La manifestación del pasado sábado en Londres, que congregó a 35.000 personas, es sólo un aperitivo de lo que se espera con motivo de la cumbre del G-20, que contará con la presencia de jefes de Estado -incluyendo al presidente de EEUU, Barack Obama-, en la capital británica.
Sin embargo, la preocupación local no se centra tanto en los resultados del encuentro como en el temor de que la agresividad de las tácticas policiales pueda incitar reacciones violentas por parte de los manifestantes. Pero la Policía metropolitana no sólo utilizará su amenaza represiva en las calles, porque, como arma de disuasión, ya ha notificado telefónicamente a los líderes de los grupos convocantes, especialmente a los de la protesta principal que tendrá lugar hoy, que la manifestación será «muy violenta». Muchos cuestionan si tal declaración -realizada casi una semana antes de la cumbre- es una predicción o la esperada consecuencia de su plan de seguridad.
Hace tan sólo unos días el informe de una comisión pluripartita del Parlamento británico advertía de que la legislación dirigida a actividades «contra-terroristas» está siendo usada y aplicada con dureza por la Policía contra todo tipo de manifestaciones.
El documento, publicado por la Comisión de Derechos Humanos, es producto de casi un año de investigaciones, y apunta a la preocupación que ha despertado la evidencia de la aplicación de poderes especiales -facultados por la Ley Antiterrorista- contra manifestantes pacíficos.
La cumbre del G-20 ha provocado la convocatoria de una protesta en Docklands, en las inmediaciones del distrito financiero de Londres. La Policía metropolitana ha decidido desplegar miles de antidisturbios en respuesta a la llamada a la protesta, a pesar de que el informe advierte de que «mientras reconocemos que los oficiales de policía no deberían enfrentar situaciones de riesgo, la presencia de antidisturbios puede subir la temperatura de la protesta innecesariamente» y, precisamente, apunta a la experiencia norirlandesa para reforzar el argumento de que la presencia de antidisturbios puede ser el detonador de enfrentamientos.
El diálogo entre Policía y manifestantes ha alcanzado momentos críticos en marchas de protesta recientes, como el Campo Climático en Kingsnorth, en Kent, el pasado año, donde la falta de negociación entre policías y 3.000 manifestantes causó enfrentamientos y la detención de cien personas. El informe responsabiliza a la Policía por estos incidentes, ya que «manifestantes informaron de un número de incidentes específicos en los que fueron intimidados por la Policía».
La Policía también abusa de sus poderes bajo la legislación antiterrorista a la hora de practicar cacheos en la calle y en la exigencia de que los manifestantes le informen por adelantado de sus intenciones. Miembros de la comisión parlamentaria han mostrado su sorpresa ya que «el derecho a la protesta es un derecho democrático fundamental y tiene que ser protegido y facilitado por la policía y el Estado», según manifestó Andrew Dismore, presidente de la Comisión y diputado laborista. «El Estado no debe imponer restricciones a no ser que sea necesario y siempre proporcionado», añadió.
Precisamente, el diario «The Guardian» reveló que la Policía había vigilado a periodistas como parte de su operación durante el Campo Climático. El artículo obligó a la Policía de Kent a pedir perdón a los medios de comunicación. Basándose en testimonios del Sindicato de Periodistas, la comisión ha declarado que a «los periodistas no les queda otra opción que llevar a los tribunales a aquellos oficiales que interferieron ilegalmente con su trabajo».
Legislación controvertida
La aprobación de la legislación antiterroristas fue una de las más controvertidas en la historia de los gobiernos de Tony Blair. Entre las dos cuestiones más discutidas se encontraba la extensión del periodo de detención, que tras la última aprobación del gobierno de Gordon Brown es ahora de 28 días, y la bendición a una legislación que condena el «terrorismo intelectual», una forma de censura frente a la protección a la libertad de expresión.
Precisamente uno de los primeros detenidos en saborear la extensión del periodo de detención fueron los arrestados por su supuesta participación en la muerte de dos soldados y un policía en el norte de Irlanda hace tres semanas, aunque finalmente un tribunal decidió que su detención era ilegal, aunque su libertad fue breve al ser vueltos a arrestar cuando abandonaban el Juzgado.
La reciente decisión de un juez norirlandés de dar el visto bueno a la extradicción de Iñaki de Juana se basa precisamente en la sección de la Legislación Antiterrorista británica aprobada en el 2006. El juez considera que, a la luz de esta legislación, el contenido de la carta leída en el homenaje en Donostia constituye «enaltecimiento del terrorismo» y que tiene su equivalente precisamente en esa nueva ley británica.
La manifestación del pasado sábado es sólo un aperitivo de las protestas de hoy y mañana contra la cumbre del G-20 en la capital británica.
Las organizaciones anti-OTAN han denunciado la persecución y presión policial creciente en vísperas de la cumbre aliada en Estrasburgo.
La villa anti-OTAN instalada en el barrio popular de Neuhof es el principal objetivo policial. A los controles policiales se suma el sobrevuelo, de noche, de helicópteros equipados con grandes proyectores, los registros de vehículos estacionados y los intentos de fichaje fotográfico de los cientos de personas que se están concentrando para participar en las protestas.
Residentes de la zona se han sumado a las críticas a la presión policial.