El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) está bajo ataque gubernamental, igual que todos aquellos sectores y organizaciones sociales y sindicales que, en Panamá, se atrevieron a salir a las calles contra la nefasta ley 462, la expansión minera y en defensa de la tambaleante soberanía nacional.
“Uno de los primeros ataques que sufrimos fue en noviembre de 2023, durante el gobierno de Laurentino Cortizo, cuando, sin ninguna razón aparente, nos cerraron las cuentas bancarias”, recuerda Yamir Córdoba, secretario de organización del Suntracs.
Dos meses después, al histórico sindicato panameño le cayó una acusación de blanqueo de capitales y lavado de dinero, algo que la organización logró derrotar en los tribunales.
A pesar del fallo judicial favorable emitido en agosto de 2024, las cuentas se mantuvieron cerradas.
Al asumir la presidencia José Raúl Mulino, el Suntracs intentó un acercamiento para que acabara el hostigamiento.
“Finalmente se nos permitió abrir una cuenta donde depositar los fondos provenientes de las cuotas sindicales, pero con restricciones en cuanto a las cantidades que podíamos depositar y retirar”, explicó Córdoba.
Además, el gobierno ordenó a las empresas transferir dichos fondos a través de cheques, entregándoselos al Ministerio del Trabajo, que, sucesivamente, los remitiría al sindicato.
Una imposición totalmente absurda que es parte del estrangulamiento financiero al que ha estado sometido el Suntracs.
Más represión
Pero el gobierno de Mulino fue más allá y en febrero de este año, después de que el Suntracs se uniera a otros sectores de la población para protestar contra la ley 462, más de 700 trabajadores afiliados fueron reprimidos y detenidos.
“Salimos a protestar pacíficamente frente a la obra en construcción del Hospital del Niño y nos cayeron los antimotines. Los compañeros se retiraron y volvieron al trabajo, sin embargo, la policía rodeó el perímetro”, recuerda Córdoba.
El asedio duró varias horas, hasta que las fuerzas represivas decidieron irrumpir en el lugar y llevarse presos a todos los trabajadores.
“Varios compañeros denunciaron casos de tortura y disparos a quemarropa con perdigones. Más de 400 trabajadores fueron enviados a la justicia administrativa, multados y, luego, liberados. Otros fueron encarcelados”, explicó.
Un grupo de 86 trabajadores, incluyendo a una trabajadora que denunció haber sufrido acoso sexual, aún están en prisión preventiva.
Descabezar a la organización
Luego comenzó la arremetida contra la dirigencia histórica del Suntracs, con órdenes de captura para Genaro López, Saúl Méndez, Jaime Caballero y Erasmo Cerrud.
En este caso, la acusación tiene que ver con una hipoteca de terrenos, destinados al pago de compensaciones a cientos de afiliados que trabajaban en un proyecto en Bocas del Toro.
La empresa titular de la obra se había declarado en quiebra y había dejado como garantía varios lotes de terreno. Con un acuerdo extrajudicial, el Suntracs acordó con la empresa un desembolso de 3 millones de dólares.
Al no pagar, en 2022 la asamblea convocada por el sindicato autorizó la hipoteca a favor de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L. y el desembolso del dinero adeudado a cada trabajador.
“Esto se votó por amplia mayoría, sin embargo, un grupo de trabajadores decidió presentar una demanda contra varios dirigentes por estafa agravada y otros delitos”, manifestó Córdoba.
A pesar de que las investigaciones no llevaran a nada, el caso nunca fue cerrado y fue revivido justo durante las protestas contra la ley 462.
Genaro López fue capturado, encarcelado y actualmente, por su edad, está con medidas alternativas a la prisión. Jaime Caballero está preso, mientras que Saúl Méndez y Erasmo Cerrud pidieron asilo en las embajadas de Bolivia y Nicaragua, respectivamente.
Ambos están esperando el salvoconducto para abandonar el país.
Además, hay varios procesos abiertos contra trabajadores de base, dirigentes intermedios y directivos.
“Primero fue la represión financiera, luego se dio la persecución judicial y ahora los encarcelamientos y asilamientos. A pesar de todo esto no nos van a doblegar. No sabemos cuántos más vamos a caer o a estar presos, pero no tenemos miedo”, concluyó Córdoba.
Fuente: Rel UITA
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