Una nueva bandera de lucha popular se alza en Honduras, con el inicio de la reversión del golpe de Estado de 2009, cuando la presidente electa Xiomara Castro de Zelaya comience su mandato presidencial (2022-2026). Así lo demanda el soberano pluricultural resistente, de este país centroamericano junto con la sangre de los mártires exigiendo justicia y libertad.
La historia de los 12 años de dictadura silenció a punta de fusil los gritos de emancipación para algunos que recorrían esa avenida utópica, como el joven de 24 años Pedro Magdiel Muñoz quien caminó hacia la frontera con Nicaragua en julio de 2009, condenando el golpe de Estado y cuyo cuerpo fue regresado con 70 apuñaladas después de haber sido torturado, por esa jauría de gorilas vestidos de militar.
Se inició la reversión del golpe de Estado en Honduras, mediante los votos de la población electoral, que repercutieron en el triunfo de la ex primera dama, Xiomara Castro de Zelaya (2006-2009), en las elecciones generales del pasado 28 de noviembre.
La esposa del ex presidente José Manuel Zelaya, abanderó varias protestas en 2009 cuando su esposo fue echado de su país a través de un golpe de Estado militar, político, religioso y empresarial, apoyado por el entonces gobierno de los Estados Unidos de América, quien tenía como vicepresidente al actual presidente demócrata Joe Biden.
Para ese entonces, la ahora presidente electa, se mantuvo clandestina cuando su esposo estaba en el exilio, mientras las hordas asesinas de las fuerzas armadas de Honduras reprimían al pueblo de esa nación, cuando protestaban contra la asonada castrense de 2009.
La violencia en las calles de Tegucigalpa fue extrema, personas ensangrentadas corrían en medio del gas lacrimógeno huyendo de los disparos con arma de fuego, de parte de la policía nacional y los militares.
Ambos aparatos de seguridad del Estado corrían con garrote en mano para torturar a los hondureños, que condenaban el primer golpe de Estado perpetrado en el siglo XXI en Latinoamérica.
Desde entonces, esta fue la agenda fascista diaria que dictaminó el auto proclamado presidente de facto Roberto Micheletti y el general Romeo Vásquez Velásquez y demás gobiernos de facto que los sustituyeron en el periodo 2009-2021.
Esta estructura de facto fue apoyada por las familias de la elite hondureña, representados en ese entonces en el Consejo hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), quienes ahora celebran junto a la familia Castro Zelaya, el triunfo presidencial.
Este fue el inicio de la historia de una fuerte resistencia pacífica que resultó en el asesinato, persecución, encarcelamiento, exilio, violaciones de derechos humanos entre una serie de vejámenes contra la población que desde 2009 hasta el presente, se mantuvo resistente contra el régimen.
Se había liberado una jauría de “gorilas fascistas” bendecidos por el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, todo un diseño dictatorial en las entrañas del corazón de América y que fue silenciado por la prensa tradicional de Honduras, quienes gritaron al unísono que había “una sucesión constitucional”.
Falsedad que ha sido desmentida a lo largo de los años mediante la guerra mediática, que muchos periodistas combatimos contra la hegemonía del pensamiento global, que intenta adueñarse del imaginario social de los receptores.
La cuarta prostituta de la información, conocida como prensa en Honduras a sido derrotada por la fuerza popular del pueblo, quien se mantuvo en las calles luchando por el rescate del Estado.
Sin embargo, para que esta reversión del golpe de Estado avance, el gobierno electo de Castro de Zelaya posee grandes desafíos para iniciar con una verdadera recuperación del Estado.
Uno de estos desafíos es reconocer y nunca olvidar, que el pueblo de Honduras, es el verdadero poder emancipador que les apoyó y depositó su confianza para recuperar el gobierno que el ex presidente José Manuel Zelaya perdió, cuando fue depuesto por sus propios amigos militares.
Es la obligación de la presidente electa Xiomara Castro de Zelaya, de extender su apoyo permanente gubernamental hacia las comunidades garífunas, indígenas, campesinas y ambientalistas, cuya lucha popular en la recuperación de sus territorios y recursos naturales, los ha situado en la verdadera vanguardia contra el régimen saliente.
La imposición de las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo (ZEDE), iniciadas en el gobierno de Ricardo Maduro Joest (2002-2006), y puestas en marcha en la actual administración saliente, deben ser abolidas en su totalidad siendo este otro de los grandes desafíos para la primer mujer presidente de Honduras.
De igual forma, no debe de existir un discurso de reconciliación con los que perpetraron el golpe de Estado y todos los vejámenes ocurridos en 12 años de dictadura, al contrario, deben desarrollarse las investigaciones que revelen los culpables de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en este periodo de luto masivo, de la nación centroamericana.
A su vez, la barbarie que ocurrió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), bajo la administración rectoral de Julieta Castellanos Ruiz, debe ser investigada y sacada de la impunidad en que se encuentra por el actual Estado fallido.
El encarcelamiento, la tortura y la persecución judicial contra los estudiantes universitarios fue un hecho histórico de violación de derechos humanos, jamás visto en Honduras y que ahora en este nuevo gobierno, es el momento de que la justicia pueda sanear la suciedad, cuyo fétido olor pudre a la máxima casa estudios (UNAH).
La administración Castellanos Ruiz de la UNAH junto al narco-dictador Juan Orlando Hernández, se encargaron de desaparecer todo pensamiento critico contra las barbaries que ambos sectores estatales hicieron en detrimento del país.
Por tal motivo es de suma importancia que el nuevo gobierno recupere el Estado jurídico de Honduras y hacer valer las leyes contra los criminales involucrados en narcotráfico, puesto que el llevarlos a Nueva York, también confirma la agonía de una Corte Suprema de Justicia, que debe recuperar su verdadero valor para que el peso de la ley, haga mella en estos detractores del Estado.
La presidente electa Castro de Zelaya, posee una enorme responsabilidad que no se mencionan totalmente en este recuento, pero que también debe dirigir su mirada como presidente para el retorno seguro e inmediato para los exiliados políticos.
Esta población exiliada y diseminada en varias partes del mundo, fueron obligados a huir como producto de la persecución judicial y amenazas a muerte por oponerse en su momento histórico contra la narco-dictadura.
Por lo menos los asilados sobrevivieron, ya que la historia de los 12 años de dictadura silenció a punta de fusil los gritos de libertad para algunos que recorrían esa avenida utópica, como el joven de 24 años Pedro Magdiel Muñoz quien caminó hacia la frontera con Nicaragua en julio de 2009 condenando el golpe de Estado y cuyo cuerpo fue regresado con 70 apuñaladas después de haber sido torturado, por esa jauría de gorilas vestidos de militar.
Ronnie Huete Salgado es licenciado en periodismo con Maestría en Cooperación al Desarrollo y elaboración de proyectos, estudió presencial en la Universidad Politécnica de Valencia, España y en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH en donde también realizó estudios de sociología. Actualmente es corresponsal internacional para medios alternativos y autónomos de comunicación. En el presente vive como asilado político en los Estados Unidos de América desde hace cuatro años.
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