La actividad fue cancelada por cuestionamientos de fondo de las organizaciones ambientales
Más de 600 personas solicitan la cancelación del foro «Science behind glyphosate». Este 5 de junio estaba programada una charla de un empleado de Bayer-Monsanto llamado William Reeves en el Auditorio de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica.
Mediante una carta pública dirigida a Daniel Briceño Lobo, director de la Escuela de Biología, unos 600 personas cuestionaron el uso de recursos públicos para promocionar el cuestionado herbicida glifosato. La Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad es la impulsora de esta petición, los ambientales han denunciado la utilización de fondos públicos para anunciar una actividad considerada de propaganda a favor de un agroquímico cancerígeno.
Deby Calderón de la Organización Ya Basta señaló que: «Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas de carcinogenicidad en humanos (como por ejemplo el linfoma no Hodgkin). También causa daño en el ADN y en los cromosomas de las células humanas según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud -OMS-»
En los últimos nueve meses Bayer haya sido condenada en tribunales estadounidenses en tres ocasiones a pagar miles de millones de dólares, en juicios planteados por personas cuya salud ha sido afectada por este herbicida: en agosto de 2018 US$78 millones, en marzo de 2019 US$80 millones, y en mayo pasado US$2000 millones. Actualmente hay más de 13 mil demandas similares pendientes de resolución en ese país (usrtk.org/monsanto-papers/) La carta firmada por más de 600 personas señala que: «Es censurable que la UCR sea utilizada para destinar recursos públicos para apadrinar conferencias patrocinadas por Bayer a favor de un peligroso herbicida, sobre el cual existen abundantes evidencias científicas independientes que confirman la toxicidad del glifosato, como puede corroborarse en la información compilada en bit.ly/2BpwjBS. Evidencia que ha motivado a prohibirse en diferentes latitudes a nivel global (ver: bit.ly/2TALAa7).«
En Costa Rica la Defensoría de los Habitantes conformó la «Comisión Interinstitucional para el Estudio de los Efectos sobre la Salud y el Ambiente de las Formulaciones con Glifosato» con representantes técnicos del Ministerio de Salud (MS), Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Consejo de Salud Ocupacional (CSO), Comité Ambiente y Salud del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, y la Defensoría de los Habitantes, quienes elaboraron una propuesta de decreto de prohibición del glifosato basada en 30 considerandos (disponible acá: bit.ly/2VPgV9x).
La carta dirigida al Escuela de Biología recuerda que esta charla contraviene el «Compromiso con el medio ambiente», establecido en el artículo 4 (inciso f) de los Principios y Propósitos de la UCR, establecidos en el Estatuto Orgánico, y pone en tela de duda el prestigio y alta credibilidad de la que goza la UCR ante la ciudadanía costarricense, al prestar su sede, nombre y recursos, para promocionar la pseudociencia corporativa, con obvio conflicto de interés, como se denuncia en la publicación de Burtscher-Schaden et al. (2017) «Glifosato y cáncer: Comprando ciencia» (ver: bit.ly/2o92ZXp).
Henry Picado Cerdas Presidente de la FECON señaló que «es inaudito que la UCR destine recursos públicos para promocionar en la página de Laboratorios Ciproc, y prestar el auditorio de la Escuela de Biología para la charla «Ciencia detrás del glifosato», a ser impartida por un empleado de Bayer, y como si fuera poco: nada menos que el día 5 de junio, Día Mundial del Ambiente.»
Las organizaciones ecologistas solicitaron suspender la charla, por consistir actividad propagandística a favor del glifosato, y por tanto defensa temeraria de los intereses de Bayer, con claro detrimento de la salud y el ambiente resguardados en nuestra Carta Magna, derechos que como institución pública la UCR está obligada a perseguir en todas sus actuaciones (artículos 11 y 50 de la Constitución Política y 113 de la Ley General de la Administración Pública).
La carta fue dirigida además a Henning Hensen P., Rector de la UCR y al Concejo Universitario de la UCR; Fernando García Santamaría, Vicerrector de Investigación; Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes; Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia y Medios de comunicación colectiva y redes sociales.