Casi 50 años después de que los militares sofocaron e ilegalizaron al fuerte movimiento sindical de Birmania, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprovecha una disposición de la Constitución de 2008 que cimenta el camino para la actividad de las agrupaciones de trabajadores. «La nueva Constitución dice que los trabajadores tienen derecho a organizarse y […]
Casi 50 años después de que los militares sofocaron e ilegalizaron al fuerte movimiento sindical de Birmania, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprovecha una disposición de la Constitución de 2008 que cimenta el camino para la actividad de las agrupaciones de trabajadores.
«La nueva Constitución dice que los trabajadores tienen derecho a organizarse y a tener representantes», dijo Steve Marshall, de la oficina de la OIT en Birmania.
«Estamos presionando para usar esta disposición a fin de garantizar los derechos de los sindicatos», agregó.
Pero al hacer esto, la OIT tiene que lidiar con disposiciones menos promisorias que figuran en la controvertida carta magna. Ésta, aprobada en un referendo plagado de fraude, apoya el uso de medidas represivas si el gobierno detecta amenazas a la seguridad y estabilidad del país.
La misión de la OIT en Birmania se vio alentada por lo que esa agencia considera un viraje en la posición del régimen hacia las actividades por los derechos laborales. Y esto, a la luz de la respuesta oficial del gobierno birmano ante la postulación presentada en junio por siete activistas, para registrar a la Unión Nacional de Trabajadores de Birmania.
«No los arrestaron. Les pidieron que fueran pacientes y esperaran hasta que se aprobara la nueva ley de sindicatos», dijo Marshall a un grupo de periodistas en Bangkok, contrastando esto con las medidas represivas que la junta suele usar para perseguir a cualquier individuo que considere una amenaza.
La junta anunció en enero que el proyecto de ley sindical sería aprobado cuando el parlamento se reuniera, luego de las elecciones generales prometidas para este año.
La OIT se ofreció para ayudar al régimen en esta inusual medida, favorable a la actividad organizada en defensa de los derechos laborales.
La incursión de la OIT en este terreno políticamente minado ocurre luego de que esa agencia con sede en Ginebra amplió su mandato para garantizar el cambio en Birmania.
En junio, durante su sesión de mitad de año en esa ciudad suiza, la OIT expandió su rol en Birmania para incluir asuntos relativos a la libertad de asociación, además de asumir el desafío de combatir los trabajos forzados y el uso de niños soldados desde que se instaló en el país, hace casi una década.
La posibilidad de que vuelvan los movimientos sindicales a Birmania también se origina en una inusual serie de huelgas que se desarrollaron por todas las zonas industriales que rodean a Rangún, la ex capital, entre noviembre de 2009 y marzo de este año.
Estas medidas, lideradas por la fuerza laboral –ampliamente femenina– del sector de la vestimenta y el calzado, no se había visto en el país en casi 20 años. Las huelguistas, que protestaron con sentadas dentro de los complejos fabriles, reclamaron mejores salarios mínimos y pago de horas extra, así como una reducción del horario laboral.
En una fábrica de capitales surcoreanos, casi 2.000 trabajadoras se unieron a una huelga repentina. Pero los soldados no las atacaron.
Además de hacer intervenir a la policía para mantener el orden en casos como éste, la junta optó por presionar a las empresas donde hubo huelgas para solucionar las disputas laborales con los representantes de los empleados y las empleadas, en vez de participar directamente.
Las compañías de las zonas industrializadas se encuentran entre las 130 fábricas de vestimenta que se estima hay en Birmania, y que emplean a cerca de 50.000 trabajadores.
Pero estas abiertas demostraciones de disenso pusieron nerviosa a la junta, que se prepara para realizar elecciones generales este año, a fin de legitimarse internacionalmente. Han pasado dos décadas desde los últimos comicios realizados en Birmania.
A algunos veteranos sindicalistas birmanos no les sorprenden las recientes huelgas.
«Esperábamos estas protestas, a causa del aumento del costo de vida y de la incapacidad de pagar productos básicos con salarios escasos», hasta que un día, alrededor de 10.000 trabajadores iniciaron el paro, dijo Maung Maung, secretario general de la Federación de Sindicatos de Birmania, una coalición de organizaciones de trabajadores birmanos que operan desde el exilio.
Que la junta no haya respondido a las huelguistas con mano de hierro puede haber tenido que ver con quiénes eran algunas de esas mujeres, reveló Maung Maung en una entrevista telefónica.
«Algunas de ellas eran esposas, hermanas e hijas de los soldados. Y los efectivos han estado quejándose de que sus familias están pasando hambre a causa del aumento del costo de los alimentos, y de que sus mujeres se ven obligadas a ejercer la prostitución», explicó.
De todos modos, las protestas de este año y el hecho de que la OIT haya ampliado sus objetivos en el país no significan que la cultura sindicalista esté en vías de volver a ser lo que era en la Birmania previa a 1962, cuando los militares liderados por el general Ne Win, dieron un golpe de Estado y empezaron a diezmar los sindicatos de trabajadores y estudiantes.
«Es necesario que esté clara la situación legal y política, y eso requiere que el gobierno birmano cumpla sus obligaciones establecidas en la Convención 87 de la OIT, que ratificó en 1955», dijo Phil Robertson, subdirector de la división asiática de Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
La Convención 87 garantiza la libertad de asociación.
«Las huelgas de este año dejaron la realidad al descubierto. No hubo protección para que los trabajadores ejercieran libre e independientemente» su derecho, dijo Robertson a IPS.
Y «no surgieron líderes de entre los huelguistas porque sabían que sus acciones eran ilegales», añadió.