“En países como Honduras los compromisos y agendas de afuera han determinado las agendas internas de muchos gobiernos. Por ningún motivo hay que perderles el rumbo, mucho menos si somos oposición política” (Jorge Arturo Reina, ex-Rector universitario)
Recién tomó posesión como presidente de la República, el ingeniero Nasry Asfura, más conocido como “Tito” Asfura o “Papi a la orden”, por el periodo de 2026-2030. Las denuncias de fraude y el robo de las elecciones a Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal quedaron atrás, al reconocerlo el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Corte Suprema de Justicia y Congreso Nacional, e incluso el Central Ejecutivo del Partido Liberal y mayoría de los diputados electos, como presidente.
A ellos se suman la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos, UE y el aval de Donald Trump y los llamados “marielitos” tipificados como tales por gran parte de los inmigrantes latinos, que integran su Gobierno.
Antes de las elecciones del 30 de noviembre de 2025, eran pocas las encuestas que daban como favorito al Partido Nacional y Nasry Asfura, y más bien la lucha se centraba entre Salvador Nasralla y la abogada Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE). El bajo perfil mostrado por el candidato Asfura, al parecer era una estrategia política para que Nasralla y Moncada se enfrentaran y perdieran votos, mientras los dirigentes del Partido Nacional “aceitaban” la estructura del Partido para el día de las elecciones, lograba la alianza con la consejera Ana Paola Hall en el CNE y seguían las instrucciones del asesor argentino, Fernando Cerimedo [1], una especie de JJ Rendón reinventado, que trabajó como asesor político en los gobiernos de Juan Orlando Hernández (JOH) y contribuyó al fraude para llevarlo al poder.
Era poco probable aceptar que el Partido Nacional renunciara al poder, aun cuando se encontraba bajo en las encuestas y su máximo líder preso en una cárcel de Nueva York. Sus principales dirigentes y colaboradores disponían de suficiente dinero y apoyo institucional para alcanzar de nuevo el poder, cuando el Gobierno de Xiomara Castro con un Fiscal timorato y sin credibilidad, actuaba pasivamente en las acusaciones a dirigentes de dicho Partido, incluyendo al candidato del mismo Nasry Asfura, por actos de corrupción y narcotráfico.
Un vistazo a la propuesta de gobierno de “Papi a la orden” demuestra el interés por dar respuesta a aquellas demandas de la población que, al parecer, el Gobierno de Xiomara Castro no cumplió. Sus ejes estratégicos prioritarios de política se resumen en: a) Certidumbre política y seguridad pública; b) Trabajo y vivir sin miedo; c) Generación eficiente de energía; d) Infraestructura para el desarrollo; d) Política agroalimentaria de la finca a la mesa y e) Política para el desarrollo social inclusivo y sostenible. Es una propuesta de campaña desde el candidato a controlar el poder Ejecutivo, no desde el legislativo y los actores externos.
No es un secreto a lo interno e internacional, aunque la UE y la OEA digan lo contrario, que las elecciones fueron ganadas en forma fraudulenta por el Partido Nacional y su candidato, contando con el apoyo de Donald Trump y Marco Rubio. Tampoco es un secreto el rol que puede asumir el Gobierno de Nasry Asfura en cumplimiento de los objetivos y prioridades de Donald Trump y los organismos financieros internacionales (OFIS). Ello implica que, al margen de la agenda anterior, hay una agenda que cumplir con Trump y sus aliados.
Esta es, aunque no se quiera decir, la primera agenda. Los puntos visibles son: a) Apoyo para la salida del poder de gobiernos tipificados como socialistas o comunistas, especialmente Nicaragua, Colombia y Venezuela; b) El combate a los cárteles del narcotráfico y blindaje del tratado de extradición, aunque liberó a Juan Orlando Hernández (JOH), condenado a 45 años de cárcel; c) Honduras como país seguro para migrantes; d) La venta del territorio nacional (ZEDES, mosquita y extractivismo tóxico); e) Control de la remesas y, posiblemente, impuestos sostenibles y aranceles a productos primarios; f) Apoyo en Naciones Unidas para la guerra contra palestina y demás países; g) No suscripción del tratado comercial con China y presión para volver con Taiwán.
La otra agenda viene desde los OFIS. Hay que cumplir lo que falta y firmar una nuevo convenio con el FMI (se espera su visita para mediados de febrero), que contenga medidas de política para privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y apertura de mayor participación para sector privado en servicios públicos como la salud y educación y lograr la autonomía plena del Banco Central y flexibilidad de la política cambiaria que devuelva a los agentes (bancos y exportadores) el control de las divisas eliminando la subasta de divisas vigente con Xiomara Castro y aprobada en el Gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1997) [2].
Eliminar subsidios a la tasa de interés y apoyo directo del Tesorero de los Estado Unidos para mejorar la gobernabilidad, transparencia y reactivación de la economía con miras a la exportación (estudios preliminares para una posible dolarización de la economía no se descarta), sumado al achicamiento del Estado, sin mención al combate de la corrupción y posible llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Una tercera agenda viene desde el Congreso de la República. Hay allí muchas expectativas e interés de figuración política. Se aprobó la ampliación del Régimen de Importación Temporal (RIT), que permite a las empresas importar maquinaria e insumos libres de impuestos, e incluso vender sus productos en el mercado local sin la opinión técnica de Finanzas (se habla de 47.000 empleos generados por estas empresas frente a la pérdida de 2.000 millones de lempiras para el fisco). La aprobación de una solicitud para regresar al Centro Internacional de Arreglos de Disputas e Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, del cual el Gobierno de Xiomara Castro y país se había retirado el 25 de agosto de 2024, argumentando muchas demandas de inversionistas y asimetrías de poder en favor de empresas transnacionales que afectan la soberanía nacional [3].
