La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales exige a las empresas y gobiernos responsabilidad para el cese de un tipo particular de violencia que va en aumento: la violencia contra las mujeres en el contexto de las actividades extractivas. Invitan a suscribir una petición a en la dirección web de […]
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales exige a las empresas y gobiernos responsabilidad para el cese de un tipo particular de violencia que va en aumento: la violencia contra las mujeres en el contexto de las actividades extractivas. Invitan a suscribir una petición a en la dirección web de Salva la selva.
La red indica que mientras preparaban el texto de la petición se vieron golpeadas por el terrible asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Pueblos Indigenas de Honduras (COPINH), defensora de derechos humanos, madre, y una gran mujer.
Indican que su asesinato «es un crimen atroz que cae sobre la conciencia de las empresas mineras e hidroeléctricas ilegalmente autorizadas por el Estado sin consentimiento de los pueblos indígenas. Los gobiernos corruptos que permiten y que dejan crímenes como el de Berta en la impunidad son cómplices de su muerte».
No es un caso aislado
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales señala que las mujeres están especialmente expuestas a diversas formas de violencia que causan las actividades extractivas.
Entre ellas están las agresiones físicas, sexuales y psicológicas que ponen en riesgo sus vidas, sus cuerpos y sus territorios; la contaminación que afecta a su salud; la criminalización que afecta a su integridad; y el despojo de sus territorios.
Obviamente, los impactos del extractivismo sobre las vidas de las mujeres se extienden a sus familias y comunidades.
La situación de violencia se extiende más allá de América Latina a otras partes del mundo. «Para nosotras la explotación minera es la expresión de un modelo de desarrollo que está de espaldas y en contraposición con todo lo que sirve para mantener materialmente la vida, que ignora que los seres humanos somos naturaleza, y que dependemos totalmente de ella».
La violencia contra las mujeres por actividades mineras cumple el mismo patrón en todos los países con la vulneración de los derechos humanos y derechos específicos de la mujer.
En el siguiente reporte la Red identifica y comparte algunos casos muy representativos, por país:
Reporte sobre la violencia de las industrias extractivas hacia la mujer elaborado por la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales
Honduras:
Además del profundo shock que supone la muerte de Berta Cáceres, todo Honduras está concesionado y es el país del mundo en el que mas personas son asesinadas por oponerse a proyectos extractivos. Una minera canadiense denominada Entre Mares, se instaló sin consulta a las personas afectadas, explotaron a cielo abierto con cianuro por 10 años, botando el agua contaminada al rio. Las mujeres del valle de Siria han estado expuestas a los metales pesados y los estudios demuestran la presencia de plomo en la sangre de las mujeres, abortos, daños en la vista, en la piel, caída de cabello y violencia psicológica. Con las movilizaciones se logró el cierre de las instalaciones pero los daños en la salud permanecen, es una clara forma de violencia a la que están expuestas las mujeres.
Ecuador:
Una estrategia de despojo frecuentemente utilizada por las empresas mineras es la compra de tierras a través de terceros, el proyecto minero Mirador no es la excepción. Mujeres cargando a sus hijos fueron desalojadas con sus familias de sus hogares por la fuerza pública en septiembre y diciembre del 2015. Sucedió en la Parroquia de Tundayme, al sur de la Amazonía en la que se encuentra el proyecto cuprífero Mirador en manos de la Empresa Ecuacorriente S.A. actualmente de capitales chinos. Pese a tener las escrituras de sus tierras fueron desalojadas de su territorio a la fuerza por supuestas órdenes de la empresa minera China.
Las mujeres de Tundayme han sufrido agresiones, violencia física y psicológica, sobre ellas pesa la carga de trabajo en buscar nuevas condiciones para mantener a sus familias. Organizaciones de derechos humanos documentan que se viola su integridad, su derecho a la tierra y territorio, a la vivienda, su derecho de propiedad, su derecho al trabajo, a la salud, educación de sus hijos. Hay que señalar que mientras una empresa extranjera ocupa territorios ancestrales se vulneran los derechos Humanos y de la Naturaleza. El proyecto minero Mirador es presentado por el gobierno ecuatoriano como minería sustentable que va a acabar con la pobreza en el país.
