Los países latinoamericanos avanzaron en acceso al agua potable y saneamiento, pero no han frenado la emisión de gases contaminantes ni la deforestación, según un reporte de la Cepal difundido este miércoles. «Debemos poner un precio adecuado al ambiente. El gasto público es bajo en la región, equivalente a poco menos de uno por ciento […]
Los países latinoamericanos avanzaron en acceso al agua potable y saneamiento, pero no han frenado la emisión de gases contaminantes ni la deforestación, según un reporte de la Cepal difundido este miércoles.
«Debemos poner un precio adecuado al ambiente. El gasto público es bajo en la región, equivalente a poco menos de uno por ciento del producto interno bruto, y no se ha abordado eficientemente en la política pública», dijo a IPS Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en la ceremonia de presentación del informe.
En el informe «Objetivos de Desarrollo del Milenio: Avances en la sostenibilidad ambiental del desarrollo en América Latina y el Caribe», la Cepal evaluó el cumplimiento de las metas contenidas en el séptimo de estos objetivos, adoptados por la comunidad internacional en 2000.
Los ocho Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM) proponen reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad ambiental y fomentar una alianza mundial para el desarrollo.
Los países miembros de las Naciones Unidas deben alcanzar esos objetivos antes de 2015, a partir de los niveles registrados en 1990.
Las metas específicas del séptimo objetivo son adoptar los principios del desarrollo sostenible en las políticas nacionales, revertir la pérdida de recursos naturales, reducir el deterioro de la biodiversidad, lograr el acceso a agua potable y servicios de alcantarillado y mejorar la vida de los habitantes de tugurios, definidos como sitios no aptos para el hábitat humano.
«Se ha avanzado en la protección de la capa de ozono, el acceso a agua potable y alcantarillado, pero es necesario reducir la deforestación, incrementar el uso de energías alternativas y adaptarse al cambio climático», señaló a IPS la mexicana Mara Murillo, directora regional interina del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, presente también en el acto en la capital de México.
El informe, coordinado por la Cepal y con el apoyo de una decena de agencias del Sistema de las Naciones Unidas, destaca que la región amplió en 120 por ciento la proporción de áreas naturales protegidas y redujo en 85 por ciento en el uso de sustancias que empobrecen la capa de ozono estratosférico que protege la vida de los rayos solares nocivos.
El debilitamiento de esa cubierta permite el paso de esas radiaciones, que pueden causar alteraciones genéticas en los seres vivos, así como cáncer y enfermedades degenerativas y oculares en las personas.
También se registró un aumento en los servicios de agua potable de 10 por ciento, y de drenajes, de 17 por ciento.
Al mismo tiempo, se contrajo en 31 por ciento la proporción de población urbana que habita en tugurios, aunque 100 millones de personas aún viven en condiciones inaceptables.
Cerca de 21 por ciento de la superficie total de América Latina tiene estatus de área natural protegida. En la región se ubican 102 reservas de biosfera -áreas representativas de los diferentes ecosistemas del planeta–, repartidas en 19 naciones.
Pero eso no ha impedido que «su patrimonio biológico se encuentre amenazado por la pérdida de los hábitats naturales», especialmente en las zonas de alta montaña, las tierras secas tropicales, los ecosistemas desérticos, los bosques nubosos y los húmedos tropicales, según el informe, que no adelanta un pronóstico sobre si la región cumplirá las metas.
América Latina y el Caribe albergan cerca de 40 por ciento de las especies animales y vegetales del mundo y contienen aproximadamente 40 por ciento de las variedades de bosques tropicales y 36 por ciento de los bosques industriales y cultivados.
La región perdió unos 69 millones de hectáreas –casi siete por ciento, el doble del promedio mundial– de superficie boscosa entre 1990 y 2005, según el reporte de Cepal.
La situación más grave se vivió en Mesoamérica, que comprende desde el centro de México hasta Panamá, con un retroceso de 10 por ciento.
Brasil y México son los países con mayor grado de deforestación y, al mismo tiempo, los que más gases contaminantes emiten a la atmósfera.
En la región, esas emisiones crecieron 41 por ciento entre 1990 y 2005, con América del Sur como el escenario del mayor incremento: 55,7 por ciento.
El reporte sale a luz luego de intensas sequías en México, América Central y el norte de América del Sur, y olas de calor en esta región, así como severas inundaciones en el centro de México, Perú y Bolivia, e intensas lluvias también en Argentina, Brasil y Uruguay.
«La pérdida de bosques es un problema relacionado con los niveles de pobreza. Si queremos que se protejan esos recursos, lo vamos a lograr con procesos de desarrollo social», sostuvo secretario (ministro) mexicano de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Elvira.
El combate a la deforestación es uno de los temas centrales de las negociaciones para un nuevo tratado ambiental internacional, que podría definirse en México a fines de noviembre y principios de diciembre, en la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16), luego del fracaso de Dinamarca, en diciembre de 2009.
«Los rezagos confirman que el modelo de desarrollo no ha logrado superar el problema de la pobreza y exclusión social de la región ni ha logrado detener el proceso de deterioro ambiental», manifestó la mexicana Bárcena.
Por eso, instó a «adoptar una visión proactiva» y avanzar hacia un crecimiento económico «con un menor uso intensivo del carbono».
Elvira mencionó los beneficios del esquema de pago por servicios ambientales, en el cual los habitantes de un bosque lo aprovechan de forma sostenible y reciben del Estado un beneficio económico.
En México 1,2 millones de hectáreas se encuentran bajo la modalidad de pago por servicios ambientales, en tanto que la meta para 2012 es contar con 25 millones de hectáreas de ecosistemas protegidos de esta manera.
«La región posee un tercio de la biomasa forestal y dos tercios de la biomasa forestal tropical del mundo, de manera que cuenta con un gran potencial para contribuir a los esfuerzos globales de mitigación del cambio climático mediante los servicios de captación de CO2 (dióxido de carbono) que ofrecen los bosques», afirma el informe.
Un nuevo tratado internacional ambiental le pondrá un precio a la deforestación, según la secretaria ejecutiva de Cepal.
La presentación del texto coincidió con la reunión de dos días en la capital mexicana del Mecanismo de Coordinación Regional para América Latina y el Caribe del Sistema de Naciones Unidas para discutir los ODM, el cambio climático, la situación política de la región y la contribución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la cooperación regional.
Ese mecanismo surgió en 1998 y es coordinado por las comisiones regionales de la ONU y presidido por la Subsecretaría General del foro mundial.