Un día después de suscribirse el acuerdo entre La Unión Europea y Turquía para la expulsión de personas refugiadas que se hallen en Grecia y a las que se considere «irregulares», se registraron cuatro muertos en el Mar Egeo, en dos de los casos niñas pequeñas. En sólo un día arribaron 1.700 personas a las […]
Un día después de suscribirse el acuerdo entre La Unión Europea y Turquía para la expulsión de personas refugiadas que se hallen en Grecia y a las que se considere «irregulares», se registraron cuatro muertos en el Mar Egeo, en dos de los casos niñas pequeñas. En sólo un día arribaron 1.700 personas a las islas griegas de Chios y Lesbos. Actualmente se hallan en el país heleno cerca de 50.000 personas inmigrantes y refugiadas. Por otro lado, el pasado fin de semana 300 inmigrantes trataron de cruzar sin éxito la valla de Melilla y ayer otras 30 personas inmigrantes, de Guinea Conakry, Guinea Bissau y Burkina Fasso lograron llegar a Ceuta. «La tragedia la tenemos en casa», sostiene el politólogo, sociólogo y catedrático de la Sorbonne, Sami Naïr, en un acto organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de Valencia. La cuestión clave reside en la reacción ciudadana, que se debate actualmente entre la solidaridad con los refugiados y lo que el filósofo germano Jürgen Habermas llamaba el «chovinismo de la prosperidad», es decir, arreglar primero los problemas en casa y después ya se verá en qué se le puede ayudar al prójimo.
La situación de incertidumbre en la que vive la Unión Europea se aprecia por ejemplo en el «volantazo» de la presidenta del Gobierno alemán Ángela Merkel, quien en una primera fase de la llamada «crisis de los refugiados» se planteó que las políticas restrictivas y las expulsiones masivas violaban los principios que cimentaban el país. Sin embargo, el catedrático de Ciencias Políticas, especialista en movimientos migratorios y eurodiputado hasta 2004, Sami Naïr, destaca que actualmente Merkel ha negociado a espaldas de la Unión Europea un «acuerdo vergonzoso» con Turquía. Al final, el sentimiento de solidaridad no ha podido resistir los intereses electorales, y los movimientos xenófobos -que en algunos estados como Sajonia-Anhalt alcanzaron el 24% de los votos en las últimas elecciones- han logrado que se imprima un giro a la posición inicial. «Es una victoria enorme de lo peor de nosotros», opina Sami Naïr. «La Unión Europea está pisoteando desde hace mucho tiempo, pero sobre todo desde junio de 2015, sus valores fundamentales».
Uno de los pequeños portillos de esperanza es que el mismo día de la rúbrica del pacto entre la Unión Europea y Turquía, ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los refugiados) condenó el acuerdo porque suponía una violación palmaria de los derechos fundamentales. Se vulneraba por ejemplo la Convención de Ginebra de 1951 (sobre el Estatuto de los Refugiados), que obliga a tramitar la demanda de asilo de las personas que lo soliciten en el territorio de llegada. Se contravienen también las directivas europeas que obligan a garantizar las condiciones para que los peticionarios puedan quedarse en un país mientras se tramita la solicitud de asilo. Después de la Segunda Guerra Mundial se aprobó la Convención de 1951, a la que se han acogido desde entonces millones de personas. Ya en el contexto de la «guerra fría», se adoptó respecto a países como Hungría o Polonia, en un sentido que «incentivaba» a los opositores al comunismo. Después se descubrió, en el caso húngaro, que muchas de las personas que abandonaron el país eran realmente inmigrantes «económicos», que aprovechaban las posibilidades que ofrecía el derecho internacional para acceder al asilo.
Sin embargo, afirma Sami Naïr, no se han aplicado del mismo modo estas convenciones internacionales a los ciudadanos sirios, afganos e iraquíes cuando además, buena parte de la crisis actual tiene su origen en la guerra de Iraq y los bombardeos desplegados por Estados Unidos y Gran Bretaña. Después de esta «intervención» militar, cuatro millones de personas salieron de Iraq. Siria acogió a dos millones de ciudadanos iraquíes en sus fronteras. Líbano acoge a 1,7 millones de personas refugiadas y Túnez, con diez millones de habitantes y escasos medios, acogió a un millón de refugiados libios tras los ataques al país norteafricano. «España, sólo a 18». Pero con independencia de las cifras y los esfuerzos de cada país, el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, insiste Sami Naïr, también vulnera los Acuerdos de Schengen en materia de fronteras y en concreto el apartado sobre repatriación de personas en situación «irregular». «La expatriación tiene que responder a reglas tasadas, no a un determinado pacto suscrito con Turquía, esto es algo surrealista y una aberración del espíritu que inspira la norma». El acuerdo establece asimismo que por cada persona refugiada («irregular») que resulte deportada desde Grecia al territorio turco, se permitirá la entrada de otro refugiado -de manera «legal» y con visado- desde Turquía a la Unión Europea, procedimiento conocido como el «uno por uno».
