La mañana del 15 de junio, fue asesinado, en la combativa comunidad de Guapinol, en el Bajo Aguán, Oquelí Domínguez Ramos, miembro del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. En el criminal ataque también resultó herida su mamá, Catalina Ramos.
Oquelí Domínguez era hermano mayor de Alí Domínguez, asesinado el pasado 7 de enero y hermano menor de Reynaldo Domínguez, uno de los activistas que han sido repetidamente perseguidos y encarcelados por defender el territorio y los ríos Guapinol y San Pedro, que bajan del Parque Nacional “Montaña de Botaderos”.
La zona núcleo de este parque está siendo amenazada por la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecotek (NE Holdings Inc y NE Holdings Subsidiary Inc) antes EMCO Mining Company.
Los holdings que administran Inversiones Los Pinares son controlados por Lenir Pérez Solís, ya involucrado en el pasado en otros conflictos mineros, y Ana Facussé Madrid, hija del tristemente famoso terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum, ya fallecido.
El nombre de Facussé está relacionado con el grave conflicto agrario del Bajo Aguán donde decenas de campesinos organizados perdieron la vida.
Información preliminar indica que Oquelí Domínguez y su mamá fueron atacados en su casa por desconocidos que se conducían en motocicleta.
El mortal ataque se produce pocos días después de que la empresa minera despidiera a cientos de trabajadores por motivos desconocidos, asegura el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos.
Tierra de nadie, la violencia sin fin
Ya son cinco los defensores de la tierra y los bienes comunes asesinados este año en el Bajo Aguán. Decenas son los casos de amenazas y agresiones.
Tanto el Comité Municipal como la Plataforma Agraria del Valle del Aguán denuncian que, a pesar de los llamados al Estado para que proteja a las y los defensores de la zona y ponga un alto a la impunidad, las respuestas han sido nulas y la violencia sigue profundizándose.
“La causa de la violencia es el proyecto de minería ilegal, que sólo ha causado muerte y destrucción”, escribe en un comunicado público el Comité.
“Exigimos el fin de la violencia, que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger a las y los defensores y sus familias, y que inicie una investigación pronta e independiente”, agregó.
Impunidad y violencia
También la Coalición contra Impunidad y la Convergencia contra el Continuismo (CCC) se pronunciaron para condenar con fuerza este nuevo asesinato que enluta a las familias del Bajo Aguán.
“Responsabilizamos al Estado por incumplir con su obligación de prevenir estos hechos, a través de la investigación de los crímenes pasados que siguen en la impunidad.
Lo responsabilizamos —continúa la Coalición— también por su pasividad ante la continuidad de operaciones de la empresa minera Los Pinares, pese a no haber cumplido con todos los requerimientos legales”.
“Llamamos al gobierno a dar una contundente respuesta ante este crimen atroz”, afirma la CCC.
“Junto a las organizaciones sociales y populares exigimos la pronta instalación de la Comisión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras (Cicih), para hacer frente a las redes criminales que están detrás de estos crímenes”, concluye.
Fuente: Rel UITA
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.