Lógicas del Estado policial

El mundo político está saturado de lógicas del miedo que dirigen tanto las adhesiones electorales como las políticas públicas en beneficio de un poder ejecutivo debilitado y cada vez más alejado del cuerpo social al cual intenta someter, cada vez más, al paradigma policial.

En 2007 los franceses votaron mayoritariamente al prestidigitador en jefe del miedo: Nicolás Sarkozy, primer policía de Francia. En 2012 la mayoría de los franceses votó contra él. Pero como un gesto de rechazo de los electores, la mayor parte de ellos guiados por una especie de miedo inverso, el miedo a las prerrogativas de la seguridad y a la continua agitación de la identidad nacional por parte de la banda «neopetainista».

Funesto error: basado en los mismos apoyos negativos, el ejercicio del poder propuesto por François Hollande no ha hecho más que prolongar el gobierno del miedo y alimentar la deriva del Estado capitalista contemporáneo hacia el orden policial que le es consustancial.

La sombra de las violencias policiales  

Todavía sabemos poco de las implicaciones del paradigma policial sobre las propias prácticas policiales. Sin embargo es sin duda en el propio plano policial donde la evolución autoritaria del Estado neoliberal sea quizá más interesante. Porque en ese resquicio, en el punto de contacto cotidiano entre el poder y el ciudadano, es donde se revela la naturaleza de un régimen.

Ese ángulo muerto es el que viene a aclarar un informe dedicado a la violencia policial publicado por ACAT, una ONG de defensa de los derechos humanos, en el mismo momento en el que se dota a las brigadas «anticriminalidad» de la policía de armas de guerra y en el Parlamento se discute la flexibilización de las normas para que las fuerzas del orden abran fuego.

Recordemos a guisa de preámbulo que François Hollande empezó su quinquenio traicionando una promesa, la de instaurar un recibo de control de identidad para eliminar por fin el asedio (control facial) de las fuerzas del orden a los jóvenes de los suburbios. Mientras tanto, a pesar del notable trabajo de documentación de las asociaciones de la sociedad civil, como el Colectivo Contra el Control Facial, el asunto parece que se ha vuelto «marginal» (según Bernard Cazeneuve).

Opacidad y denegación de justicia  

Lo primero que constata ACAT es la opacidad total que reina: en la administración no existe ningún censo oficial de las violencias policiales. Ninguna estadística, al contrario que en otros países, como Estados Unidos por ejemplo, donde las violencias policiales, aunque se impongan de la misma forma, al menos se censan de manera oficial. A pesar de todo ACAT ha encontrado el rastro de 89 casos de violencias policiales demostradas de las que 26 tuvieron una muerte como consecuencia. Primera enseñanza, a menudo son los jóvenes y las minorías visibles las víctimas de esas violencias.

Segunda constatación: la policía es poco receptiva a las quejas de los ciudadanos por violencias policiales. En 2014, por ejemplo, de 5.178 quejas solo 32 fueron investigadas por la inspección general de la policía nacional (las cuales a menudo muestran barbaridades como pagos de falsos testimonios).

Tercera constatación: las condenas que se aplican a los policías por hechos de violencia no solo son escasas, 7 condenas en los 89 casos estudiados y con penas de prisión casi inexistentes, sino que además lo son a una escala completamente distinta de la que se aplica a los ciudadanos de a pie. A este respecto ACAT subraya el sentimiento y el ambiente de impunidad que reinan en las filas de la policía.

Banalización de la violencia y doctrina del enfrentamiento  

A continuación la ONG llama la atención sobre las propias prácticas policiales. En primer lugar la utilización de «armas intermedias» como el taser y el flash ball parece que se ha banalizado en los últimos años. Hasta el punto de que en la actualidad la policía los utiliza casi a diario. Con daños notables, ya que desde 2005 la utilización del flash ball (que dispara balas de goma que pueden llegar a ser tan rápidas como un tren de alta velocidad) ha causado al menos un muerto y 39 personas gravemente heridas -21 perdieron la visión de un ojo-.

En cuanto al taser, que envía descargas eléctricas paralizadoras, en la actualidad se utiliza generalmente en «modo contacto», es decir en el cuerpo a cuerpo y antes de cualquier otro intento de control manual. El uso del taser en modo contacto está clasificado como tortura por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) y el Comité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (CAT). Lo mismo, por otra parte, que ciertas técnicas ampliamente utilizadas por la policía, como el mantenimiento en el suelo sobre la caja torácica con las manos atadas a la espalda, posición en la que murió asfixiado Eric Garner en una acera de Nueva York en julio de 2014.

Las tácticas del mantenimiento del orden en las manifestaciones públicas se han vuelto claramente más agresivas. Según ACAT se ha pasado de la «concepción de mantener a distancia a los manifestantes a la de disparar a dichos manifestantes. Eso es flagrante con el flash ball«. Hemos pasado a una doctrina de enfrentamiento, e incluso de acoso, más que de mantenimiento del orden pacífico. Con las tragedias que conocemos: recuerden al ecologista Rémi Fraisse (1).

