En el Perú el gobierno de Alan García se empeña en mantener y profundizar su política económica neoliberal e impone actividades mineras, de hidrocarburos y forestales en los territorios de las comunidades y pueblos indígenas, anteponiendo el interés individual de las empresas sobre el derecho de propiedad comunal, con el argumento del crecimiento y el […]
En el Perú el gobierno de Alan García se empeña en mantener y profundizar su política económica neoliberal e impone actividades mineras, de hidrocarburos y forestales en los territorios de las comunidades y pueblos indígenas, anteponiendo el interés individual de las empresas sobre el derecho de propiedad comunal, con el argumento del crecimiento y el desarrollo económico. Para ello no duda en expedir normas inconstitucionales ni, peor aun, en recurrir a la fuerza militar y policial, incluyendo la muerte de autoridades y líderes indígenas. Es la aplicación de su «filosofía» expresada en «El síndrome del perro del hortelano», ya convertida en programa de gobierno.
Una radiografía de esta política la constituye el proyecto minero Río Blanco, de las empresas Xiamen Zijin Mining (china) y Monterrico Metals (británica), a las que el Estado dota de cuerpo policial y militar para proteger sus operaciones. «Protección» que hasta la fecha ha provocado la muerte de cinco indígenas, entre autoridades y líderes, además de dejar heridos, torturados y secuestrados. Al mismo tiempo se despliega todo el Poder Judicial para denunciar y procesar a los líderes que exigen respeto a sus derechos territoriales y modelos de desarrollo, los cuales fueron ratificados en una Consulta Vecinal desarrollada el 16 de septiembre de 2007, cuando más del 90 por ciento de la población de la zona rechazó la presencia minera en sus territorios.
Es bastante conocido por la comunidad internacional que América Latina en general basa su economía en la exportación primaria de minerales. Por eso los gobiernos ofertan espacios territoriales de los pueblos indígenas, para que toda empresa interesada obtenga concesiones para la exploración y explotación. A esta actividad económica se le da máxima prioridad, por lo que todo proyecto minero viable económicamente es declarado de «interés nacional», para cubrir de legalidad la violación de todos los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.
La estadística de concesiones mineras en el Perú demuestra que sólo en el lapso de un año (de noviembre de 2008 a noviembre de 2009) el territorio nacional concesionado a la minería se expandió del 13.46% al 15.38%. Es decir, 19,573.752 hectáreas poseen hoy concesiones mineras, sin contar las concesiones de hidrocarburos que a la fecha abarcan el 75% del territorio de la amazonía peruana. Este mapa de concesiones viene provocando conflictos sociales en todo el país. La Defensoría del Pueblo registró en octubre de este año 286 conflictos, de los cuales 132, es decir el 46%, corresponden a conflictos socioambientales.
Esta política de venta indiscriminada de espacios de vida de los pueblos indígenas es acompañada de una política de criminalización, militarización y violación a los derechos de los pueblos indígenas. La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI PERÚ, tiene registrados, hasta la fecha, a 242 autoridades y líderes comunales (162 varones y 80 mujeres) denunciados por diversos delitos como: contra la seguridad pública, en su modalidad de peligro común – arrebato de armamento; homicidio culposo; contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de lesiones graves; contra el patrimonio, en su modalidad de daños contra la propiedad privada; contra la seguridad pública, en su modalidad de atentado contra los medios de transporte, comunicación y otros. También malversación de fondos y todo delito que se puede imputar. Todos denunciados por agentes de empresas mineras y en algunos casos por representantes del Estado.
En el caso específico del proyecto Río Blanco, por las acciones de protección del medio ambiente ante la inminente presencia de la actividad minera que provocaría la destrucción y contaminación de un afluente importante del río Amazonas, hay 173 dirigentes y líderes procesados, de los cuales 156 son varones y 17 son mujeres. A esta lista se deben sumar los cinco líderes asesinados por la fuerza policial. Y los comuneros torturados en las instalaciones de la empresa de seguridad de la mina por paramilitares y policías (julio/agosto del 2005).
Todo esto se inscribe dentro de una política de gobierno que trata de «solucionar» los conflictos sociales expandiendo el sistema penal, antes de atenderlos con políticas públicas diferenciales para pueblos indígenas y construir un país democrático e incluyente. De esta manera se violan derechos constitucionales como la libertad de opinión, expresión, reunión, asociación, etc.
En este escenario, los retos para las comunidades indígenas del Perú, en especial para las organizaciones que tienen representatividad legítima, son muchos y muy arduos, teniendo en cuenta que estamos ad portas de las elecciones municipales y regionales del 2010 y las presidenciales del 2011, las cuales harán imprescindible considerar en las propuestas políticas de los candidatos el respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y un mecanismo de control de cumplimento de estas promesas durante las gestiones. Porque hay una larguísima experiencia de que los candidatos ofrecen todo lo que el pueblo quiera escuchar y llegados al cargo aplican sus propias lógicas de desarrollo. Si avanzara el brazo político que se viene gestando desde las organizaciones campesinas e indígenas, éste debería tener un proceso diferente al de los partidos tradicionalistas que cuestionan y lograr una estructura colectiva para que el movimiento no recaiga en la imagen de una o dos personas.
Otros retos están enfocados a seguir construyendo la consciencia colectiva mediante los mecanismos de exigibilidad del ejercicio de sus derechos: a la autodeterminación, territorio, consulta previa e informada, ambiente sano y saludable, participación política, etc. y lo más importante: definir e intensificar el modelo de desarrollo comunal como mecanismo de protección de su espacio de vida.
Wilwer Vilca Quispe es Miembro del Consejo Consultivo de la Coordinadora Andina de Organizaciones indígenas (CAOI) y actual responsable del Área de Incidencia de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI PERU).
Fuente: http://alainet.org/active/35336