Más de nueve mil migrantes que viajan a pie desde Honduras rumbo a Estados Unidos se desplazaron por Guatemala, en camino a México, que será el próximo escollo a sortear en busca de mejores condiciones de vida, que esperan recibir del futuro gobierno del demócrata Joe Biden.
Pese a que un decreto facultaba a la policía guatemalteca utilizar la fuerza para contener el avance, la decisión de abrir el paso por la línea fronteriza en El Florido se tomó al constatar que en el grupo había muchas familias con niños, comentó un jefe policial. El cruce se hizo ordenadamente y sin resistencia, sin el requisito de presentar documentos y una prueba negativa de Covid-19.
Pero al llegar a Chiquimula los migrantes fueron detenidos en medio de forcejeos en un retén militar, donde se les requirió documentación y una prueba negativa de coronavirus, y se les invitó a regresar, alertándoles que existen más de 20 puestos de control hasta Tecún Umán (en la frontera con México) a 480 kilómetros.
Hace una semana se publicó la declaración conjunta México, Guatemala, Honduras y El Salvador sobre el tema migratorio, dentro del marco de principios establecidos en el Pacto Mundial para la Migración y la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable. Sin duda el tema migratorio es multilateral y requiere de una agenda conjunta.
Sin embargo, la cruda realidad que se vive en Honduras provoca que la gente tome sus propios caminos, más allá de declaraciones, agendas y acuerdos de los países involucrados. Las últimas dos caravanas fueron detenidas por el Ejército guatemalteco, de acuerdo con el convenio establecido con Estados Unidos de tercer país seguro.
El gobierno de Guatemala lamentó la transgresión de su soberanía nacional y en un comunicado, pidió a Honduras contener la salida masiva de sus habitantes, mediante acciones preventivas de manera permanente, un reclamo que ya había hecho en octubre pasado cuando otra caravana de alrededor de cuatro mil migrantes fue disuelta en Guatemala.
La mayoría de los migrantes partió la madrugada del viernes desde la estación de autobuses de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, habitual génesis de las caravanas. Casi todos van a pie y algunos piden un aventón. Casi todos llevan mochilas con sus pocas pertenencias y en su mayoría calzan sandalias. En el trayecto es común escucharlos corear fuera JOH, iniciales del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien responsabilizan de su situación.
Los migrantes argumentan que huyen de una Honduras fuertemente golpeada por el paso de los huracanes Eta y Iota en noviembre pasado, y la falta de empleo estimulada por la pandemia de Covid-19, que se suman a los males endémicos de un país acribillado por la violencia asociada a las pandillas y el narcotráfico.
El problema es Honduras
La declaración conjunta México, Guatemala, Honduras y El Salvador insiste en el tema de la niñez y en la consigna de una migración ordenada, segura y regular y hace un fuerte llamado para evitar exponer a las niñas, niños y adolescentes acompañados, no acompañados y separados a los peligros que conlleva el trayecto migratorio irregular.
¿Cómo interpretar este llamado?, se pregunta el analista Jorge Durand en La Jornada. Pareciera que lo que se quiere es impedir la migración de niños no acompañados y también la familiar para salvaguardar los derechos del niño y evitar evidentes situaciones de peligro en el trayecto. Se supone que esta política debería ser un trabajo conjunto de las tres naciones, salvo Honduras que se volvió a lavar las manos.
De hecho, en México se acaba de tomar la decisión de no privar de la libertad a los niños, niñas y adolecentes migrantes, acompañados o no, incluidos sus padres. Éstos no pueden ser retenidos en las instituciones migratorias y tendrán que pasar al DIF, aunque no hay una infraestructura adecuada para recibir a tantos niños y a familias, ni tampoco personal capacitado y certificado para atender a cientos de personas.
El dilema es muy fuerte. Dejar pasar a niños, adolescentes y familias, en las condiciones en que se viaja en una caravana, es ir contra del principio de una migración segura, ordenada y regular. Detenerlos y deportarlos, incluso respetando todos los protocolos concernientes a derechos humanos, tampoco es la solución. Menos aún llegar a Estados Unidos a solicitar asilo, incluso en tiempos de Joe Biden, que se supone será más receptivo y menos brutal, afirma Durand.
Lo cierto es que la realidad desborda todas las previsiones, acuerdos y protocolos establecidos. No se trata de un asunto centroamericano, ni siquiera del, mal llamado, Triángulo Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Las caravanas han sido siempre hondureñas, con algunos adherentes de otras naciones que aprovechan la oportunidad.
El problema está en Honduras: por ser el país de mayor riesgo climático de la región; por su gobierno espurio, represor e incapaz de dar salida a los problemas básicos de la población y por su aliado tradicional Estados Unidos, que apoyó el golpe, solapa a sus líderes vinculados con el narcotráfico y está obsesionado con la posibilidad de que llegue un gobierno de izquierda o simplemente reformador, señala Durand.
Honduras sigue siendo una república bananera, con una docena de familias aristocráticas, aliadas al ejército y que controlan el Congreso. A diferencia de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, nunca hubo una revolución. Más allá de la eterna pobreza y la violencia rampante, en Honduras se requiere de una solución política.
Gerardo Villagrán del Corral. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)