Los diputados del Grupo Socialista de la Asamblea Nacional francesa lanzaron el martes por la noche una acción desesperada de boicot contra la proyectada reforma de la tramitación parlamentaria que quiere imponer Nicolas Sarkozy, juzgada «anticonstitucional» por la izquierda. El presidente y su mayoría parlamentaria de derecha lanzaron hace unas semanas un nuevo proyecto de […]
Los diputados del Grupo Socialista de la Asamblea Nacional francesa lanzaron el martes por la noche una acción desesperada de boicot contra la proyectada reforma de la tramitación parlamentaria que quiere imponer Nicolas Sarkozy, juzgada «anticonstitucional» por la izquierda.
El presidente y su mayoría parlamentaria de derecha lanzaron hace unas semanas un nuevo proyecto de ley de reglamento del Parlamento, derivado de la reforma constitucional del verano pasado.
Entre otras propuestas, el texto contiene varias controvertidas disposiciones: so pretexto de agilizar y mejorar la tramitación de leyes a debate, restringe el tiempo de palabra, y con la misma excusa, limita las posibilidades de enmienda en el plenario. El tiempo de palabra y la posibilidad de enmienda, de hecho, suelen ser los únicos contrapesos reales de la oposición frente al aplastante poder del sarkozysmo.
Estrategia de obstrucción
Frente a esa intentona, juzgada «anticonstitucional» por el socialista Laurent Fabius, la izquierda intentó primero parar el carro y hacer reflexionar a la mayoría con una estrategia de obstrucción durante semanas. Los diputados de la oposición presentaron cientos de enmiendas y ocuparon la tribuna sin parar.
El martes por la noche, la tensión llegó a su primer punto álgido, cuando los diputados de los grupos Socialista, Radical y Ciudadano se plantaron delante del estrado y de la presidencia y entonaron el himno nacional, la revolucionaria Marsellesa, provocando la ira de la mayoría.
La acción, sin precedentes desde 1947 y que contó con la aprobación del resto de la oposición, comunista, alterglobalista y verde, fue calificado de «golpe de mano» por el presidente de la Asamblea Nacional, el derechista BernardAccoyer.
Ayer, todos los socialistas boicotearon tanto la tanda de preguntas al Gobierno como el final del examen del controvertido proyecto de ley, que concluyó con una escena desoladora. Nueve diputados de la mayoría presentes examinaron y aprobaron en un hemiciclo desierto el controvertido texto, mientras que los socialistas permanecían encerrados en su sala de trabajo para analizar otros proyectos de ley futuros.
Un «Gobierno autoritario»
Un diputado de la mayoría de derechas, Jean-Pierre Grand, conocido por su hostilidad a Sarkozy, afirmó que los incidentes son la prueba de que, tras la reforma constitucional, «hemos entrado en un método de Gobierno autoritario».
Lo ocurrido es revelador también del giro estratégico que están operando los socialistas franceses liderados por la nueva primera secretaria, Martine Aubry. Tras año y medio de la llamada «oposición de goma» a Nicolas Sarkzoy, con objeciones de forma y poco de fondo, la izquierda ha decidido pasar a la ofensiva en todos los numerosos frentes abiertos por el sarkozysmo.
El Grupo Socialista ha anunciado una moción de censura contra la política económica y social del Gobierno, una medida que, aunque no tiene posibilidad alguna de prosperar, será utilizada por la izquierda para analizar el plan de relanzamiento económico de Sarkozy, considerado inútil, insuficiente y favorable sólo a los accionistas de empresas y grandes dirigentes de la banca.
El Partido Socialista francés presentó ayer su propio plan de relanzamiento, de 50.000 millones de euros, basado en una inyección masiva de recursos para los hogares modestos con el fin de impulsar la demanda. Este proyecto estaría respaldado por el refuerzo de la fiscalidad progresiva, que había sido mermada por el llamado paquete fiscal de Sarkozy, aprobado el verano de 2007.
En su plan para rescatar la economía, alternativo al de Sarkozy, los socialistas franceses retoman conceptos de una ley que estuvo en vigor en Francia hasta 2002, que permite calificar los planes de despidos en función de su utilidad, para autorizar aquéllos que salven una empresa, pero convertir en caras einasequibles las supresiones de empleo por razonesbursátiles.
El Grupo comunista ha adelantado otro proyecto: modificar el código de Comercio para que, antes de repartir dividendos, las empresas se vean obligadas a financiar la recolocación de los empleados que hayan enviado a la cola del paro.
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