El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional para lo protección del medio ambiente y los defensores de derechos ambientales, promovido y firmado por el Perú en el 2018, pero no ratificado por el poder legislativo, tras una campaña infame de falsedades liderada por la bancada de Fuerza Popular que logró su archivamiento en dos oportunidades como un daño colateral ante la disputa del poder político con el ejecutivo a costa del debilitando de la institucionalidad ambiental[1]; otro hecho más, que forman parte del eslabón de un irracional ejercicio del poder que nos tiene arrinconados y que ésta destruyendo la institucionalidad democrática.
Hoy el ejecutivo tiene serias denuncias de violación de derechos humanos tras un desproporcional uso de la fuerza que costó la vida a 50 personasen protestas, por su parte el Congreso viene promoviendo proyectos de ley que vulneran groseramente la legislación, los derechos ambientales y de pueblos indígenas; mientras que en los territorios se ha incrementado la vulnerabilidad con amenazas y asesinatos a defensores de derechos ambientales; solo desde inicio de la pandemia se han asesinado a 22 líderes y lideresas ambientales, principalmente indígenas y el reciente informe de Global Witness ha situado al Perú entre uno de los cuatro países con mayor violencia a defensores en todo el mundo, siendo la Amazonía peruana uno de los lugares más peligrosos para defender derechos[2].
Mientras el debilitamiento institucional ambiental se agrava, el autoritarismo del Congreso se ha fortalecido, los consensos mínimos de respeto y protección de derechos ambientales se van quebrando cada vez que asoman inversiones extractivistas, pero paradójicamente el Acuerdo de Escazú a nivel regional sigue sumando firmas y ratificaciones, hoy el Acuerdo ha sido ratificado por 15 países de América Latina y el Caribe, se han realizado la primera y segunda Conferencia de las Partes, conocidas como COP de Escazú, construyendo una arquitectura normativa e institucional que permita dar respuesta a las emergencias ambientales que se viven en los territorios, es en ese marco que se acaba de realizar el Segundo Foro Anual sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, organizado por la CEPAL.
Escazú es el primer tratado en el mundo que contiene disposiciones específicas para garantizar un entorno seguro y propicio para la protección de personas, grupos y organizaciones, que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, así lo estipula el artículo 9 del Acuerdo y es para la implementación de este artículo que se dieron cita más de trescientas personas, gran parte de ellas defensoras y defensores de derechos, obedeciendo a lo acordado en la COP-1, al establecer un Grupo de Trabajo con el objetivo de generar un Plan de Acción Regional, además de comprometerse a celebrar un Foro Anual sobre defensores y cuyo informe final sirva para mejorar la elaboración del Plan de Acción que se tendrá que aprobar por los Estados parte, en abril del 2024.
El Segundo Foro Anual realizado en Panamá del 26 al 28 de septiembre, reunió a una diversidad de defensores y sobre todo defensoras de derechos de la región más violenta del mundo, que inmediatamente trajo al Foro una realidad alarmante respecto a la situación de cada uno de ellos: amenazas, hostigamiento, criminalización, persecuciones, invasiones y contaminación de territorios, encarcelamiento, torturas, asesinatos, nada más empezar el Foro la cantidad de denuncias rebasó el escenario para que se tenga un consenso contundente frente a la dramática situación que viven los defensores, que a pesar de los esfuerzos no sea suficiente reunirse en un ámbito internacional para seguir construyendo un instrumento que hará frente a una realidad cambiante que cada día sigue asesinando a defensores.
Entre la diversidad de voces se escuchó a Máxima Acuña quien sigue enfrentando el hostigamiento y la criminalización de la empresa minera Newmont por negarse a vender su propiedad en Cajamarca, Perú; también alzó su voz Carolina de Moura del Estado de Minas Gerais, Brasil al seguir denunciando la impunidad tras el desastre ambiental de las rupturas de presa en Brumadinho y Mariana que ocasionó la muerte de 272 personas por negligencia de la empresa Vale; se recordó el legado de Berta Cáceres, mientras en la reunión oficial no pararon las denuncias contra empresas, Estados y organizaciones criminales que operan economías ilegales, y así defensores y defensoras realizaban sus denuncias y demandas que apabullaron al gran esfuerzo que significa implementar el Acuerdo de Escazú.
Toda esa experiencia compleja debía ser canalizada en aportes al borrador de un Plan de Acción Regional[3], donde a partir de cuatro ejes prioritarios y acciones estratégicas se plantee toda esta problemática, estos ejes son la generación de conocimiento, que deberían tomar en cuenta mejorar los diagnósticos sobre la situación de defensores, y sobre todo mejorar los instrumentos y mecanismos de prevención, protección y respuesta rápida a partir de las experiencias nacionales. El eje reconocimiento, que no solo quede en reconocer la labor personal del defensor, sino que además se reconozca la dimensión colectiva, pero sobre todo los Estados reconozcan las instituciones locales y mecanismos propios que actualmente tiene las organizaciones y pueblos indígenas para defender su territorio. El tercer eje el fortalecimiento de capacidades y apoyo a la implementación nacional, donde urge de voluntad política de Estados para enfrentar la problemática con acciones estratégicas de planes nacionales y con presupuesto asignado, no solo de los Estados sino de un fondo económico para el Acuerdo; finalmente el cuarto eje de seguimiento y revisión que permita tener indicadores de cumplimiento pero sobre todo que se revise el Acuerdo en base a las experiencias nacionales, lo que está funcionando y lo que no, para que les sea útil a los defensores.
El camino de implementación de Escazú beneficiará a los que están dentro y fuera del Acuerdo, no olvidemos que en el caso peruano contamos con un Mecanismo Intersectorial de Protección de Defensores de Derechos Humanos, que no está funcionando de forma adecuada, pues esa experiencia es la que debe ser discutida y canalizada por el Acuerdo, así como las políticas públicas de defensores de México o Colombia que si bien tiene avances también tienen notorias deficiencias, estas deberían ser la línea de base del Plan de Acción.
Lo cierto es que la Secretaría del Acuerdo tiene la enorme tarea de incorporar estos aportes y experiencias, y para ello es necesario mejorar la planificación metodológica; son estos foros donde los participantes, con su conocimiento y experiencia deben constituirse como el centro de las propuestas, ellos tienen la casuística y para eso hay que involucrarlos desde el inicio hasta el final del foro; sólo así se puede asegurar instrumentos enriquecidos y la Secretaría del Acuerdo habrá cumplido el difícil trabajo de contar con una herramienta ambiciosa, porque la urgencia es dramática; ya en abril del 2024 sabremos de la voluntad política de los Estados para enfrentar este nuevo flagelo que está destruyendo el tejido social de los países de la región.
Notas:
[1] Ver en Ojarasca de La Jornada: https://microadmin.jornada.com.mx/ojarasca/2020/08/07/escazu-cronica-de-una-infamia-al-medio-ambiente-en-peru-7471.html
[2] Ver informe de Global Witness: https://www.globalwitness.org/es/standing-firm-es/
[3] Borrador de la propuesta del Plan de Acción: https://www.cepal.org/es/notas/consulta-publica-la-propuesta-indice-anotado-plan-accion-defensoras-defensores-derechos
Luis Hallazi Méndez es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos, actual facilitador de la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra.
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