En los acuerdos se incluyen algunos mecanismos más propios del burdo «regateo». Con el fin de que Turquía acepte el pacto, la Unión Europea abre la puerta a la libertad de circulación de ciudadanos turcos por Europa. La crítica de las organizaciones humanitarias apunta a una mezcla espuria, de aspectos radicalmente distintos, ya que poco tienen en común los refugiados sirios con la ampliación del libre tránsito de los turcos. También se ha incrementado el dinero que Turquía había pedido inicialmente, de los 3.000 millones de euros que empezó a recibir en octubre, a los 6.000 millones finalmente acordados. «No sabemos quién pagará estas cantidades que Merkel ha pactado con Erdogan sin contar con los europeos». Otra de las razones de fondo por las que la Unión Europea ha suscrito este pacto, explica Sami Naïr, es que no cuenta con una política común, de hecho, en los últimos cinco años se ha producido una notoria «renacionalización» de las iniciativas en materia migratoria. «En los años 90 todavía pensábamos que era posible una política unitaria, pero hoy no, sólo hay que mirar el modo en que actúan países como Hungría o Austria».
Cuando se hila fino, aparecen flecos que escapan al común de los mortales, sometidos al bombardeo de cifras e imágenes inconexas. Una de las circunstancias de las que poco se habla es que Turquía sólo ha firmado una parte de la convención sobre refugiados y asilo de 1951, por tanto, este país puede aplicar la cláusula «geográfica» por la cual los derechos de asilo y refugio se les puede aplicar a ciudadanos europeos, pero quedar eximidos otros como los sirios, eritreos y afganos. Y ello sin violar la legalidad internacional. «No me puedo imaginar que los juristas europeos, y sobre todo los alemanes, no conozcan esta cláusula», apunta el sociólogo, doctor honoris causa por la Universitat de València e intelectual que alumbró el concepto de «co-desarrollo». Tampoco se entiende por qué no se apunta directamente a las mafias, uno de los blancos predilectos en los discursos gubernamentales, cuando INTERPOL y las policías nacionales conocen perfectamente cómo éstas organizan las rutas de los refugiados e incluso las tarifas: 4.000 euros para llegar a Austria o 6.000 euros por entrar en territorio italiano. Seguramente los motivos del arreglo final no deben de andar muy lejos de las elecciones que esperan a Merkel en 2017, ni de los problemas internos de Erdogan.
En el acto celebrado en la Universitat de Valencia han participado asimismo la vicepresidenta del Gobierno Valenciano, Mónica Oltra, y el catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos, Javier de Lucas. A juicio del catedrático, la política más efectiva de apoyo a las personas refugiadas consistiría en intervenir directamente sobre las causas que motivan los grandes desplazamientos. Pero los países del Norte son los que venden las armas que destrozan Siria o son cómplices en la financiación del Estado Islámico, que vende el crudo a los países de Europa y la OCDE. Tampoco se ha hecho nada durante cinco años en la guerra de Siria, y después, ¿qué ocurre cuando las personas refugiadas llegan a las fronteras de la Unión Europea? Si el estado español tuviera que acoger la misma proporción de refugiados sobre la población total (un 25%) que Líbano, la cifra se elevaría a diez millones, cuando actualmente la batalla que se libra en España es por superar las 18 personas refugiadas. Además, «estamos burlando y desobedeciendo nuestras propias leyes», señala el autor de «Mediterráneo: el naufragio de Europa», en concreto, tres directivas europeas específicas además de la Convención de Ginebra y el Protocolo de Nueva York.
A pesar de que los medios dediquen titulares, destacados y despieces a la «crisis» de los refugiados, puede que la crisis resida actualmente en cómo está configurado el sistema de protección. Porque hay hechos poco cuestionables, como la existencia de refugiados ambientales, que el marco jurídico actual no reconoce. Por otro lado la tragedia que viven las personas refugiadas ha llevado a que en algunos casos se hable con desprecio de los «inmigrantes económicos», como si estas personas que viven en estado de necesidad carecieran de derechos. Recuerda Javier de Lucas la existencia de un instrumento de protección específico para los migrantes económicos -la Convención aprobada en 1990 por Naciones Unidas- que ningún estado miembro de la UE ha querido ratificar a pesar de las llamadas del Parlamento Europeo. «Por más eficaces que pretendan ser los sistemas de deportación, continuarán llegando refugiados y con mayores riesgos para sus vidas que en la actualidad», concluye Javier de Lucas.
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