Ver solo la coyuntura política y no, más allá, nos nubla la perspectiva y, perdemos la trayectoria del proceso histórico. Así, nuestro enfoque conceptual adolece de miopía y de sincronización contextual. Pugnar por una asamblea constituyente, sin haber derribado antes, las barreras del sufragio segregacionista, es un autogol. El caso chileno es una dura lección.
En el 2019, hubo en Chile, un estallido social de protestas masivas, con las características similares a lo que sucedió en nuestro país el 2022-23, a raíz del golpe de estado abortado de Pedro Castillo que, fue un autogol que le costó la cárcel. En el caso chileno, todo empezó con la protesta estudiantil por el alza tarifaria del transporte, pero en ambos casos, la protesta se extendió, ampliándose las demandas hasta exigir una nueva constitución en reemplazo de la neoliberal vigente.
No es casualidad la evolución similar de ambos fenómenos sociales. Sucedieron al margen de los partidos políticos, la juventud dio el impulso, la violencia fue creciendo con bloqueos viales y daños a los bienes públicos. La situación se fue agravando con la participación de otras regiones. Los métodos represivos fueron los mismos y hasta el número de muertos fue similar (34 en Chile directos e indirectos).
Ante la crisis, algunos políticos aceptaron la posibilidad de una nueva constitución, en ambos países. En Chile había repudio a la constitución neoliberal de Pinochet dictada en 1980 y en Perú el repudio es a la constitución neoliberal de Fujimori, dictada en 1990. Al menos en Chile, el gobierno aceptó hacer la consulta, si el pueblo estaba por una nueva constitución. Ganó esta opción y se conformó la Convención Constitucional. En Perú, la protesta social no consiguió ningún compromiso.
La Convención constitucional chilena redactó su propuesta, siendo rechazada en referéndum. Se optó entonces por establecer un Consejo Constitucional de 50 miembros para redactar una nueva propuesta, llamando para tal efecto a elección de candidatos. El acto electoral fue el domingo 7 de mayo, siendo ganador el partido republicano, de extrema derecha que se oponía al cambio de la constitución
El partido republicano ha ganado en 12 de las 16 regiones de Chile, sumando el 36% de los votos. Tiene 22 escaños constitucionales que sumados a los 11 de la derecha no extrema, harían un total de 34, frente a los constitucionales de izquierda (Unidad para Chile) que solo alcanzaron 17 escaños. Por sí solo, el partido republicano ya tiene derecho de veto, a las propuestas que choquen con sus intereses.
En el caso nuestro, no sería de extrañar que suceda lo mismo en las actuales condiciones, pues en pleno apogeo de la protesta popular, salió elegido alcalde de Lima, el líder de extrema derecha Rafael López Aliaga, a pesar que el electorado es mayoritariamente popular y provinciano. En tanto, los partidos de izquierda fueron los grandes perdedores de los últimos comicios municipales.
Entonces, tenemos que aprender de experiencias ajenas, para no cometer los mismos errores. La lucha ciega sin plan ni estrategia conduce al fracaso. El principio universal nos dice que todo problema lleva consigo su solución, que es su negación. El asunto es saber ubicarnos en el contexto, identificar las condiciones y calcular las probabilidades de nuestras propuestas.
Si lo que buscamos es una nueva constitución de la república que responda al interés de la mayoría social, lo primero a tener en cuenta es que, necesitamos tener mayoría en la asamblea constituyente. De lo contrario, habrá fracaso y frustración. Si a sabiendas de esto, se persiste en la ceguera, podría ser contraproducente.
Es verdad que, una nueva constitución es indispensable para enrumbar al país por la senda del bienestar común. Es una aspiración válida que no podemos dejar de lado, pero hay que plantearlo poniendo el peso en un nuevo régimen electoral, verdaderamente democrático en el que la representación política responda equitativamente a nuestra composición social.
Con el actual sistema político, si queremos cambiar hacia una verdadera democracia, no lo podemos hacer porque la normatividad está hecha para evitar que las fuerzas populares tomen el poder y sea el dinero, el que determine el tipo de gobierno. No podemos cambiar estas reglas desde el Parlamento, estando allí los beneficiarios del sistema amañado.
El mundo ha cambiado mucho desde que surgió la democracia “representativa” exclusiva de los partidos políticos en el siglo XIX. En estos, no militan ni el 0.1% del electorado, pero pretenden representar a toda la población de más de 30 millones. La corrupción anticipada y, en ejercicio del poder, el tráfico de influencias, entreguismo a los inversionistas, ineptitud gubernativa, deshonestidad política y otros males, son parte de la degeneración del sistema político obsoleto.
Se hace necesario revolucionar el sistema político vigente, acorde con nuestro tiempo, que, es de reivindicaciones sociales. Hay clamor por reivindicar los derechos humanos, de los pueblos nativos, de la mujer, autodeterminación de los pueblos, de los posesionarios de las riquezas naturales, contra la segregación electoral, contra la desigualdad económica, discriminación social, económica, laboral, cultural y otras demandas constitucionales.
En esta perspectiva, considero que, los pueblos pequeños del interior del país, donde todos se conocen, no tienen por qué, regirse por las normas de la capital y se les obligue a votar exclusivamente por partidos políticos que solo aparecen en la campaña electoral, con candidatos desconocidos. Es un abuso de poder y contra la libertad de los más indefensos.
La opción para ellos debería ser la democracia directa y no la representativa. Aunque subsistan las dos opciones se les debe reconocer el derecho de regirse por sus propias normas electorales, respetando sus principios ancestrales de elegir autoridades conforme a los intereses locales y no de los partidos políticos advenedizos. Cerca de dos mil distritos que son las células del tejido político nacional podrían acogerse a la democracia directa y satisfacer en parte la protesta social.
El asunto da para más, pero volviendo al asunto de la sincronización política con las condiciones contextuales, es importante la capacitación de los jóvenes líderes sociales, porque de su desempeño depende la victoria popular. Salvo mejor parecer.
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