Un muy reciente caso de despojo: el de la señora Rosa Ware, indígena Shuar de más de 100 años. Vivía en la zona de Tundayme, con su hijo Mariano Mashendo de 60 años en las inmediaciones del campamento minero y la comunidad indígena de Yanúa. Él relata que en el año 2006 una persona propuso comprarles la finca familiar en la que vivían. Como se negaron a venderla, a decir de Mariano esa persona notarizó la huella digital de una empleada en un documento para hacerla pasar por propietaria de la tierra familiar. Ese documento que dicen fue falsificado lo habría puesto la empresa minera como respaldo para comprar la tierra. Sigue contando que «como la familia se negó a salir de la finca, la empresa quemó la casa y procedió al desalojo violento de los habitantes de la finca». Este hecho ha quedado invisibilizado, en la impunidad absoluta. Según informaron autoridades indígenas Shuar, a partir de ese momento la Señora Rosa Ware sin lugar en donde vivir se instaló en las inmediación donde fue hostigada para ser finalmente desalojada forzosamente el 4 de febrero del 2016 por la empresa minera Ecuacorriente S.A. junto a la policía y la abandonaron en un parque.
Guatemala:
Diodora Hernández y familia están sufriendo la obstrucción al acceso al agua potable. Pero la violencia contra Diodora no se limita a la privación de este derecho fundamental. El 7 de julio de 2010, Diodora Antonia Hernández Cinto, mujer campesina Maya-Mam del pueblo de San José Nueva Esperanza, fue víctima de un ataque por parte de dos hombres de su aldea, quienes le dispararon dos veces en la cabeza, dándola por muerta.
Según informa la organización de derechos humanos Rights Action/Derechos en Acción, los hombres intentaron matarla porque se había negado a vender su tierra a Montana Exploradora, empresa subsidiaria de Goldcorp que opera la mina de oro «Marlin», conformada por túneles subterráneos y un tajo abierto que filtra cianuro, en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos, Guatemala. Afortunadamente, Diodora sobrevivió. La bala entró por su ojo derecho y salió detrás de su oreja derecha. Después de pasar tres meses en el hospital, Diodora regresó a casa – pero con una prótesis ocular y sordera en un oído – a su terreno donde continua viviendo con su esposo, hija, hijo y nietos.
Después de este atentado a su vida, Derechos en Acción envió una carta pública a la minera Goldcorp, denunciando este intento de asesinato. Como respuesta el 20 de julio 2010, David Deisley, el abogado principal de la empresa, reconoció que los dos hombres que fueron detenidos, interrogados y después liberados, habían trabajado para Goldcorp. A pesar de ello, han pasado casi seis años y aún no se investiga el hecho.
Al igual que la mayor parte de los crímenes y casos de represión importantes que se producen en Guatemala, el caso sigue abierto, sin resolverse. La impunidad y la corrupción siguen profundamente arraigadas en el sistema legal y político en Guatemala. En este contexto, las presiones a Diodora para que venda sus terrenos han continuado. Y también sus negativas. Tal vez por eso, el agua potable de Diodora (existe un grifo para agua potable afuera de cada casa) ha estado obstruido casi continuamente por la dirigencia local de su pueblo, el COCODE. Por razones obvias, la obstrucción del acceso al agua potable genera muchas dificultades a ella y a su familia, y a sus cultivos y animales, particularmente en la temporada seca. Diodora es una de las personas de las que habla el premiado documental Goldfever.
