Traducido para Rebelión por Susana Merino
Quedan solo unas semanas para que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (CEDU), convocado para juzgar a Italia por expulsar a Libia a 24 refugiados políticos eritreos y somalíes en mayo de 2009, dicte sentencia. Desde hace dos años muchos se preguntan si la condena de la CEDH bastará para lograr que cambie la política italiana y europea en el Mediterráneo. Ya hay una primera respuesta y es de las peores. La dio el primer ministro italiano Mario Monti ayer por la mañana en Tripoli durante una conferencia de prensa junto al jefe del gobierno libio Al Kibb. «Me parece prematuro imaginar cualquier tipo de cambio en la política italiana frente a la inmigración ilegal, sin embargo, el respeto de los derechos humanos sigue siendo una prioridad para el gobierno italiano». Una elegante frase para decir que el nuevo rumbo de la política italiana en las fronteras seguirá «el surco trazado por Maroni y Berlusconi y por Prodi y Amato anteriormente. Terminada la guerra en Libia, Italia continuará devolviendo a Libia a las personas detenidas en aguas internacionales. Y Finmeccanica reanudará lo antes posible la instalación del sistema de vigilancia electrónica de la frontera sur con Libia. Por ahora, las travesías del canal de Sicilia se encuentran cerradas desde agosto, cuando con la liberación de Trípoli dejaron de operar las milicias de Gadafi que se ocupaban de los embarques. Pero la semana pasada un grupo de unos 200 somalíes salieron de un tramo de la costa entre Khums y Misrata, incluyendo 55 náufragos desaparecidos en el mar. Es una señal de que las salidas hacia Italia podrían recomenzar. Y de este modo las deportaciones a Libia, lo que también plantea una gran preocupación a la Libia posterior a la dictadura.
Poco importa si la Libia de hoy es decididamente mucho mejor que la Libia de Gaddafi y comienza la construcción de un sólido Estado de derecho. Y tampoco importa si la mayoría de los jóvenes que tratan de llegar a Lampedusa no son refugiados políticos, sino muchachos como nosotros en busca de un futuro mejor. Porque si un día las normas de detención en Libia superaran las de los italianos y si un día a bordo de esos barcos no hubiera ni siquiera un refugiado, el rechazo en alta mar sería igualmente una práctica condenable.
¿Por qué en la aldea global de 2012, donde la movilidad «significa poder e identidad», la hipótesis de la criminalización de la circulación en el planeta es casi blasfema? La libertad personal es un derecho inviolable «del que no se puede privar a nadie salvo por haber cometido algún acto criminal». Y viajar no es, «no puede ser» un delito. Viajar no es una concesión que los poderosos pueden hacer a los más desesperados por espíritu de caridad o en memoria de viejos documentos legales sepultados bajo el polvo. No es preciso haber sido torturado en la cárcel o huir de una guerra para tener el derecho de trasladar más allá la propia mirada.
Con mayor razón en un mundo globalizado. Especialmente desde que la libertad de circulación ha dado buenos resultados. Hablo de la experiencia con Europa del Este. La Unión Europea ha eliminado las visas y ha liberalizado la circulación de los ciudadanos de Rumania, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, Montenegro, Albania … ¿Por qué no hacer lo mismo con los países del sur? Si los gobiernos europeos buscan soluciones, que experimenten nuevas formas de circulación simplificando los visados y manteniendo también la movilidad entre los países mediterráneos y africanos antes que financiando nuevas cárceles para los que tratan de buscar por sí mismos nuevos horizontes.
Fuente: http://fortresseurope.blogspot.com/2012/01/monti-prematuro-dire-no-ai.html
rCR