Por más de dos semanas consecutivas, representantes de diversos grupos feministas, provenientes de todo el territorio nacional, acampan frente al Palacio Nacional, en esta capital, y exigen que sean escuchadas sus voces en defensa de los derechos constitucionales a la vida, la salud y la integridad de las mujeres.
SEMlac visitó el campamento «vestido de verde», donde las manifestantes aseguran que no se irán del lugar hasta que el Estado dominicano cumpla con su compromiso de garantizar que sea incluido el aborto en el Código Penal, bajo las tres circunstancias específicas: cuando la vida de la madre peligra, si la criatura tiene malformaciones incompatibles con la vida, y si ha sido procreada como consecuencia de una violación o incesto.
Mujeres serían sancionadas con prisión
El 26 de marzo tuvo lugar la lectura de los artículos del nuevo Código Penal en la Cámara de Diputados (CD), que suman 412 en total, y de ser aprobado sin la despenalización del aborto bajo las tres causales propuestas, las mujeres que interrumpan un embarazo, irían a prisión.
En el Código Penal vigente se establece como castigo al aborto, con penas de reclusión menor y prisión de seis meses a dos años para quienes pongan en comunicación a una embarazada con quien le produciría la interrupción del embarazo. Con la nueva propuesta legislativa, las sanciones serían aumentadas de uno a dos años de reclusión menor.
«Si no se produce el aborto, pero se causa al feto una lesión o enfermedad que perjudique de forma grave su normal desarrollo u origine a la persona nacida una severa tara física o síquica, el autor será sancionado de uno a dos años de prisión menor. En estos casos, el Estado asumirá la tutela absoluta del niño o niña», refiere el artículo 109, párrafo II, del anteproyecto.
Se propone, además, «sanción de dos a tres años de prisión menor a los médicos, enfermeras, farmacéuticos, otros profesionales de la medicina y parteras que, abusando de su oficio, causen o ayuden a causar un aborto».
El artículo 112 establece un único punto donde se justifica la interrupción practicada por personal médico, si con antelación y para salvar las vidas de la madre y del feto en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles hasta donde sea posible. «En esas circunstancias, las conductas se considerarán como propias del hecho justificativo del estado de necesidad», formula el proyecto de ley del nuevo Código Penal, que se analiza en la Cámara de Diputados y estará ahora en receso, hasta después de la Semana Santa, cuando vuelvan a retomarse los trabajos.
Remembranza de una triste historia… la lucha continúa
La sociedad dominicana recuerda con dolor la historia de Rosaura Almonte (Esperancita), quien padecía leucemia y, como consecuencia de la no ejecución de un aborto a tiempo, perdió la vida en 2012.
Su madre, Rosa Hernández, recordó que la muerte de su única hija de 16 años se debió a esta misma causa, por la que ahora se sigue luchando, y aseguró que se mantendrá en ella por el recuerdo de su hija y las demás mujeres que se ven obligadas a dar a luz, porque no pueden practicarse un aborto seguro en República Dominicana o mueren mientras se dilucida si es posible o no.
SEMlac conversó con la destacada activista Sergia Galván, quien afirmó que la interrupción del embarazo por las tres causales es un tema exclusivo de Salud Pública y de derechos de las mujeres.
«No se trata de un tema religioso ni moral; tanto el presidente Luis Abinader, como el Congreso Nacional están en la obligación constitucional de garantizar el derecho a la vida, integridad y dignidad de las mujeres», dijo.
«Los derechos humanos no pueden ser sometidos a referendo, sino que el Estado tiene la responsabilidad de protegerlos y asegurar su respeto. El poder de las mujeres de decidir sobre el destino de un embarazo cuando sea el fruto de una violación o incesto, cuando sea inviable o ponga en riesgo la vida de la madre, es cuestión de derechos humanos. La despenalización no impone el aborto, solo permite que pueda realizarse en condiciones legales, si así lo decide la mujer», subrayó.
De igual manera, Dilia Leticia Jorge Mera, viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana, expresó a SEMlac que «la despenalización del aborto no obliga a ninguna mujer a abortar, si no que le da la oportunidad de decidir si continúa o no con un embarazo; sobre todo cuando este es producto de violación, incesto; o cuando el producto es inviable con la vida, o su propia existencia corre peligro».
La funcionaria mencionó con satisfacción la manera en que hombres y mujeres jóvenes se han involucrado en esta batalla por las tres causales: «Creo que la sociedad dominicana ha cambiado. La juventud se cansó de promesas incumplidas y está exigiendo que no se violen los derechos de las mujeres en el país».
Precisamente, otra de las opiniones recogidas por SEMlac entre participantes en la vigía que sostiene el campamento, fue la de la estudiante de Medicina Ángela de León, quien aseveró que las autoridades de Salud Pública no quieren reconocer el tema como suyo, sino que lo califican como moral.
«Un país no puede basarse en leyes religiosas. Creo que este es un momento decisivo para seguir luchando y que se comprenda de una vez que las mujeres tienen derecho a decidir por sí mismas sobre su cuerpo y su destino», agregó.
A su vez, la abogada Michel Pérez Puentes se refirió a la necesidad de crear más conciencia entre quienes tienen el poder de decidir y son ejecutores de leyes que favorecen a la mujer dominicana.