Perú:
La empresa minera Yanacocha, denunciada por contaminar el medio ambiente y por la persecución a quienes se opongan a su proyecto quiere apoderarse del predio de la familia Chaupe Acuña, que se encuentra entre las montañas, en el centro de lo que constituye el proyecto Conga, de la citada minera. Más de 4 años dura lo que Máxima Acuña y toda su familia han sentido como un auténtico hostigamiento. La familia quiere utilizar su tierra para desarrollar la agricultura,la ganadería y sobre todo para continuar en relación directa con la Madre Tierra.
Distintas organizaciones peruanas que les apoyan en su resistencia denuncian la vigilancia extrema incluso con cámaras y hasta drones, ataques a su perro Cholo y hasta les quitaron su cosecha de papas sin ningún reparo. La autoridad hace la vista gorda ante estos atropellos. Ya con anterioridad tuvieron que asistir a la destrucción de sus propiedades, matanza de sus animales, amenazas, insultos y otras vejaciones. La injusticia es tal, que muchas organizaciones internacionales como actualmente Amnistía Internacional se han hecho eco del cas sin que las propias autoridades peruanas pongan remedio a la situación. Pero Máxima y su familia tienen claro que a pesar de las agresiones a las que están siendo sometidos y a todas las adversidades que han tenido que pasar, como diversas denuncias injustificadas de parte de la minera: ¡Conga no Va!
Un cercano ejemplo adicional de lucha, resistencia e incansable defensa de los derechos sociales y ambientales de las mujeres es Mirtha Vásquez, joven abogada y directora de la organización GRUFIDES que inspira esperanza con el enorme compromiso y consistencia profesional con la que asume la defensa de las poblaciones vulneradas y la afectación al ambiente. Apoya a la familia de Máxima y muchas otras en su batalla frente a la minera Yanacocha. Por este rol se ha convertido en el blanco de campañas mediáticas de desprestigio, desinformación, ha sido víctima de intimidación, amenazas, de seguimientos tanto ella como a su familia. Por la gravedad de los hechos la CIDH otorgó a Mirtha Vásquez Medidas cautelares. Mirtha es miembro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales.
Uruguay:
En la comunidad de Cerro Chato, la empresa minera Aratiri pretende instalar una operación minera a cielo abierto. Ello ha generado la destrucción del tejido social y violencia psicológica hacia las mujeres quienes manifiestan su permanente preocupación por perder su territorio, su forma de vida, la herencia de sus antepasados, su producción y el derecho a vivir en un lugar sano y saludable. Continúan en la resistencia.
Bolivia:
País en el que existe tradición minera, la violencia medioambiental se da porque les han quitado a las mujeres las condiciones de vida. Los suelos, el agua están altamente contaminados, no se puede producir en el campo. Desde el año 2006, una empresa minera transnacional subsidiaria de la Glencore ha dejado a la comunidad de Totoral sin agua, han secado los pozos y vertientes, reciben de otra comunidad una hora de agua a la semana que no abastece para vivir. Las mujeres han sido violentadas quitándoles el derecho humano y fundamental al agua, expulsándolas forzosamente de su territorio, afectando su derecho a trabajo, a la salud, alimentación, poniendo en riesgo su vida.
El Salvador:
No podemos dejar de nombrar a Dora Recinos Sorto, una mujer joven, luchadora y defensora de vida, madre de 7 hijas e hijos. Participaba desde el año 2006 en la defensa del medio ambiente y el territorio con el Comité Ambiental de Cabañas por las amenazas que el proyecto minero representaba para la comunidad El Dorado. Fue asesinada en 2009 regresando de lavar ropa en el río. Y con ella el bebé de 8 meses de gestación que llevaba en su vientre, y resultando herido el hijo más pequeño de dos años. Se ha violado el derecho a la vida, el derecho a la justicia y a la reparación. El asesinato queda hasta ahora en impunidad.
En otros países:
En Colombia, Chile, Mexico, Argentina, Venezuela, Brasil y en general en todos los países de Latinoamérica, este tipo de violencia contra las mujeres se repite.
