«Dicen que aquí en mi terreno hay oro, y por esa ambición del oro es que me quieren quitar mi terreno a la mala, a la fuerza. Aún hasta matándome», afirma la campesina y defensora ambientalista en el departamento peruano de Cajamarca, Máxima Acuña Atalaya. La ONG EarthRights International, que representa a la familia Acuña-Chaupe, […]
«Dicen que aquí en mi terreno hay oro, y por esa ambición del oro es que me quieren quitar mi terreno a la mala, a la fuerza. Aún hasta matándome», afirma la campesina y defensora ambientalista en el departamento peruano de Cajamarca, Máxima Acuña Atalaya. La ONG EarthRights International, que representa a la familia Acuña-Chaupe, informo el 21 de marzo que continuará en Estados Unidos con la demanda interpuesta contra la compañía minera Newmont, tras el fallo favorable obtenido -en fase de apelaciones- en los tribunales de este país. «Los Acuña-Chaupe no conseguirán un juicio justo en Perú, las cortes (de justicia) locales no han garantizado los derechos de la familia», explicó la abogada de la ONG Marissa Vahlsing.
EarthRigts denuncia que, desde 2011, la empresa estadounidense -uno de los gigantes globales en la producción de oro- ha desplegado una campaña de «abuso y acoso» para expulsar a la familia de sus tierras y construir una mina para la extracción de oro y cobre. Se trata del megaproyecto Conga que promueve la empresa Yanacocha, controlada por Newmont Mining Corporation con sede en Denver (51,3% de las participaciones); la peruana Minas Buenaventura (43,6%) y la japonesa Sumitomo Corporation (5%). El proyecto está teóricamente suspendido desde finales de 2011, debido a las protestas populares por el impacto ambiental (por ejemplo, por la pérdida de lagunas y humedales).
Tras cinco años de proceso penal, en mayo de 2017 la Corte Suprema de Justicia de Perú confirmó la sentencia que absolvía a Máxima Acuña Atalaya y su familia de un supuesto delito de usurpación agravada, del que les acusaba la minera Yanacocha. «Decisión histórica en Perú. No más criminalización contra Máxima Acuña», celebró Amnistía Internacional (AI), que tres meses antes informó de «una nueva incursión -de madrugada- del personal de seguridad de la empresa para destruir cultivos que la familia mantenía para su subsistencia». Máxima Acuña recibió en 2016 el Premio ambiental Goldman. Entre 2011 y 2014 la activista denunció intentos de desalojo y agresiones por parte de la policía peruana, recuerda AI (estas denuncias contra la policía y la minera continuaron años después). En mayo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno de Perú que adoptara medidas para garantizar la vida e integridad personal de 46 líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas de Cajamarca, entre ellas la familia Acuña-Chaupe (La organización feminista DEMUS y la ambientalista GRUFIDES demandaron de nuevo al Estado peruano ante el CIDH, en 2017, por el incumplimiento de las medidas).
Rocío Silva Santisteban es activista, feminista, consultora en derechos humanos y, entre 2011 y 2015, directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH). Ha acompañado a víctimas de violaciones de los derechos humanos, como Máxima Acuña, a quien entrevistó para el libro «Mujeres y conflictos territoriales» (2017), presentado en un acto organizado por la ONG Entrepobles en el centro cultural Ca Revolta de Valencia. En un artículo publicado en 2015 en el periódico digital La Mula («Mujer en política, muestrario de ataques»), la investigadora recordaba, además de los insultos en las redes sociales («perra», «terrorista antiminera», «roja radical») cómo -dirigiendo la Coordinadora- fue golpeada en las piernas durante una marcha; o cómo periodistas justificaron que se le escupiera en la cara durante un plantón de protesta en 2014.
«El líder no es quien maneja los libros, se pelea con el presidente o está en la cabeza; el líder es quien ha iniciado desde abajo, el que aprende junto con los demás y tiene que dar ejemplo; si el líder no sabe pelar una papa, ordeñar una vaca o trabajar una chacra, para mí no es un líder», afirma la activista Yeni Cojal Rojas en otra de las entrevistas del libro. Dirigente de la Organización de Mujeres Defensoras de la Pacha Mama Plataforma Celendín (OMUDEFPC) y rondera del caserío de Molinopampa (provincia de Celendín), Yeni Cojal ha afrontado procesos penales por participar, junto a otros 15 líderes comunitarios, en una protesta contra el proyecto Conga en 2012; una decena de organizaciones de derechos humanos rechazaron en un comunicado, cuando se celebró el juicio en 2017, la petición de condena -por parte de la Fiscalía- de hasta 16 años de prisión contra los activistas; en el caso de la lideresa indígena, «fue informada de las acusaciones en su contra cuando ya se había iniciado el proceso, negándole la oportunidad de defenderse». Las organizaciones recordaron que cinco personas murieron como consecuencia de la represión -por la policía y el ejército- de las movilizaciones contra la minera en julio de 2012.