Estado de guerra simbólico y leyes perversas  

Estas derivas de la práctica policial quizá serían menos alarmantes si no se inscribieran en una racionalidad gubernamental más amplia. El paradigma policial y sus procedimientos de exclusión encuentran hoy su mandato político en el discurso público, es decir, en el orden de la violencia simbólica: expulsión de los refugiados con base en el «problema de la inmigración»; estigmatización del islam y de los musulmanes vinculándolos al terrorismo o a la subversión de los valores franceses (o republicanos, según como se conciba el laicismo); invención de la mitología del «enemigo del interior»; señalamiento de los binacionales y por supuesto proclamación de un estado de «guerra».

De la misma forma encontramos múltiples traducciones del paradigma policial en el plano jurídico: multiplicación de leyes perversas (ley de investigación), inscripción permanente del estado de excepción (estado de emergencia) en la constitución, mantenimiento de la magistratura en la precariedad, cuestionamiento del juez de instrucción, alejamiento del poder judicial en favor de las decisiones administrativas, rodeo de procedimientos judiciales elementales, endurecimiento de las políticas penales, persecuciones repetidas del ministerio público a los sindicalistas…  

El «neopetainismo»  

Endurecimiento del mantenimiento del orden, opacidad e impunidad de la policía, alejamiento del sistema judicial, virulencia del discurso público… La «policiación» del régimen prosigue su trabajo de zapa con una consecuencia evidente: la relación de la población con su policía cada vez es menos democrática.

Después del 11 de enero de 2015 asistimos a esta curiosidad: la policía cruzó las manifestaciones de homenaje a Charlie Hebdo aclamada por la multitud saboreando esta sacudida afectiva como un nuevo tipo de saludo real. Dos meses después Francia entró en guerra contra el terrorismo. A lo largo de esta evolución hacia el recurso a la violencia ha crecido un sentimiento de omnipotencia entre las fuerzas del orden, en aquellos a los que vuelve el poder desmesurado de ejercer el «monopolio de la violencia legítima», según la expresión de Max Weber. Y bajo el reinado del estado de excepción toda la violencia del Estado se vuelve legítima a priori: no puede rebatirse en el régimen regular de la legalidad. Es el poder sin contrapoder.

Nos encontramos, pues, de vuelta al «petainismo». Aterrorizados, la población y sus representantes políticos -agrupados artificialmente en la unión nacional del miedo- trasladan sus demonios al otro -un otro armado-. Como Pétain prefieren la rendición a la resistencia, con el riesgo evidente de dejar que la racionalidad policial invada totalmente el círculo discontinuo de la democracia en claro detrimento tanto de las libertades individuales como de las públicas.

Contra la brutalidad, fundar la alianza de los sin miedo  

Hay que señalar que el recurso al miedo y a su gobierno policial es el único posible cuando cualquier programa positivo se declara excluido por el paradigma dominante, el neoliberalismo en competencia cuyo único programa consiste en resignar a las poblaciones a la guerra de todos contra todos en el gran zoco mundial de los mercados y los flujos financieros. O para decirlo de otra forma, resignarnos a la brutalidad nacida de las relaciones económicas de fuerza.

El problema es que ese diligente alineamiento al orden neoliberal no hará más que profundizar las contradicciones internas del capitalismo en el que actúan los antagonismos entre las clases dominantes y las subalternas, entre los que se enriquecen y los que cada vez son más pobres. Porque la ilegitimidad de los privilegios se vuelve más visible en los períodos de estancamiento económico en los que la acumulación de beneficios de algunos se paga con el deterioro de las condiciones de vida de los demás. En consecuencia, para paliar la fractura social y la desorientación política engendradas por la globalización capitalista, las clases dominantes necesitan un aparato estatal autoritario.

Por lo tanto es urgente agrupar a los que están fuera de la «república policial»: los sin dientes, sin papeles, sin banderas, sin diplomas, sin voz, sin futuro, lo que no excluye en absoluto a los miembros de las fuerzas del orden que no están de acuerdo con el gobierno del miedo que los enfrenta, a su pesar a los «sin república». Y tejer entre todos una amplia alianza política «sin miedo» -tomando la expresión de Alain Badiou-. Es decir, tanto los excluidos como los perseguidos de la pantomima republicana. Porque si no la democracia -basada sobre todo en la igualdad y en el juego de los contrapoderes- podría acabar definitivamente excluida de la historia.

Nota de la traductora:  

(1) Rémi Fraisse fue un joven titulado en gestión y protección de la naturaleza voluntario en varias asociaciones de protección del medio ambiente. Murió a los 21 años tras la explosión de una granada aturdidora lanzada por la policía francesa la noche del 25 al 26 de octubre de 2014 en una manifestación contra las obras de la presa de Sivens.