Miles de mujeres peruanas, que fueron violentadas sexualmente durante el conflicto armado que sacudió este país entre la década de los ochenta y 2000, corren el riesgo de quedar fuera del Sistema de Reparaciones del Estado, en virtud a un informe del Ministerio de Justicia que aduce que la violencia sexual no está contemplada como […]
Miles de mujeres peruanas, que fueron violentadas sexualmente durante el conflicto armado que sacudió este país entre la década de los ochenta y 2000, corren el riesgo de quedar fuera del Sistema de Reparaciones del Estado, en virtud a un informe del Ministerio de Justicia que aduce que la violencia sexual no está contemplada como delito por el Código Penal peruano.
De esta manera, el citado ministerio -que está dirigido por una mujer, la Dra. Rosario Fernández- se opone, en la práctica, a incluir como víctimas y beneficiarias del Plan Integral de Reparaciones a las mujeres que, sin haber sido violadas, sufrieron otros tipos de violencia sexual durante esos años, lo cual ha despertado una ola de protestas entre los expertos en derechos humanos.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos recordó, en un pronunciamiento público, que según la Ley del Plan Integral de Reparaciones «no es condición ni requisito para acceder a las reparaciones por la grave violación de derechos humanos que los hechos que la ocasionaron se encuentren tipificados como delitos».
Asimismo, subraya que los crímenes de violencia sexual son reconocidos como de lesa humanidad por el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Son considerados actos de violencia sexual el embarazo forzado, el aborto forzado, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la desnudez forzada, las uniones obligadas, entre otras acciones que coactan la libertad sexual.
«Creemos importante distinguir entre procesos de justicia y sanción, en los que se individualiza a los responsables de los crímenes a través del correspondiente proceso judicial por caso; de los procesos de reparación, dirigidos a la dignificación de la persona», precisa la Coordinadora y añade que no existe una razón valedera para dejar sin reparación a miles de mujeres que sufrieron ataques criminales.
En el Registro Único de Víctimas se encuentran inscritas 1,150 mujeres violadas sexualmente y otras 122 figuran como víctimas de otros tipos de violencia sexual. Además, el Consejo Nacional de Reparaciones ha recibido 697 solicitudes de mujeres que se consideran violentadas sexualmente. No obstante el propio Consejo reconoce que el número de víctimas es mucho mayor y el número exacto resulta imposible de saberse.
Rocío Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora, dijo a SEMlac que muchas de esas mujeres aún ahora, 30 o 20 años después de esos sucesos, no se atreven a decir en voz alta que fueron sometidas de esa manera «o incluso no saben siquiera que ‘eso que les hicieron’ es un delito».
En su opinión, el argumento ofrecido por el Ministerio de Justicia es rebatible pues si bien la violencia sexual no está contemplada como tal en el Código Penal, está reconocida en normas y convenios suscritos por el Perú, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
«Más allá de las implicancias jurídicas, el punto central es que nuestro país como nación debe reconocer con vergüenza, pero con firmeza, que instituciones del Estado como ciertos sectores de la Policía y las Fuerzas Armadas, usaron muchas veces a las mujeres como objetos de estas prácticas», denunció Silva Santisteban en su columna de opinión en el diario La República.
«El término ‘pichanear’ que se recoge, por ejemplo, en muchos testimonios de hombres y mujeres en zonas como el Huallaga, significa que los soldados debían ‘barrer’ a las mujeres, en otras palabras, violarlas en masa», agregó.
«El término ‘pichanear’ se entendía -según el Protocolo para Investigación de Casos de Abuso Sexual- como la acción de permitir que toda la tropa viole a una sola mujer. Esta práctica no ha sido aislada, sino, para congoja de todos, bastante común durante las patrullas en zonas de la selva», continúa el artículo.
«¿El ejército debe encubrir a esos malos soldados? Eso implicaría que las Fuerzas Armadas como institución justificarían estas prácticas. Y aunque parezca doblemente increíble, pues resulta que sí, que algunos soldados y oficiales sostienen que, debido a la incontrolable sexualidad masculina, los soldados tenían que «desfogarse» y que eso debería ser entendible. Esta justificación, en realidad, lo que hace es animalizar a la tropa», añadió.
Por su parte la ONG Demus, de defensa de los derechos de las mujeres, dijo que no se deben hacer distingos en el otorgamiento de las reparaciones y que, además, no deben ser solamente económicas, sino simbólicas y colectivas, es decir en educación y salud.
Diana Portal, abogada de Demus, dijo que el informe del Ministerio de Justicia es otra prueba de la insensibilidad mostrada por las autoridades del Estado para atender a las víctimas de las distintas formas de violencia sexual, incluida la violación.
Señaló que 146 mujeres víctimas de violación sexual que estaban inscritas en el Registro ya han muerto sin ver alcanzada la justicia que les correspondía.
«¿Cuánto más tenemos que esperar para que las mujeres vulneradas en su integridad sexual puedan recibir una reparación integral que contemple la atención a su salud mental, montos económicos y acceso a la educación para sus hijos e hijas?», se preguntó.
El estado peruano ha destinado 20 millones de soles (unos 7.2 millones de dólares) por concepto de indemnizaciones a las víctimas de la violencia política y con el fin de determinar todos los aspectos operativos de la entrega, desde los montos, hasta las víctimas y los sectores prioritarios, conformó una Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) que fue la que solicitó al Ministerio de Justicia su opinión para incluir también a las mujeres víctimas de violencia sexual.
De momento, la CMAN no se ha pronunciado oficialmente sobre el pronunciamiento del Ministerio de Justicia.
En cuanto a la fecha de inicio de la entrega de las reparaciones, su secretario ejecutivo, Jesús Aliaga, adelantó a la prensa que aún no hay una decisión tomada pues ello corresponde al Presidente del Consejo de Ministros, luego de lograrse el consenso entre los miembros de la CMAN.
Sin embargo, Aliaga afirmó que se comenzará por los adultos mayores de las zonas rurales, tomando en cuenta que según la comisión técnica, tres de cada cuatro víctimas del conflicto armado fueron campesinos pobres quechua-hablantes de la región andina.
Ha trascendido también que en cuanto a los montos, la comisión técnica opina que deben ser homogéneos para todas las víctimas, independientemente del hecho cometido, para evitar resentimientos.
En el plano legal, a las mujeres violadas durante los años de la guerra civil tampoco les va mejor. Desde que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó su informe en 2004 hasta la fecha, ningún militar ha sido sentenciado por violación sexual y solo dos tienen una causa penal abierta, de un total de 538 casos identificados por la Comisión.
Sin embargo, esa cifra prácticamente se ha triplicado con el paso de los años pues actualmente en el Registro Único de Víctimas hay inscritas 1,150 mujeres violadas en 15 de los 24 departamentos en los que se divide el país, lo que confirma que la vejación sexual en todas sus variantes fue un arma de tortura usada con frecuencia por ambos bandos en conflicto contra las mujeres, algo que el Ministerio de Justicia parece negarse a reconocer en todos sus alcances.