El informe presentado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú a la CIDH (2016) señala que Yenii Cojal Rojas ha hecho frente a otro proceso penal, junto a 11 personas (cinco de ellas mujeres), que rechazaban la iniciativa hidroeléctrica Chadín II promovida por la multinacional brasileña Odebrecht en la cuenca del río Marañón; el Ministerio de Energía y Minas aprobó en 2014 el Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de la represa, cuyo objetivo es la generación de 600 megavatios de electricidad en este afluente del río Amazonas. Las comunidades afectadas presentaron en mayo de 2018, con el apoyo de EarthRights y el Instituto de Defensa Legal, una demanda judicial de amparo al considerar que el proyecto de central hidroeléctrica Chadín II -uno de los 20 planeados en la cuenca del río Marañón- «inundaría las tierras aledañas y generaría el desplazamiento de al menos un millar de personas que viven en los departamentos de Cajamarca y Amazonas», además de daños a los ecosistemas.
Rocío Silva Santisteban subraya en el libro «Mujeres y conflictos ecoterritoriales» la lucha de Teresita Antazú, procesada como dirigente de la Asociación Internacional de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) junto a 53 personas -la mayoría indígenas- por el «baguazo» (enfrentamiento entre policías y comunidades indígenas en la ciudad de Bagua, departamento de Amazonas, en junio de 2009, que se saldó con 33 muertos entre policías y civiles; el «baguazo» se produjo en el contexto de un conjunto de decretos legislativos que afectaban a las comunidades indígenas, y la respuesta de éstas en forma de paros y bloqueo de carreteras); ante la orden de captura, Teresita Antazú, líder del pueblo Yanesha, se negó a huir a Nicaragua pese a lo que le aconsejaban: «Me quedo acá porque tengo mi familia, mis hijos, tengo mi organización, soy la presidenta y me han nombrado no para irme a otro país sino para servirlos acá».
La Campaña «Defensoras no están solas» destaca en su página Web que 10 mujeres murieron asesinadas en Perú en el contexto de conflictos sociales entre 2003 y noviembre de 2017. Incluye un listado de casos -«Huellas imborrables»-, entre los que está Lizeth Emperatriz Vásquez, quien en 2012 -con 17 años- se manifestaba contra la minera Yanacocha en Cajamarca; pese a que los policías la arrastraron y golpearon en el suelo, fue procesada por «resistencia a la autoridad», con una petición por parte de la fiscalía de nueve años de cárcel; el caso fue archivado a los dos años. Otra «huella imborrable» es la de la agricultora Cleofé Neyra Neyra, secuestrada y torturada en 2005 durante la lucha contra la minera británica Monterrico Metals, que impulsaba el proyecto cuprífero Río Blanco en la región de Piura (actualmente las propietarias de las concesiones de Río Blanco son tres firmas chinas: Zijin Mining Group, Tongling Nonferrous Metals y Xiamen C&D Real Estate). Flor de María Parana. Sus cuatro hijos padecieron «graves problemas en su salud» tras los derrames de crudo en 2014 que afectaron, entre otros, a los pobladores de la comunidad de Cuninico, en la región de Loreto, y cuya responsabilidad atribuyeron a la empresa estatal Petróleos del Perú.
En junio de 2018, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que agrupa a 184 organizaciones de 112 países, se hizo eco de la «estigmatización», la «criminalización» y el «marco represivo» en el que actúan las personas defensoras de los derechos humanos en Perú. La federación señaló que entre 2011 y mediados de 2018 fueron asesinadas 119 personas defensoras y en 2017 más de 800 estaban siendo objeto de criminalización. El libro de José de Echave C. «Diez años de minería en el Perú (2008-2017)» (CooperAcción, 2018) se hace eco del balance de los conflictos sociales que realiza la Defensoría del Pueblo para el periodo 2006-octubre de 2016: un total de 270 personas muertas y 4.614 heridas.
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