I. EL USO Y ABUSO DE IDEAS Y CONCEPTOS: EL PUEBLO, LA SOBERANÍA, LA DEMOCRACIA, EL ESTADO DE DERECHO Y LOS PODERES DEL ESTADO
«Un pueblo que en los pocos minutos de libertad obtenidos cada cuatro años tan solo se dedica a elegir representantes, mediante el voto, no merece ser libre»: Rousseau[2].
La derecha criminal en el poder se apropia, adapta o desecha ideas de acuerdo a sus intereses. La afirmación neoliberal de que la soberanía es obsoleta es una posición ideológica, no un hecho consumado. Lo que se observa en América Latina es un campo de batalla conceptual y político: Por un lado, existen presiones e ideas que buscan diluir la soberanía en favor de la integración en mercados y cadenas globales de valor. Por otro lado, hay una potente reivindicación de la soberanía como herramienta para el desarrollo autónomo, la justicia social y la resistencia a formas de dominación externa. «Soberanía» no es un concepto abstracto, sino una lucha histórica contra la dominación externa (colonialismo, imperialismo, intervencionismo). Por lo tanto, cederla a actores globales se ve como una repetición de patrones de dependencia.
Un elemento clave en la definición de patria es la soberanía, la capacidad de un país para decidir sobre sus propios asuntos, tanto a nivel político como económico, en lo interno y externo. La pérdida de soberanía en favor de entidades supranacionales, de los mercados financieros, la burguesía delictiva o sus sicarios militares y políticos debilita a la patria, ya que impide la aplicación de políticas que beneficien a la mayoría social. Perú es un Estado plurinacional y debería reconocer la existencia de diversas naciones dentro del Estado y abogar por una organización territorial desde abajo hasta la federal como la mejor vía para encajar esa diversidad. Esta postura se distancia del nacionalismo militarista peruano (encarnado en un Presidente violador, en los militares y autoridades que lo acompañan y muchos que han pasado por las fuerzas arrmadas y policiales), que históricamente han «colonizado» el lenguaje con las marchas, desfiles y servicio militar y los símbolos patrios, reduciendo la patria a una bandera, un himno, una escarapela o un escudo. El patriotismo no debe ser excluyente ni oponerse a las identidades nacionales periféricas, sino que debe ser capaz de integrar la pluralidad en un proyecto común de país. Posición asumida espontáneamente desde hace mucho por los pueblos originarios y clases populares. En definitiva, la patria es un concepto combativo y popular. No se trata de símbolos, sino de la gente que conforma el país y de la lucha por su soberanía y sus derechos sociales. Un patriota, en nuestra visión, no es un militar o policía que entrega el país o es un instrumento de opresión, sino aquel que defiende lo público, se opone a la desigualdad y trabaja por un futuro más justo para todos los pueblos. La soberanía es el poder supremo, absoluto y perpetuo que reside en el pueblo y se expresa en el Estado, libre de cualquier control externo o poderes internos. En las monarquías absolutas o en el virreinato, este poder residía en el Rey y sus secuaces; sin embargo, en los sistemas democráticos modernos, este concepto fue revolucionado hacia la Soberanía Nacional/Popular: pensadores como Rousseau (con su concepto de «Voluntad General») establecieron que la soberanía no reside en un gobernante, sino en el pueblo (o la nación). Esto significa que el pueblo es la fuente última de todo poder político.
En resumen: El pueblo es el titular de la soberanía y de la patria, el máximo depositario del poder. Si el pueblo es soberano, pero no puede gobernar directamente en sociedades complejas, ¿cómo ejerce ese poder? Es a través de un delegado, un mandato basado en un contrato social, que se materializa en la Constitución. La soberanía res-publicana exige, además del control soberano sobre la comunidad ética, la no delegación de la elaboración de la ley. Se puede delegar la función gubernativa; puede haber gobierno formado por representantes, pero no leyes elaboradas por representantes. Precisamente este imperativo constituye el origen de las «Asambleas Primarias», que aparecen en los procesos revolucionarios, como el Consejismo soviético o el Asamblearismo.[3] En el Perú la usurpación es la norma y el Congreso legisla en función a sus intereses delictivos con un espantoso cinismo.
