La migración internacional ha adquirido un rol central en el debate político en América Latina y el Caribe. Para miles y miles de latinoamericanos, confrontados a la inseguridad alimentaria, la desocupación, las crisis del cambio climático, la covid y la disparada de los precios de los productos básicos, migrar parece ser la única opción.
Prácticamente, todos los países de la región son parte de los ciclos migratorios, sea como países de origen, destino, retorno o tránsito. Según estimaciones de Naciones Unidas, en 2020 43 millones de personas de la región vivían fuera de sus países de nacimiento, representando el 15% de la población mundial de migrantes.
Hoy, la migración se caracteriza crecientemente por flujos irregulares e incluye migrantes económicos, migrantes ambientales, migración forzada o involuntaria, solicitantes de asilo, refugiados, migrantes en situación irregular, personas traficadas, víctimas de trata y migrantes varados, niños, niñas y adolescentes no acompañados, entre otros. La principal característica de estos movimientos mixtos es su condición de alta vulnerabilidad.
Migrar no es una opción, también es la única forma de conservar la vida para muchos que deben dejar sus países perseguidos por la represión de regímenes opresivos. Otros deben dejar su país para evitar que ellos o sus hijos sean reclutados por un grupo paramilitar o pandillero.
«Es una migración hemisférica», señala Lola Castro, directora para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, quien advirtió que las personas están transitando por todas partes en el continente . Pero, sobre todo, “en la zona hacia la frontera entre Estados Unidos y México, todo se ve afectado por la migración, y los gobiernos nos están diciendo ¿Qué hacemos con toda esta masa de gente transitando?” advirtió.
La Comisión Económica para América Latina Cepal) señala que la migración debiera ser una opción informada y libre, y no una necesidad impuesta por las carencias y el sufrimiento, para lo cual se necesita una mirada regional sobre la gestión de las migraciones, estableciendo corresponsabilidades entre los Estados y teniendo en cuenta el ciclo migratorio completo.
“Resultan preocupantes las dificultades de acceso al trabajo decente, la protección social, la salud, la educación, así como a la vivienda por parte de muchas personas migrantes, quienes constituyen uno de los grupos poblacionales más vulnerables. Para permitir que las personas migrantes accedan al empleo y a los servicios sociales, se deben facilitar los procesos de regularización. Hay que combatir la xenofobia y la discriminación hacia la población migrante”, señala su secretario ejecutivo José Manuel Salazar-Xirinachs.
Asimismo, la guerra en Ucrania ha conllevado graves problemas alimentarios en varias regiones, sobre todo en África y Medio Oriente, pero la inseguridad alimentaria en América Latina aumenta inexorablemente, pese a su capacidad de producción agrícola,
Lola Castro indicó que mientras en años anteriores, el PMA ayudaba a tres millones de personas con problemas severos de alimentos en América Latina y el Caribe, «ahora nunca estamos por debajo de 10 a 30 millones».»En estos momentos la migración es la única opción que la gente tiene: se van, hacia el norte, y lo que estamos viendo es un gran aumento», insistió.
No se puede dejar de destacar el impacto de los medios hegemónicos de comunicación en campañas xenófobas de criminalización a migrantes. Son espacios donde circulan imágenes y discursos discriminatorios de las organizaciones derechistas y ultraderechistas hacia las personas migrantes, que dan lugar a una representación diferenciadora y estigmatizadora que perjudica el acceso a derechos.
Los migrantes de los países limítrofes son colocados en el lugar de chivo expiatorio. Los discursos que responden a una matriz cultural xenófoba los responsabilizan de los problemas, corriéndonos el foco de las injusticias e inequidades estructurales. La “portación de cara” juega un papel central de discriminación.
¿Puede ayudar Europa?
En la primera cumbre en una década entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Bruselas, se espera que los países europeos busquen impulsar el diálogo y avanzar en un tratado de libre comercio luego de llegar a un acuerdo de principios en 2019 con el Mercado Común Sudamericano (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), convenio que sigue estancado.
En la reciente cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, la cuestión del tratado de libre comercio con la Unión Europea fue central. Firmado en 2019 con gobiernos neoliberales para reforzar la dependencia, que beneficiaba a los capitales europeos en la mayoría de los rubros, nunca fue puesto en marcha:estuvo virtualmente paralizado en estos años, y entre las negociaciones se agregaron nuevas restricciones de índole ambiental por parte de Europa.
Los dos grandes del bloque, Argentina y Brasil, vienen reclamando modificaciones, señalando que el ambientalismo declamado es, en la práctica, proteccionismo para una sola de las partes. “No tenemos interés en firmar ningún acuerdo que nos condene al eterno papel de exportadores de materias primas”, reclamó el presidente brasileño Lula da Silva.