Se aprobó la venta del avión presidencial, una promesa incumplida por el Gobierno de Xiomara Castro (habrían pagado para que se lo robaran) y atender emergencia en salud, estando pendiente la aprobación de una nueva ley de salario por hora, sin tener claridad de cómo los empresarios convierten empleos permanentes y salarios en temporales cercenando conquistas laborales.
A ello se agregan las reformas políticas. Se habla de reformas parciales, sin tocar la segunda vuelta electoral en un sistema tripartito, donde se necesita saber a quién apoya -mayormente- la población para presidente. Separar las elecciones de alcaldes con las de Presidente y la integración de mesas ciudadanas no de activistas políticos, igual de representantes al Consejo Nacional Electoral (CNE), electos por méritos y sin importar la militancia política. Hay que tener presente que la Ley de funcionamiento del Congreso amerita reformas para quitar la supremacía de mando al Presidente y Secretario, lo cual será difícil de lograr ya que el partido liberal se vendió.
La cuarta agenda refiere al cumplimento de los compromisos asumidos por el propio Gobierno, algunos de los cuales son: Abastecer de medicamentos a todos los hospitales y centros de salud y resolver la mora quirúrgica respaldada por una declaración de emergencia sanitaria, controlando el propio presidente de la República la administración del sector salud. Implica reactivar mecanismos como el “fideicomiso”, donde en la búsqueda de eficiencia hay que abrir la participación al sector privado y bancos, sin la participación de otros actores como los gremios. Se suma la eliminación de instituciones públicas, al estilo Milei, que permitan un ahorro de 15.000 millones de lempiras, pero con un “Familión” 2.0 dentro (empleo público para parientes, amigos y amantes), tal como operó en el Gobierno de Xiomara Castro.
La descentralización es parte de esta reforma del Estado, pero se cree que se reduce a garantizar la entrega del 11% de los fondos del presupuesto vía transferencias a los gobiernos locales aprobado en el Gobierno de “Pepe” Lobo (2010-2013), sin trasladar competencias, recursos y poder a las municipalidades y gobiernos; incluso sin contar con mecanismos de control y transparencia robustos. Es una modalidad “espuria” de descentralización, donde el ejercicio pleno de la competencia que otorga la Ley de Municipalidades depende de funcionarios públicos y gobierno central.
Un “bacheo” de todas las carreteras y calles de acceso a nivel nacional sin color político en el otorgamiento de contratos. Pero también el apoyo para la revisión y terminación de las grandes obras, varias de las cuales fueron dejadas encaminadas por el gobierno de Xiomara Castro (hospitales, represas y carreteras).
El nombramiento de dirigentes del partido liberal, como parte del acuerdo político para no seguir apoyando a Salvador Nasralla y propuesta para dirigir el Congreso Nacional, en empresas e instituciones como Hondutel, Banadesa, Instituto de la Propiedad, Copeco y direcciones de la SecretarÍa de Agricultura (SAG), no la cabeza de la SecretarÍa. Es decir, un “chingastero” de instituciones cadáver y conflictivas.
Finalmente está la agenda en referencia a la oposición política y ciudadana. Los dirigentes, funcionarios y activistas del LIBRE todavía no se dan cuenta que perdieron y como perdieron la elección (más allá del llamado de Trump a votar por Asfura), pero deben organizarse para defender lo que consideran las conquistas a favor del pueblo. A ello se suman aquellas demandas de organizaciones de sociedad civil no tarifadas, que luchan por la protección de los recursos naturales, medio ambiente, derechos humanos y combate de la corrupción. El presidente espera que los nuevos funcionarios del Ejecutivo respondan, pero hay nombramientos desde ya cuestionados, por lo que la inestabilidad será creciente y habrá que resolver directamente -desde la Presidencia- los problemas generados.
Notas:
[1] Al parecer, Fernando Cerimedo es de criterio que el Canal 8, un canal de gobierno que divulga sus logros debe ser privatizado y él estaría de acuerdo en comprarlo.
[2] El nuevo presidente del Banco Central, Roberto Lagos, uno de los mayores críticos de la política económica del Gobierno de Xiomara Castro, al parecer fue propuesto a Nasry Asfura por miembros del Tesoro de los EEUU y representantes de organismos internacionales. Entre sus primeras declaraciones ha dicho que el tipo de cambio es definido por la oferta y demanda, haciendo poca mención a las imperfecciones del mercado y los antecedentes que justificaron en el Gobierno de Carlos Roberto Reina (1994-1997) y de Xiomara Castro (2022-2025) la vigencia del mecanismo de subasta de divisas para que los “tiburones”, caso de grandes exportadores, banqueros, narcotraficantes y ladrones del fisco, no especulen al disponer de mayor número de dólares y afecten directamente a los pequeños demandantes y perceptores de rentas fijas, aquellos que dependen de un sueldo, salario o bonificación social con devaluaciones en exceso.
[3] Una de estas demandas es la de la ZEDES “Próspera”, por un monto de 10.775 millones de dólares. Se sospecha que la vuelta al CIADI es un compromiso de Nasry Asfura con Donald Trump para que las ZEDES sigan vigentes sin ninguna restricción legal, aunque se lleven de encuentro la soberanía nacional.
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