La Constitución es la ley fundamental donde el pueblo, en ejercicio de su soberanía, establece las reglas del juego, las modifica y crea los poderes del Estado, pero las oligarquías se han apoderado de ella. Los mecanismos de ejercicio se daban por elecciones donde el pueblo elegía a sus representantes (diputados, senadores, presidente) para que ejerzan el poder bajo mandato popular con la condición de ser postulados desde abajo, desde los pueblos. Solo quedó en una ficción. En Perú la Constitución neoliberal fue modificada decenas de veces, impidieron gobernar a un representante del pueblo y hoy está jurídicamente mal apresado, sin pruebas ni condena.[4] Los precandidatos que proponen una Asamblea Constituyente son impedidos de participar para la presidencia y sufren persecución desde el lawfare. Otra forma fue eliminar los referéndums y consultas populares: en los que en casos específicos, el pueblo podía decidir directamente sobre asuntos de gran importancia. En Perú el Congreso ilegítimo y criminal ha anulado esta posibilidad. Luego recurrieron a la anulación participación ciudadana, a través de iniciativas legislativas populares, protestas, y otros mecanismos de la sociedad civil, que no solo son ferozmente reprimidos sino que han recurrido a los asesinatos genocidas. En resumen, el régimen político peruano, con sus poderes e instituciones independizados del poder soberano, es profundamente antipatriota, antidemocrático y procolonial.
Sección II. LOS PODERES DEL ESTADO: LOS “MANDATARIOS” DEL PUEBLO SE IMPONEN COMO LOS UNICOS SOBERANOS.
El pueblo, soberano, en escasas ocasiones delegaba el ejercicio concreto del poder en tres instituciones específicas para evitar la tiranía y garantizar la libertad fundada en la satisfacción de necesidades populares. Confiaba en la separación de poderes, propuesta por Montesquieu. Pero, después de mas de tres décadas de tiranía presidencial o congresal, el pueblo va entendiendo que carece de capacidad de control sobre la realidad, y los mismos políticos profesionales delegados, mandatados, no «representantes», no «tutores» (porque esto no es compatible con la república) son impotentes, carecen de fuerza cuando se tienen que enfrentar con la capacidad de control sobre la actividad –la realidad– que posee el capitalismo, la burguesía. La mayoría de ellos se entregan al sistema opresor, se deja de pensar en que cada poder tiene una función específica, que son independientes entre sí y que se controlan mutuamente (sistema de pesos y contrapesos – checks and balances) y optan por convertirse en un solo poder que avale y los proteja en el saqueo del Estado. Veamos.
El poder legislativo. Ha sido capturado y privatizado, reiteradamente desde 1990, por pequeñas organizaciones criminales que aliadas hacen una mayoría que legisla en favor del crimen. Si su función inicial teóricamente era crear las leyes coherentes con una constitución decidida por el pueblo, representando la voluntad popular que las traduce en normas jurídicas que rigen la vida en sociedad; con el neoliberalismo se dan cartas magnas desde arriba que mercantilizan los parlamentos, cambiando su relación con el pueblo. Primero la derecha y después también la izquierda cambian las reglas del juego, grupos de interés crean y usan mafias que los denominan partidos, ponen a su servicio un sistema electoral donde el candidato es elegido indirectamente por un voto mediado por partidos no representativos y mediante elecciones amañadas, financiadas y manipuladas por entes privados; ya no representa al pueblo soberano. Antes, si no cumplían con los mandatos podían ser destituidos y reemplazados, ahora son condecorados. Hoy, el Congreso es uno con el Ejecutivo (ya no interpela ministros si son del poder profundo, pero sí aprueba presupuestos, y en algunos casos, destituye presidentes). Nombra a altos funcionarios y puede juzgar políticamente, si les conviene, a altos cargos. El poder ejecutivo actual, Ejecuta y hace cumplir las leyes creadas por un legislativo delincuencial, dirige la administración del Estado en oposición a los pueblos y a la democracia, maneja la política exterior de acuerdo a intereses bastardos y es el jefe de unas fuerzas armadas sin rumbo al eliminar la soberanía de sus funciones. Alejados del pueblo, el gobierno, la presidencia, el primer ministro y su gabinete, propone leyes criminales al legislativo y puede vetar propuestas que afecten sus mezquinos intereses y privilegios. Su función es aplicar la ley, pero van mas allá y crean leyes de la mano con el poder judicial que abandona su función de administrar justicia, interpretar leyes y resolver conflictos aplicándolas a casos concretos de injusticia y apoyo al crimen. El poder judicial, al igual que el Congreso, también ha sido capturado por las organizaciones criminales como FP y el APRA haciendo un negocio de la justicia y protegiendo, archivando procesos y modificando la constitución y las leyes en favor del crimen. Garantiza que se cumpla la Constitución hecha a pedido del proyecto neoliberal. Sus órganos, tribunales de justicia y cortes supremas son impuestos por el congreso y ellos mismos, fungiendo de guardianes de los derechos individuales y las garantías constitucionales solo de su entorno, desprotegen al ciudadano de los abusos de los otros poderes. Los jueces ya no son independientes y menos si no son elegidos popularmente para evitar que se dejen influir por intereses políticos momentáneos. En síntesis, el proyecto liberal «clásico» ya no existe más a nivel global y menos en países recolonizados. Desde el control y legitimidad, donde el pueblo, soberano controla a estos poderes a través de elecciones periódicas y destituciones para renovar a Legislativo y al Ejecutivo; la participación ciudadana y la protección de sus derechos por parte del Poder Judicial, simplemente ya no existen. Tampoco la relación de delegación y control donde el Pueblo (soberano) es el dueño del poder y los poderes del estado (Legislativo, Ejecutivo, Judicial) son los administradores temporales de ese poder, elegidos y controlados para servir al interés general y garantizar la libertad, bajo el marco supremo de la Constitución, esas son cosas del pasado europeo pero nada que ver con el Perú. Cuando esta relación se rompe (por ejemplo, si un poder domina a los otros o si el pueblo no puede controlar a sus representantes), el sistema democrático y el principio de soberanía popular entran en crisis y puede provocar rebeliones.