El presidente argentino Alberto Fernández habló del «proteccionismo de los países desarrollados a costa de la desprotección de los países proveedores de materia prima», y criticó «una visión excesivamente centrada en los ambiental, con nulo registro de las tres dimensiones de la sostenibilidad: ambiental, económica y social».
«Decisiones con metas ambientales unilaterales que cambian absolutamente las reglas, sobre un acuerdo que ya de por sí no tenía en cuenta las asimetrías preexistentes. Normas que no compartimos, como la que impide dar prioridad a las empresas nacionales para las licitaciones públicas. Para nosotros el ‘compre nacional’ es prioritario», puntualizó.
La presión, sobre todo en seguridad alimentaria, lleva a Castro a insistir para que América Latina «no sea olvidada» cuando ambas regiones se reúnan en Bruselas el 17 y 18 de julio.
Los negociantes
De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, las ganancias que obtienen bandas de la delincuencia organizada por el tráfico ilícito de migrantes ascienden a siete mil millones de dólares anuales, y es previsible que dicha cifra crezca debido a que en los pasados 10 años aumentó más del doble lo que exigen los coyotes -traficantes de migrantes- por sus «servicios» y hoy rozan los 20 mil dólares, para lo cual las familia migrantes deben vender todo lo que tienen en sus países.
En México se produjeron cuatro mil 541 muertes y desapariciones de personas migrantes en la frontera con Estados Unidos desde 2014 y hasta el 23 de junio de 2023.
El crecimiento en los costos que enfrentan los migrantes indocumentados es provocado por la maraña de obstáculos legales, físicos y policiales desplegados por EEUU para impedir el ingreso a su territorio: está claro que los polleros no cobran por transportar a sus clientes, sino por facilitarles eludir la vigilancia de las autoridades migratorias de uno y otro lados de la frontera, señala un informe del diario mexicano La Jornada.
En 2024 Washington gastará 25 mil millones de dólares sólo en su Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y su Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), a lo que debe sumarse el presupuesto de otras agencias que participan en la lucha antimigrante, así como las gigantescas asignaciones de los estados sureños que han adoptado la bandera de la xenofobia incluso cuando no tienen fronteras internacionales terrestres, como Florida. Ésta es otro faceta del negocio.
Con una pequeña parte de esos recursos pueden reducirse las causas de la migración en varios países de la región, pero Washington prefiere “invertirlos” en muros, alambradas, tanquetas, drones que no aminoran los flujos migratorios sino que contribuyen a multiplicarlos al generar incentivos perversos para los traficantes, quienes se enriquecen a medida que la travesía se dificulta.
Las permanentes demostraciones de fuerza ocultan a los ciudadanos la complicidad de las autoridades fronterizas con la delincuencia organizada, pues sería imposible burlar el impresionante despliegue tecnológico estadounidense sin sobornos, encubrimientos y componendas entre los coyotes y los supuestos vigilantes.
Después de la inhumanidad, la inutilidad y la corrupción, el cuarto componente de la política antimigrante estadounidense es la hipocresía: se pone toda suerte de obstáculos a la llegada de personas que la propia superpotencia requiere, porque sin la mano de obra migrante, perdería sus márgenes de rentabilidad y de competitividad e incluso su capacidad de mantener en marcha muchas de sus actividades productivas.
Las medidas represivas han paralizado en Florida a la agricultura, la construcción y el turismo, tres sectores claves en que los indocumentados forman una amplia mayoría de la fuerza de trabajo. Es demostración del afán del gobernador Ron DeSantis de ganarse al electorado más cavernario de cara a las primarias presidenciales del Partido Republicano.
Pero para resolver el problema de las migraciones masivas, resulta ineludible abordar sus causas profundas: la pobreza, la inseguridad alimentaria, la marginación, la falta de oportunidades, la desigualdad, la violencia, el despojo territorial y el cambio climático. Y entonces debería implementarse el derecho a migrar con las regulaciones adecuadas que garanticen la seguridad nacional e interior del país receptor.
Haití
Haití es una de las principales preocupaciones para el Programa Mundial de Alimentos, especialmente por la violencia relacionada con las bandas. La situación se ha deteriorado extremadamente: hay 200 bandas y han tomado el control de la ciudad de Puerto Príncipe, la capital, e impiden a los haitianos ir al trabajo o a la escuela, o al mercado. La población fue tomada como rehén.
Cerca de la mitad de los haitianos, unos 4.9 millones, necesitan ayuda alimentaria, pero el PMA sólo tiene capacidad para 2.5 millones.»A raíz de los recortes en la financiación en todo el mundo, no vamos a conseguir llegar a un [millón] de estos 2.5 millones. Es una situación «muy dramática», dijo Lola Castro. Aseguró que faltan 122 millones de dólares para financiación de las operaciones del PMA en Haití este año.
*Sociólogo y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)