Con la asunción de Bernardo Arévalo a la presidencia, una nueva etapa se inicia en Guatemala, a pesar de que las fuerzas corruptas enquistadas en el aparato estatal no escatiman esfuerzos, incluso después de la asunción, para revertir la voluntad popular expresada en las urnas e impedir que se instalara la nueva legislatura.
El acuerdo alcanzado entre el Movimiento Semilla y seis bancadas, entre otras el izquierdista/indigenista Winaq-Urng, el progresista Vos y los derechistas y centro-derechistas Cabal, Bien, Viva y Victoria, logró destrabar el impasse en el que se encontraba el poder legislativo. Luego de la instalación de la nueva legislatura, la alianza mayoritaria eligió a la nueva junta directiva, nombrando como presidente a Samuel Pérez del Movimiento Semilla.
Menos de 78 horas después de la juramentación presidencial, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió a lugar unos amparos presentados por diputados opositores, ordenando la repetición de la elección de junta directiva parlamentaria. Así los magistrados dejaron fuera del cargo a Samuel Pérez y a la mayoría de miembros de la junta electa, abriendo paso a una nueva votación y a un reajuste de los equilibrio de la alianza mayoritaria.
La Corte de Constitucionalidad avaló un recurso presentado por la diputada Sandra Jovel, que perdió la elección a la presidencia del Congreso y sostiene que los diputados del Movimiento Semilla se encuentran suspendidos legalmente, basada en una orden penal del 12 de julio, dictada por el juez Fredy Orellana, acusado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de socavar la justicia y de corrupción.
Tanto su investidura como la mayoría alcanzada en el Congreso representaron un primer duro golpe al que en Guatemala se conoce como «pacto de corruptos». Un resultado que no hubiera sido posible alcanzar sin la lucha y la incesante movilización de los pueblos originarios, que durante meses salieron a las calles exigiendo el respeto de la voluntad popular, enfrentando la represión ordenada desde el ejecutivo.
Nada va a ser fácil para el nuevo gobierno. Un Congreso pulverizado y una mayoría parlamentaria muy diversa, instituciones públicas infiltradas y controladas por los poderes fácticos y redes ilícitas, unido a expectativas muy altas de cambio de parte de la inmensa mayoría de la población le ponen retos y desafíos muy grandes.
Además, el apoyo popular logrado en estos últimos meses, que no constituye ciertamente un cheque en blanco para el gobierno, sino más bien un sujeto fiscalizador atento y severo sobre su desempeño futuro.
Durante su primer discurso como presidente de Guatemala, Arévalo aseguró que durante su gobierno no permitirá que las instituciones públicas “se dobleguen nuevamente ante la corrupción y la impunidad”. Señaló que «no puede haber democracia sin justicia social. Y la justicia no puede prevalecer sin democracia», comprometiéndose a mostrar resultados concretos y no quedarse sólo en promesas.
Sus primeras medidas, explicó, apuntarán a solventar la grave situación de pobreza y abandono en que viven millones de guatemaltecos, invirtiendo en la generación de empleo, acceso a la salud, educación, energía y vivienda.
La derecha golpista
La oligarquía guatemalteca y los grupos de poder fáctico no se quedarán de brazos cruzados: la fiscal general, uno de los principales adalides del golpismo, continuará en funciones hasta 2026, si una nueva legislación no facilita la salida de este odiado personaje.
El nuevo presidente tendrá que enfrentar al Pacto de Corruptos enquistado en la Corte Suprema de Justicia y contrarrestar la judicialización contra los integrantes del Tribunal Supremo Electoral hoy escondidos o fuera del país por haber validado las elecciones de 2023. El Pacto de Corruptos ha sufrido derrotas contundentes, pero como dijera Augusto Monterroso en el cuento más corto del mundo, “cuando despertó, el dinosaurio seguía allí”.
Arévalo se comprometió a cumplir con las demandas de las autoridades ancestrales de los pueblos originarios, actores en la derrota de las intentonas golpistas en octubre de 2023, y de las demandas de los cuatro pueblos de Guatemala. Tiene también como desafío el recuperar el sentido público del Estado, erradicar la corrupción y al crimen organizado, recuperar el 40% del presupuesto oficial que se hasta ahora se iba por el caño de la corrupción.
Arévalo debe evaluar si la correlación de fuerzas le permitiría influir en la salida de presos políticos como el comandante César Montes y las mujeres k’ekchi’s condenadas injustamente por la muerte de tres marinos, el periodista José Rubén Zamora y otros prisioneros políticos. Agradeció también a las autoridades indígenas y a los cuatro pueblos que conforman Guatemala, valorizado su movilización en defensa de la democracia.
Una fiscal en aprietos
Una de las primeras decisiones de Arévalo fue la de invitar a su despacho a su verdugo, la fiscal general Consuelo Porras, quien hasta el final intentó descarrilar la investidura del catedrático progresista y su agrupación política, el Movimiento Semilla. La funcionaria está citada al despacho presidencial el próximo miércoles 24 para que presente un informe detallado de diferentes temas durante su gestión al frente del cuestionado Ministerio Público.
Arévalo le pidió a Porras rendir informe sobre sus criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión, siendo el más sonado el del periodista José Rubén Zamora, arrestado desde julio de 2022, y a la fiscal general avances en la investigación por anomalías en la compra de vacunas covid-19.
Al mismo tiempo, solicitó a la Fiscalía que informe sobre el progreso en procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En septiembre pasado, en medio de los torpedos de la Fiscalía para impedir su ascenso, Arévalo acusó a la fiscal Porras de dirigir un intento de golpe de Estado y en las semanas previas a su investidura sostuvo que pedirá su renuncia, una tarea que no le será fácil.
Porras solo puede ser retirada de su cargo de fiscal general si previamente existe una sentencia condenatoria en su contra, de acuerdo con un fallo del máximo tribunal guatemalteco, la Corte de Constitucionalidad, parte del Pacto de Corruptos, que ya rechazaron las solicitudes que pretendían abrir camino para destituir a Porras, sancionada en 2022 por Estados Unidos“debido a su participación en hechos significativos de corrupción”.
Porras comandó reiterados intentos por cancelar el partido político Movimiento Semilla, así como órdenes de captura contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también secuestro de cajas que contenían documentos de las elecciones celebradas el 25 de junio y el 20 de agosto.
Durante los últimos tres meses, miles de indígenas de toda Guatemala mantuvieron un plantón ininterrumpido frente a la sede de la Fiscalía, exigiendo la renuncia de Porras por intentar boicotear “la voluntad popular expresada en las urnas”.
*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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