«Hay que educarles más; desde las aulas mismas, orientarles. Necesitamos la educación sexual en las escuelas, que entiendan bien de qué se tratan las tres causales que defendemos y por qué esto significa defender sus derechos», agregó.
La piedra en el zapato
Un artículo publicado por la colega Socorro Arias, en el periódico Diario Libre, el pasado 31 de enero, recuerda que el Código Penal ha dormitado durante 16 años en el Congreso por el tema del aborto, y que las tres causales han sido la excusa para no modernizar un texto que alcanza los 137 años.
Arias reflexiona que «no sería la primera vez que la Cámara de Diputados trata de salvar la aprobación del proyecto obviando el tema del aborto y las causales. Fue aprobado en varias ocasiones en ambas cámaras, pero perimía, no solo por las presiones de las iglesias, sino también por la falta de voluntad política».
El aborto, con sus causales, ha sido el obstáculo que ha impedido la aprobación del nuevo Código Penal. En esta ocasión, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, designó una comisión especial encargada de estudiar el proyecto de ley especial que incluye dicho tema.
Algunos han vaticinado que las causales no pasarán en el Senado, donde 16 senadores ya firmaron un documento en contra de su aprobación.
Según informó el presidente de la Cámara, debido a la celebración de la Semana Santa y a que el Congreso Nacional entrará en receso, la lectura de la pieza continuará el próximo mes de abril.
La sociedad se mantiene en vilo y enfrentados los criterios. Por un lado, monseñor Víctor Masalles, en representación de la Conferencia del Episcopado, ha objetado que el tema de la despenalización del aborto amenaza con reabrir «un debate agotado a nivel nacional y retrasa la entrada en vigor de un marco jurídico, como lo es el Código Penal, necesario y urgente».
Masalles certifica que «la Iglesia Católica está completamente de acuerdo con el proyecto de Ley de Código Penal tal como ha sido presentado hace unos días en la Cámara de Diputados (sin las causales), pues se apega fielmente a los principios constitucionales que rigen la República Dominicana».
También monseñor Francisco Ozoria insistió con afirmaciones como: «No podemos aprobar la pena de muerte, qué estamos haciendo con los niños, con los que han sido engendrados. Si se aprueban las causales, entonces estamos aprobando la pena de muerte».
De la misma manera, las iglesias evangélicas han reiterado su posición en contra de la aprobación de la interrupción del embarazo bajo cualquier causal.
En otro orden, funcionarios de alto nivel han pedido a los legisladores pronunciarse a favor de que se incluyan en el Código Penal las tres causales del aborto. El documento enviado a la prensa fue firmado por más de 50 personas, entre quienes figuran tres ministros, 17 viceministros, 20 directores de instituciones, 18 encargados, especialistas y otros servidores públicos.
Carta de Noam Chomsky al arzobispo Francisco Ozoria
El lingüista, filósofo, científico e historiador estadounidense Noam Chomsky envió una carta al arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta y a todos los obispos dominicanos, en la que reafirma su posición sobre la interrupción del embarazo basado en tres causales.
Plantea Chomsky: «Esa misma historia de más 2.000 años tiene episodios oscuros y tenebrosos, de los cuales sabemos que hoy día pesan como un lastre condenatorio sobre la Iglesia Católica y que esos episodios oscuros se vieron también florecer en los momentos de las dictaduras en muchos países del mundo en las cuales la Iglesia Católica fue el concertino de esas orquestas fúnebres que dejaron miles y miles de muertes».
Resume en otro fragmento de su misiva la necesidad e importancia de que el representante del Vaticano en la República Dominicana sepa tomar una decisión sobre la discusión de aprobar que se legalice la interrupción del embarazo, basado en tres causales en el Código Penal Dominicano.
«Actualmente, les toca a ustedes decidir de qué lado de la historia colocarse y aunque esta carta pueda no tener ningún efecto sobre sus posturas, bien servirá de testimonio para los años venideros, años en los que esperamos que ningún dominicano y dominicana tenga que decirles: se lo advertimos (…) de no aprobarse la despenalización en tres causales, los abortos clandestinos y las muertes de niñas y mujeres continuarán y se incrementarán», concluye.
De verde el campamento
Religiosos y seguidores de las iglesias católica y evangélica marcharon el sábado 27 de marzo en la denominada Caravana Celeste por la Vida, para rechazar que las tres causales del aborto sean incluidas en la modificación del Código Penal, proyecto que discute la Cámara de Diputados. «El derecho a la vida es absoluto y no conoce excepciones», coreaban en su avance los religiosos.
Mientras, el campamento donde mujeres y hombres proclaman la necesidad de defender los derechos que tiene cada mujer a decidir sobre su cuerpo, su salud y su vida, se mantiene día y noche.
«Las tres causales no son contradictorias con la ley ni con la vida. Son puntuales y certifican: cuando corre riesgo la vida de la persona, el estado de gestación es producto de violación o incesto, y si el embarazo no es viable», reiteró Sergia Galván, mientras otra de las feministas, Manuela Vargas, sentenciaba: «Vamos a venir al campamento todas las veces que sean necesarias, hasta que el Presidente y el Gobierno dominicano decidan que las mujeres tienen derecho a la vida».