Y también fuera de América Latina se registran casos de enorme violencia, de los que reporta la red global Sí a la Vida No a la Minería YLNM (por sus siglas en inglés)
Como en Asia el fatal desenlace de Teresita Navacilla en Mindanao, Filipinas. Recientemente, la defensora de derechos humanos se expresó en contra del proyecto King-King en Pantukan, por considerar que afectaría al modo de vida y a la salud de las comunidades de la región, y afectaría a la biodiversidad y a los ecosistemas marinos y costeros. Tres días después de recibir tres disparos de parte de dos hombres armados que entraron en su tienda, Teresita Navacilla murió en el hospital de Tagum City, al sur de Mindanao. Sus asesinos escaparon y no han sido identificados. Teresita era miembro del Movimiento Salvar Pantukan, una red indígena de la región de Pantukan en el valle de Compostela, quienes defienden su derecho a sus tierras ancestrales, protección del medio ambiente y opuestos a la minería a gran escala y a cielo abierto por mineras transnacionales. La organización de derechos humanos Front Line Defenders considera que su asesinato -que no es único en Filipinas y sólo en enero de 2016 ascienden a cuatro asesinatos- está relacionado con esta resistencia. Y también se han producido diversas agresiones a opositores a este proyecto en concreto que es el segundo mayor proyecto de cobre y oro en las Filipinas y se encuentra en expansión.
En muchas partes de África sucede otro tanto de lo mismo: Myness Musaamba sufrió desplazamiento junto a su comunidad en 2010, porque una empresa minera comenzó a extraer diamantes en el lugar, llamado Marange, en su país Zimbabwe. Sus estructuras tradicionales comunitarias fueron destruídas y el lugar en el que fueron relocalizados, llamado Arda Transau fue estructurado como un asentamiento semi urbano. En lugar de líderes tradicionales, el gobierno designó un coordinador, un General retirado externo a la comunida, quien exige que cada visita le sea ‘presentada’ antes de interactuar con la comunidad, lo cual intimida a algunas personas. Pero no a Myness Musaamba, defensora de los derechos humanos de autoridades contra defensoras de la vida, los derechos humanos quien denuncia las injusticias que sufre la comunidad en Arda.
El 23 de septiembre de 2015, en un encuentro comunitario convocado por el Administrador del Distrito, esta autoridad se ensañó públicamente con Myness por sus actividad den defensa de la comunidad, diciendo que «iba a morir en prisión por hablar supuestamente en contra del gobierno». Myness no se deja intimidar y se compromete a continuar hablando en contra de las injusticias, especialmente el incumplimiento del gobierno y las mineras sobre la promesa de relocalizar a las familias. Myness conjuga sus responsabilidades como madre con el cumplimiento de las expectativas de su comunidad para que les preste su voz corriendo un gran riesgo personal y familiar. Esta denuncia ha sido facilitada por el Centro para la Gobernanza de los Recursos Naturales – Centre For Natural Resource Governance (CNRG) CNRG and the Chidazwa Community Development Trust de Zimbabwe y la red global Sí a la Vida No a la Minería YLNM.
Las organizaciones, instituciones y personas firmantes de la petición nos dirigimos los gobiernos de Latinoamérica para denunciar estos casos y la existencia de un patrón que tienen que identificar y detener.
Exigimos NO MAS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ocasionada por las empresas mineras y extractivas. Y exigimos también medidas de protección para todas estas mujeres y otras que como ellas están sufriendo el mismo tipo de violencia.
Si tienes una historia similar, compártela (info[at]salvalaselva.org) o súmate a la red Sí a la Vida No a la Minería.
Mediante las firmas recogidas la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales quiere expresar solidaridad internacional a las mujeres que han sufrido violencia en América Latina y en el mundo y hacer llegar el mensaje de urgencia a los gobiernos responsables.