Líderes ambientalistas en grave riesgo en cárceles de América Latina ante la violencia y el aislamiento familiar causado por la pandemia

Cientos de líderes campesinos y ambientalistas de todo el mundo, muchos de origen indígena, se encuentran atrapados en sistemas penitenciarios en sus países en condiciones que ponen en riesgo su salud, e incluso su vida, condiciones que están empeorando con motivo de la pandemia de coronavirus. A los motines que ha habido en los últimos días el algunas cárceles, sobre todo en América Latina, y la falta de un higiene y una sanidad básica, se suma el hecho de que tras decretarse el confinamiento en muchos países, nadie cercano puede visitar a los presos para proporcionarles el apoyo económico que precisan para sobrevivir en unos establecimientos sobresaturados en los que las condiciones de vida son insalubres.
 
Este 17 de Abril, con motivo del Día Internacional de la Lucha Campesina, Alianza por la Solidaridad-Action Aid recuerda que la criminalización de líderes ambientales es una constante en muchos países, como ha podido constatar en lugares donde la organización está presente, como Guatemala, El Salvador o Colombia. Sólo en Guatemala, entre 2012 y el 2017 se hubo 909 actos de criminalización contra personas defensoras de derechos y muchas terminaron en procesos judiciales y encarceladas, ante la presión de las empresas ante las autoridades judiciales. En Colombia, Naciones Unidas también ha denunciado recientemente el elevado número de casos de criminalización de líderes indígenas y afrocolombianos.
 
Participar en manifestaciones, convocar actos de protesta o informar a las comunidades sobre proyectos que afectan a los recursos naturales bastan para generar denuncias por parte de quienes consideran que la defensa de los derechos de las comunidades afecta a sus intereses económicos. La falta de conocimientos legales o de recursos para poder tener una defensa adecuada o la presentación de pruebas falsas pueden acabar en condenas judiciales para los y las líderes ambientalistas, cuyos recursos de apelación tardan meses o años en ser considerados.
 
En Guatemala, Alianza por la Solidaridad-Action Aid sigue de cerca el caso del líder q’eqchí Bernardo Caal Xol, preso en la cárcel de Cobán (Alta Verapaz) desde enero de 2018, tras ser condenado a más de siete años de prisión como consecuencia de su defensa del río Oxec y del río Cahabón, donde se llevan a cabo la construcción de dos grandes hidroeléctricas: Oxec y Renace. Está última fue realizada por la transnacional española ACS para una compañía guatemalteca.
 
María Caal, hermana del líder ambientalista, maestro de una comunidad, muestra la preocupación por su estado, especialmente desde que no pueden ir a visitarle porque en Guatemala se ha suspendido el transporte público desde el pasado 13 de Marzo, como medida para frenar la pandemia del COVID-19: “Estamos muy preocupados por Bernardo porque las condiciones en la cárcel son muy malas y no podemos ir a Cobán, a cuatro horas de distancia, para llevarle algo de dinero o comida. La que dan en las cárceles en este país no es suficiente para no enfermar, apenas un poco de arroz o fríjoles. Tampoco tenemos información de cómo se encuentra”, señala su familiar.
 
Desde la prisión, en una carta manuscrita que ha logrado enviar en los últimos días, Bernardo Caal recuerda que ya lleva 19.000 horas en la cárcel por la defensa del agua de ríos que hoy es fundamental para decenas de miles de personas: “La OMS recomienda lavarse las manos continuamente con agua y jabón para prevenir contagios del COVID-19 y, sin embargo, las comunidades del pueblo maya q’eqchí están privadas del agua”. Se refiere al expolio del agua realizado por las hidroeléctricas a las más de 29.000 personas que viven en torno a ambos ríos.
 
Alianza por la Solidaridad-Action Aid, que ha llevado a cabo diferentes investigaciones sobre el impacto de  proyectos extractivistas de grandes empresas en los territorios y  sobre la persecución a las personas que lideran la oposición a los mismos, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que se tomen medidas respecto a los países en los que la situación legal y humanitaria de estos líderes y lideresas que defienden  derechos sociales y ambientales vulnera el derecho internacional.