A punto de concluir 2013, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, presentó un demoledor informe en el que responsabilizaba de la creciente violación de principios básicos legales en los países del continente a la aplicación de medidas de austeridad. El grave deterioro en la defensa y el cumplimiento de […]
A punto de concluir 2013, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, presentó un demoledor informe en el que responsabilizaba de la creciente violación de principios básicos legales en los países del continente a la aplicación de medidas de austeridad.
El grave deterioro en la defensa y el cumplimiento de los derechos fundamentales en Grecia es un ejemplo paradigmático de lo denunciado por Muiznieks, no solo en su trabajo investigativo «Salvaguardar los Derechos Humanos en tiempos de crisis económica», sino también durante su presentación en Estrasburgo.
«Muchos gobiernos europeos que promulgan medidas de austeridad olvidan sus obligaciones con los derechos humanos, especialmente con los derechos sociales y económicos de los más vulnerables, y la necesidad de garantizar el acceso a la justicia así como el derecho a la igualdad en el trato», según aseguró el Comisario.
Una de las principales preocupaciones de los ciudadanos griegos, sino la mayor, es el problema del desempleo, que al finalizar el año afecta al 27 por ciento de la población activa, y cuyo correlato es el deterioro de las condiciones laborales, la pérdida de derechos y el descenso de los salarios.
Ya en el informe de 2012 del Comité Europeo de Derechos Sociales, Grecia fue denunciada por incumplir la Carta Social Europea en su artículo primero, en lo que respecta al derecho al trabajo y a las políticas de pleno empleo, pero 2013 supuso un empeoramiento de la situación.
En los últimos dos años los salarios descendieron en Grecia un 32 por ciento, fruto de las sucesivas reformas encaminadas a «mejorar la competitividad», al tiempo que aumentaron los casos de empresas que tenían a sus empleados sin contrato ni seguridad social, alcanzando al 52 por ciento de los trabajadores inspeccionados.
En ese clima de rampante precariedad, quien se llevó la peor parte fue la mano de obra extranjera, y a lo largo del año se sucedieron actos de violencia contra los inmigrantes que trataron de hacer valer un derecho tan básico como recibir el salario por el trabajo realizado.
Por esta razón, 29 trabajadores de Bangladesh fueron tiroteados en el mes de abril por los capataces de una explotación agrícola en la localidad de Nea Manolada, y según denunciaron diversas organizaciones sindicales y sociales, la violencia racista en la zona y las condiciones de trabajo de semiesclavitud contaban con la connivencia de las autoridades.
Para el principal sindicato del país, la Confederación General de Trabajadores (GSEE), en la zona existe «una especie de Estado dentro del Estado», donde miles de trabajadores inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, son empleados como recolectores sin contrato, cobertura social o cualquier tipo de derecho.
En meses posteriores, otras denuncias similares fueron apareciendo en distintas áreas agrícolas sin que las autoridades se decidieran a atajar la raíz del problema y con el agravante de que a muchas de las víctimas se les inició expedientes para su expulsión.
Pese a las peticiones y denuncias de organizaciones de derechos humanos, el gobierno siguió manteniendo en campos de reclusión a miles de inmigrantes, sin cargos en su contra ni posibilidad de poner fin a un cautiverio que en muchos casos excedió el máximo legal permitido para las detenciones administrativas.
También en abril el enviado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU constató el atraso gubernamental para hacer valer la justicia frente a unas políticas de austeridad «excesivamente rígidas», y destacó los recortes en los programas sociales que dejaron sin sanidad y en la pobreza a un amplio sector de la población.
En efecto, desde que comenzaron las políticas de ajuste el presupuesto para el gasto social (pensiones, sanidad y otras ayudas) se llevó la peor parte, reduciéndose en un 27 por ciento y dejando a una buena parte de los jubilados, enfermos y menores, principalmente, en la más absoluta precariedad.
Los datos presentados por el Instituto del Trabajo de la GSEE, situaron a un tercio de los griegos bajo la sombra de la pobreza o la exclusión social, y a uno de cada cinco trabajadores con un salario insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, responsabilizando de esta realidad a las medidas de ajuste exigidas por los prestamistas.
En la misma situación se encuentran el 30,4 por ciento de los menores, 597 mil, mientras que otros 322 mil viven con graves privaciones materiales, según recogió el estudio «La situación de los niños en Grecia», elaborado por la Universidad de Atenas en colaboración con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Además, la ONG Praksis calculó que unos seis mil niños viven en las calles de las dos principales ciudades del país, Atenas y Tesalónica, siendo la mayoría de nacionalidad búlgara y rumana.
Otro aspecto problemático fue el relativo a las agresiones y ataques racistas pues, tras crecer un 20 por ciento el año anterior, siguieron aumentando hasta el momento del asesinato del joven rapero y activista de izquierdas Pavlos Fyssas, ocurrido el 17 de septiembre.
El crimen marcó el fin de la impunidad de las agresiones del partido neonazi Amanecer Dorado, y puso al descubierto sus conexiones con sectores de la policía y empresarios, así como la connivencia con el poder.
Azuzado por la Unión Europea, el gobierno se movió con rapidez para detener al líder de la organización y a varios de sus dirigentes, presuntamente implicados en la muerte de Fyssas, pero siguió demorando la aprobación de una ley que tipifique y castigue la violencia racial, y también la financiación pública a partidos que la promuevan.
Otro tipo de violencia, en este caso la de género, también mostró una preocupante tendencia alcista vinculada a la dura situación económica, pues junto al incremento del 47 por ciento en las denuncias se constató que ocho de cada 10 agresores eran desempleados o se enfrentaban a serias dificultades económicas.
El gobierno griego suspendió este año en su misión de salvaguardar los derechos humanos en el país y, como advirtió el enviado de la ONU, «están en peligro o siendo socavados por las duras medidas de austeridad» exigidas por los prestamistas extranjeros.
Antonio Cuesta es corresponsal de Prensa Latina en Grecia.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.