¿Algún poder es superior a los otros? ¿O cuál es más importante? En teoría, dentro de la lógica de la separación de poderes y los pesos y contrapesos, ningún poder es superior a los otros. Como señala Andrés de Francisco:
El problema de esta solución es que la división y la síntesis son perfectamente compatibles con las arquitecturas estatales oligárquicas. Además, los poderes divididos son poderes, y como tales pueden defender unilateralmente determinados intereses y privilegios. No ha sido infrecuente en la historia moderna y contemporánea ver cómo el poder judicial ha sido a menudo refugio de los selected few y un freno a los intentos de reforma constitucional pro-democrática. Por lo tanto, la división del poder y la síntesis de intereses de un gobierno republicano-democrático tendrá que ser algo distinta. Para empezar, una república democrática tendrá que incluir en su síntesis a los muchos pobres: esto es evidente y fundamental.[5]
Sin embargo, en la práctica desde la perspectiva jurídica existe una clara superioridad: La Constitución es suprema: por encima de los tres poderes está la Constitución, que es la expresión de la voluntad soberana del pueblo. El Poder Judicial adquiere un papel de «árbitro final» en defensa del interés privado, al poder anular una ley del Legislativo o un decreto del Ejecutivo por considerarlos inconstitucionales. En el día a día: el Poder Ejecutivo suele ser el más visible y proactivo y en situaciones de crisis, su poder se acrecienta, más aun por su control sobre los recursos del Estado. El Poder Legislativo debería ser la representación directa y plural de la soberanía popular, sin embargo, al aprobar los impuestos y el presupuesto, y al ser el encargado de hacer las leyes que rigen la vida de los ciudadanos se vende al mejor postor. Si el orden político fuese republicano, también el ejecutivo debería ser controlado y juzgado al terminar su mandato. En Perú, con un poder ejecutivo que no es controlado y no debe rendir cuentas tras su gestión, domina a los ciudadanos. Y aunque sea elegido mediante voto, que no es el caso al estar mediado por el financiamiento de organizaciones privadas o criminales, no es un ejecutivo republicano; ese régimen es una monarquía plebeya, una poliarquía o una «cacocracia», en la que el poder real se lo reparten minorías que someten a los ciudadanos. Su importancia es funcional y contextual, y el sistema está diseñado para que se coludan mutuamente. Con las leyes pro crimen el Ejecutivo se convertiría en un dictador cayendo en la inoperancia y el caos. Con la anuencia del Judicial, no hay quién proteja los derechos de los ciudadanos ni quién impida que los otros dos poderes abusen de su autoridad, violando la Constitución en el día a día. Cuando un poder logra dominar a los otros, el sistema democrático declina. Hay formas de limitar a todos los poderes a través de la destitución, la no reelección, el juicio político, la revisión periódica y publica de la constitución, el referéndum, la democratización permanente como la participación popular extra parlamentaria.
Notas:
2 Rousseau, J. J. (1762). El contrato social. Ginebra: Marc-Michel Rey.
3 Bolivia y Ecuador se reconocen a sí mismos como Estados plurinacionales e interculturales. Mexico y Guatemala reconocen la importancia de la interculturalidad. ¿Cuánto han cambiado en las ultimas décadas? ¿la solución al racismo, a la identidad étnica pasa por ganar las elecciones? . Veamos lo que es el Estado, el gobierno y cuál es el contexto actual.
4 En este régimen pseudodemocrático, los peruanos buscan un “inca” y asi eligieron a un farsante japonés creyendo que no respondía a las castas oligárquicas, luego a un originario (Toledo) y mas tarde a otros aparentes originarios (Humala, Toledo y Castillo) y siguen buscando sin éxito. Hoy tenemos a un simulador como Alanoca, que con los antecedentes mencionados crea desconfianza.
Jorge Lora Cam. Dr. en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos UNAM, Mexico
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