Ecologistas en Acción denuncia que el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones traerá más privatizaciones, pérdida de derechos sociales y laborales, así como desregulación ambiental, agravando las amenazas existentes de la fractura hidráulica, la alimentación peligrosa y la contaminación. Esta semana han comenzado en Washington las negociaciones de un Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones […]
Ecologistas en Acción denuncia que el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones traerá más privatizaciones, pérdida de derechos sociales y laborales, así como desregulación ambiental, agravando las amenazas existentes de la fractura hidráulica, la alimentación peligrosa y la contaminación.
Esta semana han comenzado en Washington las negociaciones de un Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés) de forma secreta y antidemocrática. Los poderes económicos y políticos justifican estas negociaciones como «salida de la crisis» y para crear empleos. Ecologistas en Acción, sin embargo, desmiente a los funcionarios de ambos lados del Atlántico, pues está demostrado que las políticas de liberalización comercial y de inversiones siempre han conllevado una pérdida de empleos y derechos laborales, una mayor precarización y el aumento de desigualdades.
Según Ecologistas en Acción, detrás de las negociaciones están los intereses de las élites de la UE y de EE UU, del sector más neoliberal y neoconservador de las instituciones europeas así como de las grandes empresas transnacionales, especialmente las energéticas y la industria financiera. El acuerdo de libre comercio UE-EE UU pretende impedir la posibilidad de actuar a favor del interés público. Por ejemplo busca una mayor liberalización de las políticas de inversión, lo que permitiría a bancos y fondos de inversión de Wall Street demandar al Gobierno griego, si éste resolviese no pagar la deuda ilegítima para garantizar los derechos sociales de la población.
Algunas de las políticas públicas para responder a desafíos medioambientales como la crisis climática, así como los estándares de seguridad alimentaria, se pueden considerar barreras no arancelarias para el comercio y, por lo tanto, pueden entrar en el ámbito de la liberalización comercial que persigue el Acuerdo.
El Acuerdo también permitiría derogar las prohibiciones sobre el cultivo de transgénicos que existen en varios países de la UE. Asimismo EE UU intenta acabar con la restricción de importación a la UE de carne tratada con hormonas y cloro, y minar otros estándares de seguridad alimentaria.
Otra de las políticas afectadas sería la Directiva sobre la Calidad de Combustibles que impide teóricamente la importación de petróleo procedente de arenas bituminosas (tar sands) de Canadá porque representan altísimas emisiones de gases de efecto invernadero causantes del caos climático.
Un tratado de libre comercio también tendría la capacidad de expandir la fractura hidráulica (fracking) en Europa. Por ejemplo, a través del mecanismo de solución de controversias entre Estado e inversor que incluirá este Acuerdo, las compañías multinacionales podrán atacar a una gran cantidad de leyes medioambientales y sanitarias relativas al reglamento minero, la prohibición de productos químicos tóxicos, que actualmente limitan la fractura hidráulica en nuestro continente. Por ejemplo, en la actualidad el Gobierno de Canadá afronta una demanda de indemnización de Lone Pine (EE UU) por la moratoria al fracking aprobado por el Gobierno de Québec.
Los municipios que fortalecen a las PYMES con su política de compra pública, verán como perderán esta posibilidad. Al competir las PYMES directamente con las grandes multinacionales, de acuerdo con el «trato justo y equitativo» del derecho comercial, se eliminará más empleo local, se empeora la calidad de los servicios y aumentan los precios.
Con el argumento de que las regulaciones públicas a favor del interés público «bajan los niveles de beneficios» o suponen una «expropiación», se plantea extender la protección de los inversores, lo cual eliminará políticas de protección ambiental, de derechos laborales, así como de fiscalidad. Todo ello redundará en un mayor recorte de los gastos sociales.
Un próximo acuerdo comercial entre la UE y los Estados Unidos podría también tener serias implicaciones para la salud y educación pública. Ambos Gobiernos pretenden armonizar los marcos reguladores y abrir los mercados de servicios, lo que implica una mayor privatización de los servicios públicos. Si el lobby de las corporaciones consigue sus objetivos, los futuros Gobiernos se verían en la imposibilidad de revertir, por ejemplo, la política de externalización de los servicios sanitarios, incluso cuando esta fracasase claramente. Además, los tratados comerciales amplían la definición de «propiedad privada» a activos no tangibles, como la expectativa de beneficios futuros, lo cual puede dar lugar a demandas sobre la perpetuación del contenido del acuerdo e impedir que se reviertan las privatizaciones.
«Mientras la UE busque la subordinación de sus leyes laborales a los intereses del gran capital es de esperar que el derecho a la sindicalización, la negociación colectiva, el derecho a la huelga y otros derechos laborales sigan minándose», sentencia la organización ecologista.
Fuente: https://www.ecologistasenaccion.org/article26238.html