes presidenciales y operadores de justicia capaces, por fin, de blindarse contra sobornos y amenazas.
El panorama, a partir de la estrepitosa caída en desgracia de los anteriores gobernantes y su séquito de cómplices, tiene a la ciudadanía entre el asombro y el escepticismo. Ha sido de tal envergadura el golpe contra las organizaciones criminales incrustadas en el Estado, que resulta difícil creer en un desarrollo lógico de los procesos. Muchos piensan -y no se les puede reprochar- que de pronto todo volverá a la «normalidad» de los vicios y la manipulación para echar por tierra todo el esfuerzo y los logros alcanzados en el ámbito de la justicia.
El desfile hacia los centros de detención ha sido un espectáculo capaz de levantar los ánimos de quienes nunca lo creyeron posible. Sin embargo, aún faltan los juicios y allí es en donde se verá cuán efectivos serán los denodados esfuerzos de los abogados defensores por librar a sus clientes del castigo, pero sobre todo cuán efectivas serán las evidencias en contra de los sindicados y cuánto pesarán al momento de dictarse las sentencias.
Sin embargo, sigue pendiente el tema de las devoluciones. De acuerdo con los datos revelados por actores, testigos protegidos e investigadores del Ministerio Público y la Cicig, las sumas de dinero saqueadas a las arcas del Estado son de volúmenes difíciles de concebir. Esto alcanza relieves de espanto cuando se confrontan con los presupuestos escatimados a los servicios fundamentales como educación, salud, alimentación y vivienda, cuyas deficiencias tienen un impacto muchas veces letal en la vida de la ciudadanía.
Para quienes observan el desarrollo de las audiencias y tienen la oportunidad de ver y escuchar a los sindicados de delitos como cohecho activo, tráfico de influencias o defraudación tributaria -los más frecuentes en estos casos de alto impacto- ha de ser gratificante constatar que no importa el nivel de poder e influencia de un empresario, político o profesional, cuando se trata de aplicar la justicia de manera correcta, tal y como lo mandan la Constitución y las leyes.
Entre las lecciones aprendidas durante los últimos meses, una de las más valiosas es el efecto de la ley de Newton aplicada a las acciones humanas. Es el retorno de la masa cuando se eleva sin una plataforma que la sostenga en las alturas, como sucede con tanto funcionario inepto y corrupto cuyo ascenso reposa débilmente sobre una burbuja de influencias y compadrazgos. Cuando caen, traen de vuelta toda la inercia de su incapacidad y sus malos manejos para estrellarse estrepitosamente en el suelo, tal y como sucede actualmente en las salas de audiencias de la torre de tribunales.
La justicia bien aplicada es la última esperanza de Guatemala para iniciar la reconstrucción de su sistema democrático sobre bases sólidas. Pero en esa dirección deben actuar todas las fuerzas institucionales y civiles, muy especialmente sus gobernantes. Si estos no tienen la visión y la decisión de enderezar su rumbo, todo el esfuerzo realizado habrá sido un mero espejismo.
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